Andalucía reclama al Estado 5.167 millones de financiación incumplida

La Consejería de Economía calcula que la comunidad dejó de percibir 5.167 millones de euros en seis años por los incumplimientos de dos normas vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según las conclusiones de la Junta, esta cantidad podría haber generado 125.139 puestos de trabajo y produciría un crecimiento del PIB andaluz del 4,1%. El Ministerio de Hacienda no quiso responder a este informe.

La Junta calcula que

El primero de los incumplimientos es la disposición tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía (válida de 2007 a 2014), que exige que la inversión estatal destinada a la región tiene que ser equivalente al peso de la población andaluza. La segunda norma supuestamente incumplida ha sido el principio de adicionalidad de los fondos europeos. “La contribución de los Fondos Estructurales Europeos no sustituirá a los gastos estructurales de naturaleza pública o asimilable de los Estados miembros”, establece esta norma. Por lo tanto, el Estado no puede sumar a sus gastos en el territorio las ayudas de los fondos europeos.

Sumando estos dos supuestos incumplimientos, el informe de la Junta concluye que Andalucía solo ha recibido del Estado de 2007 a 2013 un 13,4% de las inversiones cuando debería haber obtenido un 17,8%. Una vez realizado estos cálculos, los datos concluyen que Andalucía ha percibido 15.456 millones cuando deberían de haber sido 20.623. Ahí aparecen los 5.167 que reclama la Junta al Gobierno de Rajoy.

La presidenta de Gobierno autónomo, Susana Díaz, ya criticó en abril ante el comisario europeo de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, el uso que el Gobierno central hace de los fondos europeos al sumarlos a sus presupuestos y comentó que incluso ya había trasladado esta queja al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, en la entrevista que mantuvieron en Bruselas a finales de enero.

Y con respecto al incumplimiento continuado del Estatuto de Autonomía, que en este 2014 deja la inversión en un 17,3%, la Junta acordó en 2013 iniciar acciones judiciales contra el Estado. No obstante, el año pasado, el Ministerio de Hacienda ya declaró que no se siente obligado a cumplir con el Estatuto andaluz. El departamento de Cristóbal Montoro cree que el Constitucional dejó zanjado este asunto cuando analizó el Estatuto catalán.

“Es interesante reclamar lo que corresponde a cada región porque, si no, cada Gobierno podría beneficiar a las comunidades de su partido de forma discrecional. Pero regionalizar no es una obligación de la ley presupuestaria, de hecho esa es la tendencia de los gobiernos para tener una disposición más libre del presupuesto”, destaca el Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro.

El profesor matiza por otro lado que la inversión que se regionaliza presenta datos parciales. “No es una información completa porque hay otras inversiones que no son regionalizables pero que sí benefician a cada comunidad, son bienes generales”, añade Hierro.

En cualquier caso, según el profesor, la inversión debería de ser una de las premisas básicas para el avance económico. “El problema de este Gobierno es que prefiere cumplir el déficit antes que invertir y está demostrado que eso es un error. En las partidas en las que se genera más empleo es en las de inversión y hay cálculos que demuestran sus efectos multiplicadores. Ya se cometió el error en Grecia y el Fondo Monetario Internacional lo reconoció. Las últimas investigaciones indican que por cada 1% de inversión se genera el 2%. Cuando un Estado no gasta, pierde producción”, considera el doctor.

La Junta matiza que estas inversiones incumplidas solo aparecen en los últimos dos años, cuando comienza el mandato de Rajoy, porque todos los presupuestos aprobados por los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero respetaron el mandato estatutario y la disposición europea. No obstante, estos datos están basados en inversiones aprobadas, no ejecutadas.

La inversión que estaba prevista para 2008 y 2009 por parte de Zapatero no se realizó al completo y, por tanto, se considera como deuda que debía de asumir el Estado en los años posteriores. La suma de esta inversión no ejecutada ascendió a 1.504 millones de euros, cantidad que está reclamada a la comisión bilateral Junta-Estado.