La complicada llegada a la edad adulta de los menores tutelados

El Lamin Njie apenas titubea con su castellano cuando recuerda que entró a Europa para cumplir una misión: “Vine aquí a jugar al fútbol”, asiente con firmeza el chico, de 23 años. Tenía 16 cuando partió de su Gambia natal, primero a Alemania, junto a su hermano, y luego a Barcelona, él solo. Jugaba en el equipo local de Sant Pol de Mar (Maresme) cuando la Administración se hizo cargo de su tutela e ingresó en un centro residencial hasta que cumplió la mayoría de edad. Solo en España, y sin nada más en la maleta que la idea de convertirse en futbolista. El Lamin, como la joven de origen marroquí Idty Ettaqy, entró en un programa para jóvenes extutelados de la Generalitat.

Una vivienda, prestaciones económicas y atención formativa y laboral son algunos de los servicios de los que dispone la Administración para acompañarlos en su paso a la vida adulta. Según un informe de la Universidad de Girona sobre la atención a jóvenes extutelados, desde 1994, 6.309 chavales se han beneficiado de algunos de los servicios que gestiona la Dirección General de Apoyo a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat.

Ante la ausencia de vínculos familiares de apoyo, con una infancia alejados de su padres e institucionalizados en centros y sin recursos propios cuando cumplen la mayoría de edad, numerosos jóvenes extutelados se aferran al cojín familiar que les oferta la Generalitat para iniciar su transición a la vida adulta. La Administración catalana, pionera en España en legislar medidas asistenciales a los chavales extutelados hasta los 21 años, dispone de un parque de pisos asistidos con más de 200 plazas disponibles para que los chicos comiencen el proceso de emancipación mientras estudian o aprenden un oficio. También contempla prestaciones económicas para aquellos que hayan estado más de tres años tutelados, así como de programas de formación e inserción laboral y asesoramiento jurídico. Para entrar en alguno de los programas, los chavales se comprometen a cumplir el plan de trabajo diseñado por los educadores.

El Lamin pasó varios años en un piso asistido con otros compañeros bajo la supervisión de un educador social. Él mismo se gestionaba sus gastos con la prestación económica que recibía mientras estudiaba cursos de cocina y contabilidad. Ahora, trabaja de asistente en una asesoría. “He tenido mucha suerte, siempre he encontrado gente muy buena a mi alrededor”, relata. El informe revela que el 47% de los extutelados logra ser autónomo, el 18,4% vuelve con su familia y el 15% pide ayuda a los servicios sociales.

Sin embargo, aunque el estudio cuenta con buenas críticas por parte de los jóvenes atendidos, los servicios de la Generalitat no llegan a todos los chavales que salen del sistema de protección. “Tenemos colectivos que se nos escapan, como la población con problemas mentales o alguna discapacidad intelectual leve. Cuando se van del sistema de protección no hay servicios específicos para atenderlos”, señala Carmen Montserrat, autora del informe. Sin embargo, la directora general de la DGAIA, Mercè Santmartí, asegura que, una vez cumplida la mayoría de edad, los chavales con estas patologías no quedan desatendidos porque pueden ser derivados a los programas de servicios sociales dependientes del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).

Por otra parte, muchos de los chavales que entran en los programas de apoyo no finalizan el proceso iniciado. El 52% de los extutelados interrumpen los programas asistenciales. En uno de cada cuatro jóvenes se produce una ruptura brusca del programa, ya sea por estancamiento del proceso, expulsión, huida o retirada de la propuesta. El 47% finaliza los programas según estaba planificado.

“Están en una edad en la que se interrumpen los itinerarios de muchas cosas, son más inestables. Tienen que tomar decisiones muy jóvenes. Queman etapas muy pronto y esto les produce mucha angustia”, justifica Montserrat. Además, en un contexto de crisis económica, se acentúan las carencias que arrastran los chavales desde su estancia en las residencias.

Cuando cumplen la mayoría de edad y abandonan los centros, la mitad de los jóvenes sólo tienen estudios primarios completados y solo 2% cursa, como toca a su edad, bachillerato o estudios superiores. “La formación es una asignatura pendiente porque sin la ESO van directos a la exclusión social”, puntualiza Montserrat.

La Generalitat dispone de unos cursos de cualificación profesional (PQPI) para que quienes que no tienen formación aprendan un oficio. Los investigadores del informe proponen que se priorice la inclusión de los jóvenes en la enseñanza reglada.

La directora de la Federación de entidades con proyectos y pisos asistidos (FEPA), Ana Villa, asegura que “el binomio de prestación económica más formación funciona muy bien para que los chicos salgan adelante”. Idty Ettaqy, de origen marroquí, es un ejemplo de ello. Ella era de los pocos jóvenes con formación cuando entró al piso asistido: tenía el graduado escolar y un ciclo medio en administración y finanzas. Durante su estancia, preparó las pruebas de acceso a grado superior y se sacó el bachillerato. Aunque reconoce que el sistema “tiene cosas que mejorar”, asegura que los programas de asistencia le han servido para ser “más independiente”. Consciente del valor de la formación, Idty quiere seguir estudiando: “Quiero ir a la universidad, pero con lo que valen las matrículas no puedo permitírmelo. Me gustaría encontrar un trabajo a media jornada para poder seguir estudiando”, confiesa la joven, de 22 años.

Su educador, Rafael Jiménez, explica que para que los jóvenes se independicen con éxito, los profesionales han de trabajar sus capacidades emocionales, ayudarles a encontrar una estabilidad ecónomica, vivienda y orientarlos en formación e inserción laboral: “Hacemos un crucigrama con sus posibilidades y sus perspectivas para acompañarlos en el proceso”.

El Lamin e Idty son el ejemplo de que el sistema de ayudas a extutelados funciona, pero los expertos insisten en que hay que llegar a todos los colectivos. El informe concluye que en la mayoría de los casos el proyecto educativo ha conseguido que los jóvenes se emancipen, pero falta diversificar la oferta para llegar a más jóvenes que salen del sistema de protección. “Son chicos a los que les cuesta responder de manera positiva, pero son heroes porque salen adelante y tienen que dejar el pasado y la etiqueta de jóvenes tutelados atrás”, destaca Montserrat.