La juez acusa a otro edil de Santiago de amañar contratos de obras

El 24 de agosto de 2012, justo después de saber que disponía de una partida presupuestaria de 50.000 euros para obras menores, el concejal Luis Bello, responsable de Medio Rural entonces y hoy de Seguridad en el Ayuntamiento de Santiago, telefoneó a José Luis Míguez, el hombre de Aquagest en la ciudad, para que decidiese en qué emplear ese dinero. La conversación la interceptaron los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, que tenían el móvil de Míguez pinchado por ser un personaje central en el sumario Pokémon que indaga sobre una trama delictiva de sobornos y amaño de contratos públicos. Ese día, el edil contó al responsable de la concesionaria del agua que disponía de fondos para hacer otra “pequeña merdallada de saneamiento por ahí” y le invitó a “aprovechar las vacaciones [de verano] para decidir en qué se mete ese dinero”.

Charlas similares interceptadas por la policía detallan el compadreo de Bello con el delegado de Aquagest, encarcelado durante mes y medio por este caso e imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y prevaricación. El informe de Vigilancia Aduanera atribuye a Bello y al directivo de la empresa de aguas “los delitos de blanqueo, fraude, exacciones ilegales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada e intervención fraudulenta en contrataciones públicas entre otros” en dos adjudicaciones llevadas a cabo por el gobierno de Santiago en 2012. Y pide que ambos declaren como imputados.

La juez Pilar de Lara, que instruye esta causa, todavía no ha acordado esa diligencia, pero en un auto firmado el 26 de marzo de 2013 da por hecho que “trabajadores de Aquagest se han concertado con funcionarios y/o autoridades del Ayuntamiento de Santiago, entre ellas el concejal Luis Bello, para que una obra sea adjudicada a la empresa Construcciones Boqueixón, obra que además se divide en dos contratos con el fin de que el presupuesto sea menor”. Se trataba de reparaciones de la red de agua en el barrio de Angrois. Los pinchazos de la policía evidencian que el administrador de Construcciones Boqueixón, Jesús López López, admitió en los pinchazos que Bello pactó con él simular un concurso con la invitación de otras dos empresas. Y que el encargado de buscar las ofertas falsas era Míguez desde Aquagest.

“Esa maniobra se repitió”, según la juez, en otra obra, continuación de la anterior, para sustituir la red de canalización en el mismo barrio. En este segundo contrato —adjudicado también a Construcciones Boqueixón— los cargos de Aquagest exigieron —tal y como queda patente en varias conversaciones telefónicas— a la constructora una comisión del 15%, en total 13.000 euros, por su intermediación para que el Ayuntamiento le otorgarse el contrato. “De las llamadas intervenidas”, concluye la juez, se derivan “claramente la manipulación y simulación de las invitaciones realizadas a las dos empresas que formalmente es preciso que participen en el procedimiento para darle apariencia de legalidad”.

No es esta la única irregularidad que la justicia investiga en la gestión de Bello. En otro atestado del Servicio de Vigilancia Aduanera se examina un contrato municipal para una obra en la calle Carabeis. En los pinchazos, Míguez, el eterno conseguidor que presume de su amistad con varios concejales, se pregunta, el 25 de octubre de 2012, “si es un chiste” la invitación que recibe Aquagest del gobierno para optar al concurso. Otro empleado de la firma le aclara que se trata de una mera formalidad. “Que yo sepa la obra nos la iban a dar directamente”, alega Míguez. A lo que su compañero replica que el gobierno “ya cuenta con eso”. En mayo de ese mismo año, Bello pacta con otro edil del gobierno, Albino Vázquez Aldrey, —dimitido tras evitar la cárcel con el pago de una fianza por este caso— arreglar con fondos públicos un camino privado para beneficiar a una persona “que colabora” con el Partido Popular. Bello promete volcarse con él.

El informe de Vigilancia Aduanera pide que se cite como imputados tanto a Míguez como a Luis Bello también por este caso, en el que les atribuye de nuevo los delitos de “blanqueo, fraude, uso de información privilegiada y otros”. La juez no ha acordado aún las diligencias que le reclaman los investigadores de Hacienda. Ni siquiera sobre las repetidas gestiones que figuran en el sumario por parte de Bello para enchufar en Aquagest a amigos y afines a su partido. Su hiperactividad telefónica deja pistas elocuentes a los investigadores. Tal fue su insistencia que el 24 de mayo de 2012, Míguez se compromete con Bello a no enchufar en Aquagest a “nadie que no venga de esa concejalía” mientras acuerda emplear a ocho recomendados suyos. Semanas más tarde, Míguez confiesa a un compañero que tuvo que contratar a “seis vividores del concejal”.