Fianza civil de 7,2 millones para otro ex alto cargo de la Junta

Otro ex alto cargo de la Junta ha desfilado este jueves ante Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos financiados por el Gobierno andaluz. Justo Mañas, viceconsejero de Empleo entre marzo de 2010 y mayo de 2012, se ha negado a declarar. La magistrada ha decretado su libertad provisional y una fianza civil de 7,2 millones. Alaya le acusa de tres delitos continuados: omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos. En el escrito en el que decreta la libertad provisional, la instructora le reprocha que conociera la "caótica situación" en la que estaba la Dirección General de Trabajo de la Junta y que no denunciara las irregularidades.

La juez afirma que cuando Mañas llegó a la viceconsejería ya existían "múltiples informes" que "ponían de manifiesto la caótica situación". Tras enumerar algunos de esos informes internos, la magistrada asegura que su contenido le fue "puesto de manifiesto al nuevo viceconsejero". Para apuntalar su tesis Alaya recurre a la técnica María José Rofa. Según la magistrada, esta asesora de la consejería se dirigió a Mañas y le expuso "en síntesis los problemas que ella había encontrado y el contenido de tales informes". La instructora asegura que el exviceconsejero respondió que estaba "acostumbrado a este tipo de situaciones y en tono jocoso le contestó: ‘¿Tengo que ir a fiscalía?’".

Las aportaciones de Rofa a la investigación de los ERE han desencadenado algún enfrentamiento entre la juez y la fiscalía. La exasesora de Empleo se negó a declarar ante Alaya, pero la juez decidió no aplicarle medidas cautelares por su contribución a la causa. "Difícilmente puede hablarse de tal contribución cuando la imputada se acogió a su derecho a no declarar", se quejó la Fiscalía Anticorrupción en el escrito en el que censuraba la actitud de Alaya. El ministerio público también ha lamentado que se le oculte la información que Rofa ha aportado a la Guardia Civil.

Según el auto que Alaya ha dictado este jueves sobre Mañas, cuando este fue informado de los "problemas expuestos" adoptó como "dinámica" la sustitución de las transferencias de financiación por una encomienda de gestión, que, según la magistrada, no tenía justificación y "no sirvió más que para aparentar un cambio que en realidad no se produjo porque no se requirió la fiscalización previa de las subvenciones solicitadas y otorgadas como control de legalidad". Alaya, que considera "indiciariamente ilegal" ese procedimiento, afirma que se tramitaron con esa encomienda 105 expedientes de subvenciones en 2010 y 2011.