La Comunidad amenaza al Gobierno central con incumplir el déficit en 2014

La bronca que enfrenta al Gobierno regional con el Gobierno de España, ambos del Partido Popular, aumentó la intensidad. Al enfrentamiento abierto sobre si se podrá o no fumar en Eurovegas, lo que obliga al Estado a modificar la ley antitabaco, Ignacio González añadió la posibilidad de no cumplir el déficit estipulado para 2014 (1%). “Intentaremos cumplir el objetivo que nos marca el Estado, pero no oculto que cada vez va a ser más complicado si no se introducen modificaciones importantes en el modelo de financiación cuanto antes”, afirmó el dirigente autonómico.

Esta no es la primera advertencia del también secretario general del PP de Madrid a La Moncloa sobre su capacidad para cumplir el déficit para el ejercicio que viene. El 31 de julio, víspera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cómo quedaba repartido el objetivo de 2013, González ya dejó caer que en 2014 podría pasarse de largo. “Madrid siempre ha cumplido con el objetivo de déficit y, de incumplir, sería malo para nosotros y para España”, soltó entonces, insistiendo en que la Administración estatal debía asumir mayores sacrificios, es decir recortes.

Los presupuestos de 2013 fueron los primeros de González como presidente madrileño. El estreno no pudo ser más tormentoso, con un recorte de 2.800 millones de euros convirtiendo a las cuentas en las peores en 10 años con 17.048 millones. Buena parte de ese tajo vino de los mil millones del modelo de financiación que Madrid finalmente no percibió pese a sus constantes peticiones desde julio de 2012 —a principios de ese mes Esperanza Aguirre tuvo que corregirse a sí misma y recortar 1.045 millones con la mitad del curso ya transcurrido— al Gobierno de la nación para que modificara el sistema.

Las perspectivas para 2014, cuyos presupuestos se presentarán a finales de octubre, tampoco son buenas para la región. Madrid estudia de dónde recortar casi 500 millones, de los que 300 corresponden a la financiación autonómica vigente. Otros 170 millones vendrían de mantener el sistema sanitario sin que se privatizase la gestión de seis hospitales de la red pública. Los fallos judiciales de las últimas semanas dibujan un escenario en el que el proceso privatizador podría demorarse hasta dos años. Eso sin descartar que se anulase el proceso en los tribunales. “Intentaremos encajar el recorte de 500 millones en los presupuestos sin afectar a los servicios esenciales, a las prestaciones fundamentales de los ciudadanos”, aseveró González. Dando a entender que, antes que aplicar más recortes, está dispuesto a saltarse el objetivo del 1% de déficit (al cambio entre 200 y 300 millones). Eso, antes incluso que modificar los presupuestos por segundo ejercicio consecutivo, con la consiguiente imagen de desgobierno a año y medio para las elecciones autonómicas y municipales de 2015.

La rebeldía de González rompe con el discurso ejemplar que Madrid ha venido practicando en los últimos cinco años. Si de algo se ha vanagloriado la Comunidad siempre, fuera cierto o no, es de cumplir con el objetivo de déficit. Desde que la crisis estalló en 2008, ha ejercido como una de las alumnas más aventajadas del conjunto de las autonomías, aunque en 2011 se le disparara al 2,2% —el doble de lo anunciado (1,13%)— tras la caída a plomo de los ingresos en el último trimestre del año en mil millones. La respuesta a semejante traspié fue rebajar en cuatro décimas la cifra que el Estado exigía el ejercicio pasado. Si La Moncloa puso el listón en el 1,5%, Madrid lo bajó al 1,07%, un porcentaje inesperado hasta para los propios analistas del Gobierno regional, que pronosticaban un 1,44%. “Tenemos más fácil el cumplimiento del 0,7% de déficit previsto para este año”, confiaba ufano el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, en una entrevista el pasado febrero.

Meses después, Bruselas suavizó sus exigencias al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que abrió la mano haciendo que el déficit requerido se duplicara hasta el 1,3%. Con una particularidad que enojó a González: el déficit no sería el mismo para las 17 comunidades. Beneficiaría a las regiones en peor estado en detrimento de las más saneadas. Pese a que Madrid lo tenía hecho, ya que se le pedía casualmente un 1,07%, el trato de favor a Valencia (PP: 1,6%), Murcia (PP: 1,59%), Andalucía (PSOE e IU: 1,58%) y Cataluña (CiU: 1,58%), derivó en un gesto político insólito: Madrid fue la única autonomía popular que votó en contra del reparto. Convirtiéndose en un aliado inesperado de Asturias (PSOE) o la Generalitat de Artur Mas, que tampoco votó a favor pese a recibir un trato preferente. “El déficit asimétrico convierte la Ley de Estabilidad Presupuestaria en papel mojado. Se premia a las regiones incumplidoras frente a las que cumplen”, sentenció Ossorio. Algo que ni olvida ni perdona Montoro, que no se esperaba que uno de los suyos, Madrid, le cuestionara de semejante forma y liderase a las autonomías críticas con su gestión ministerial.