La juez acusa a CC OO y UGT de financiación irregular con los ERE

La juez Mercedes Alaya ya ha apuntado en varias ocasiones a los sindicatos UGT y CC OO durante la larga instrucción del caso de los ERE. Ahora, en un auto redactado el martes, les dispara un cañonazo: “Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en referencia a las comisiones que recibían por los ERE en los que participaban] de financiación irregular”. Según la magistrada, las consultoras Uniter y Vitalia y el bufete Estudios Jurídicos Villasís —encargadas de mediar en los procesos de regulación de empleo financiados por la Junta— habrían pagado a estos sindicatos más de 7,6 millones de euros en comisiones. Alaya sostiene que UGT y CC OO recibirían “pagos periódicos” pero que “no responderían a ningún concepto definitivo y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara”.

Alaya hizo estas consideraciones en el auto que dictó el martes para encarcelar al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, al que le impuso una fianza de 600.000 euros para obtener la libertad.

Albarracín explica a la magistrada que las dos centrales se encargaban de los “costes actuariales de contraste"

En su interrogatorio a González Mata, la magistrada abordó el asunto de las comisiones que percibían las centrales. El dueño de Uniter defendió estos pagos por las tareas que hacen los sindicatos en la tramitación de los ERE, sobre todo por la realización de los cálculos actuariales. Sin embargo, Alaya sostiene “indiciariamente” que los sindicatos habrían impuesto “de manera arbitraria e ilegítima” los pagos como “facilitadores” de los procesos de reestructuración empresarial. Ahí es donde la instructora ubica esa supuesta “financiación irregular” de los dos principales sindicatos de clase.

Alaya ha interrogado este miércoles al también imputado Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, la otra consultora que pagaba comisiones a los sindicatos. La magistrada también le ha preguntado sobre las comisiones a UGT y CC OO. Albarracín ha explicado a la magistrada que las dos centrales se encargaban de los “costes actuariales de contraste” en las tramitaciones de los ERE. Ese servicio, según el imputado, “tenía un coste de un 0,5% para UGT” y otro “0,5% para Comisiones”, algo que tenía que asumir la mediadora. “Esto no solo ocurría en Andalucía, sino en toda España y los que tenían que soportar las comisiones eran las mediadoras”, relata Albarracín.

Sin embargo, el exdirectivo de Vitalia también ha relatado que, en su opinión, el pago a los sindicatos “en concepto de comisión es una auténtica medida de presión”. Según ha dicho, si no se realizan “los sindicatos se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración”. Además, este imputado ha afirmado que “ha visto una relación enormemente fluida” entre los sindicatos y los directores generales de Trabajo de la Junta. “En Andalucía he leído declaraciones relacionadas con este tema donde se dice que las pólizas se hacían con quien decían los sindicatos y en otros sitios de España esto resulta impensable”, añade Albarracín.

Carbonero niega que su sindicato haya cobrado “un solo euro por algo ilegal”

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO en Andalucía, ha negado hoy que su sindicato haya cobrado “un solo euro por algo ilegal” y “mucho menos en relación a cualquier factura” de los ERE irregulares. Carbonero ha asegurado que las “federaciones estatales de CC OO que hayan facturado algún servicio por alguna actuación, lo han hecho desde la legalidad y lo han declarado en el impuesto de sociedades”. “Si se le llama conseguidor a buscar que los trabajadores salgan de las empresas en las mejores condiciones, lo mejor que se puede hacer es ilegalizar a los sindicatos”, añade Carbonero.

UGT también ha reaccionado. Ha rechazado que exista una “trama sindical”. “El papel de UGT Andalucía en relación a los procesos de regulación de empleo ha sido siempre el que nos corresponde como sindicato: exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible”, defiende esta central a través de un comunicado. “Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad corresponde a las federaciones estatales”, añade.

“Aquí no hay ninguna trama sindical para conseguir ERE o dinero en provecho de UGT, no somos conseguidores ni intermediarios ni formamos parte de un grupo cuyo objetivo era lucrarse”, sostiene el sindicato. “No podemos permitir que nadie manche o emborrone el buen nombre de una organización con 125 años de historia”, zanja UGT.