El PP evita votar con la oposición contra el casco para las bicis

Todos opinaban lo mismo pero el acuerdo fue imposible. Los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia —PP, PSPV, Compromís y EU— están en contra del uso obligatorio del casco en los trayectos ciclistas urbanos que propone la Dirección General de Tráfico (DGT). Pero el Gobierno local evitó a toda costa apoyar en el pleno de este martes una moción defendida conjuntamente por la oposición. “Llega tarde, se queda coja y no la vamos a votar”, anunció el concejal delegado de Circulación, Alberto Mendoza, que dejó claro que el PP no apoyaría una moción presentada “en comandita” por el “tripartito”. El colectivo Valencia en Bici leyó, antes del debate, una declaración en la que se mostraron de acuerdo con la moción y recordaron que la seguridad de los ciclistas no la da la imposición del casco sino medidas como la pacificación del tráfico o las restricciones de velocidad de los vehículos.

El concejal de Tráfico reconoció que su departamento envió en el periodo de alegaciones su oposición a la obligatoriedad del casco en los trayectos urbanos porque se ha comprobado que reduce el uso de la bicicleta en los núcleos urbanos.

El socialista Vicent Sarrià coincidió en que el casco “desanima a los ciclistas” y tachó de “injusto” y “contraproducente” la modificación del Reglamento de Circulación “de la DGT. Joan Ribó, portavoz de Compromís, aseguró, al igual que el edil de Compromís Amadeu Sanchis, que la ordenanza municipal de Valencia es mucho mejor que el borrador de la Dirección de Tráfico. “Las bicis no son el problema de los accidentes, sino el coche”, añadió Sanchis, que recordó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabaja en la misma dirección.

“Aquí ha habido posibilidad de llegar a acuerdos y ustedes lo han rechazado. No es sólido rehusar una moción en la que estamos de acuerdo en un 90%”, le reprocharon los ediles de la oposición a Mendoza. No sirvió de nada; el PP tumbó la moción.

Y si no hubo sintonía en asuntos en los que estaban de acuerdo, en los polémicos saltaron chispas. El portavoz socialista Joan Calabuig solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el pago al instituto de Iñaki Urdangarin, de cientos de miles de euros del erario público para la organización de las jornadas Valencia Summit. Todo ello sin que mediara concurso público. “Se trata de aclarar cuanto antes lo sucedido, depurar responsabilidades políticas y concentrar energías en la recuperación económica de la capital”, resumió Calabuig.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, le replicó que por mucho que repitieran “una mentira” no la harían “verdad” y reiteró que puedo demostrar que los eventos se celebraron. “Se ha olvidado de los ERE de Andalucía [comunidad gobernada por el PSOE]“, contraatacó Grau. A lo que Calabuig le contestó: “Si, solo que allí fue el gobierno andaluz quien llevó el caso a los tribunales, mientras aquí se niegan, y se creó una comisión de investigación parlamentaria”.

“Es una obligación democrática que nos permita investigar la falta de control del dinero que gestiona la fundación”, agregó Sanchis, de EU, en alusión a Turismo Valencia Convention Bureau, entidad que formalmente firmó el convenio con el instituto del duque de Palma y financió los Summit. El PP tumbó esta nueva solicitud de la oposición.

El debate se enconó cuando el edil socialista Pedro Sánchez reclamó otra investigación sobre el saqueo de Emarsa, la empresa metropolitana de depuración de aguas. “Usted sienta en sus filas a protagonistas del escándalo”, acusó Sánchez.

Barberá amenazó veladamente con llevar esta intervención a los tribunales y Grau apostilló: “Mi desprecio más absoluto a una persona de su calaña. Ha traspasado todos los límites del parlamentarismo”.