La Diputación denuncia por estafa a un entramado de empresas de consultoría

La Diputación Foral de Bizkaia ha remitido a la Fiscalía un nuevo presunto caso de fraude en el que se denuncia delitos de estafa y falsedad documental por parte de un entramado empresarial. Este entramado empresarial se dedicaba a obtener, supuestamente de forma indebida, subvenciones de instituciones públicas por la realización de actividades de asesoramiento de I+D+I.

Fuentes forales han precisado que la investigación, que ha sido efectuada en los últimos meses por el equipo de inspección de la Hacienda foral vizcaína, ha sacado a la luz una red en la que estaban implicadas cinco sociedades de consultoría y cinco personas domiciliadas en Erandio, Barakaldo, Leioa y Basauri.

Esta red estaba especializada en la prestación de servicios de consultoría a las empresas así como en ofrecer ayuda en la tramitación y presentación de proyectos de I+D+i con el objeto de obtener las correspondientes subvenciones de los organismos públicos.

En el caso inspeccionado, las subvenciones se han obtenido del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, que también ha colaborado en la investigación, y de la Spri, organismo adscrito al Gobierno Vasco. La cuantificación de las ayudas defraudadas en concepto de subvenciones se determinará en la instrucción penal.

La cuantificación de las ayudas defraudadas se determinará en la instrucción penal

El delito de estafa y el de falsedad documental están castigados cada uno de ellos con penas de prisión de seis meses a tres años en el Código Penal. Las mismas fuentes han precisado que la Hacienda Foral continúa en estos momentos con la investigación abierta para determinar si esta práctica se ha realizado también por otras empresas y entidades de consultoría.

En este último caso de presunto fraude, que según los hechos descubiertos se ha realizado de forma continuada entre los ejercicios 2008 y 2011, la trama consistiría en que la consultora incrementaba ficticiamente el importe de los proyectos presentados con el fin de obtener una mayor subvención para sus clientes, cobrando, de ese modo, unos mayores emolumentos por sus servicios.

Según ha precisado la Diputación, la consultora procedía a la emisión de facturas por un importe superior al real que se incorporaban al proyecto presentado ante la institución pública y que, por tanto, generaban una mayor subvención para el cliente y unos mayores honorarios para ella. Posteriormente, para contrarrestar los efectos financieros y fiscales de esa facturación "inflada", se producía una corriente de facturas falsas en sentido contrario, es decir, del cliente a la consultora, que se ocultaban al Departamento de Promoción Económica y a la Spri.

Estas facturas falsas simulaban entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes desde el cliente hacia la consultora. En algunas ocasiones, el procedimiento utilizado para desinflar la facturación de las consultoras consistía en la emisión de facturas de abono por las consultoras a los clientes, abonos que no se comunicaban a la institución pública correspondiente. Además, Hacienda ha constatado que alguna de las consultoras investigadas ha utilizado esta técnica para conseguir subvención para sí misma.

En el ejercicio de 2011, la Diputación consiguió aflorar una bolsa de 560 millones de euros de fraude, remitió 16 informes de presuntos delitos al Ministerio Fiscal y se intercambiaron con otras administraciones tributarias más de 49 millones de datos de contribuyentes vizcaínos.