Los pederastas serán vigilados tras cumplir condena

La campaña política contra los pederastas alcanzó su momento álgido el pasado martes con un gran acuerdo político en el Congreso de los Diputados que contempla la creación de un registro de pederastas o la elevación de sus penas. Pero dejó al descubierto ayer uno de los puntos que podrían ser más controvertidos: si un pederasta no está rehabilitado en el momento de finalizar su condena, no quedará "en libertad sin más". Así lo aseguró el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una entrevista en la cadena SER. El cumplimiento de la pena "no significará en todos los casos recuperar la libertad plena, sino en aquellos en que haya un buen pronóstico de rehabilitación", añadió.

Pero esas medidas a imponer a los pederastas tras su condena -tratamiento psicológico, órdenes de alejamiento a lugares con niños o incluso un chip localizador, ejemplificó Bermejo- son sumamente delicadas porque podrían bordear la inconstitucionalidad, ya que no se pueden alargar las condenas después de cumplidas, según el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no pueden ser punitivas. El Ministerio de Justicia estudia qué tipo de medidas de "seguridad" destinadas a evitar reincidencias se les puede imponer sin llegar a la inconstitucionalidad. De lo que se trata, explican fuentes de Justicia, es de crear mecanismos para que los jueces, ya en sus sentencias, puedan establecerlas en caso de que el delincuente sexual no se rehabilite.

"No estamos de acuerdo en imponer medidas punitivas después de cumplida la condena, se trata de una serie de medidas fundamentalmente en el tercer y cuarto grado [los permisos penitenciarios y la libertad condicional] y, excepcionalmente, después de cumplida totalmente la condena", explica Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.

Pero esas imposiciones excepcionales suponen una "transformación sustancial del sistema" que se acometen sin haber medido bien la dimensión del problema, se queja José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto Andaluz de Criminología. "Según algunas estimaciones, en España hay unas 70 personas condenadas por delitos sexuales graves con riesgo alto de reincidencia. Los delitos sexuales son el 0,9% del total. ¿Merece eso realmente tales transformaciones profundas? Da la impresión de que se trata de reacciones mediáticas", se queja.

Por mucho que Justicia insista en decir que lleva trabajando meses en estos cambios, para desvincularse del enorme impacto mediático de Mari Luz, la niña asesinada por un hombre condenado pero en libertad, tanto el catedrático de la UNED Antonio Torres del Moral como la consejera del Consejo General de la Abogacía Isabel Valriberas coinciden en el peligro de tomar medidas al calor de casos como éste. "Las exigencias sociales siempre van por delante de la legislación, pero va a ser un trabajo complicado articular este tipo de medidas para que no colisionen con los derechos de las personas, ya que nuestro sistema es básicamente punitivo", asegura Valriberas.