Una ley de aborto a la europea

Una reforma a la imagen y semejanza de la existente en la mayoría de países de la Unión Europea. La comisión de expertos que asesora al Gobierno para redactar la nueva ley del aborto propone que la futura normativa incluya una ley de plazos -en que el aborto no debe justificarse- hasta la semana 14 de gestación combinada con plazos más amplios para otros supuestos, según ha podido saber EL PAÍS. Los expertos aconsejan al Gobierno que la reforma ponga coto a la objeción de conciencia de los hospitales públicos y que se incluya un apartado de casos excepcionales para las malformaciones fetales "incompatibles con la vida".

El aborto en mujeres menores de edad también se abre camino en el texto que la comisión -formada por ocho expertos del ámbito de la sanidad, la justicia y la igualdad- está ultimando y que presentará al Ejecutivo en dos semanas. Plantean que puedan interrumpir su embarazo sin autorización de sus padres o tutores a partir de los 14 años, si los médicos consideran que tienen suficiente madurez.

- Plazos más supuestos. La comisión propone establecer una ley de plazos hasta las 14 semanas de gestación. Esto permitiría a la mujer interrumpir su embarazo sin alegar más razones que la de su propia voluntad. La normativa actual, que data de 1985, establece que el aborto es un delito excepto en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación del feto (hasta la semana 22 de gestación) y riesgo para la salud física o psíquica de la madre, sin plazo. La futura reforma incluiría también un sistema de indicaciones para casos fuera de las 14 semanas. La propuesta habla de "riesgo para la salud de la madre" -sin especificar física o psicológica- y malformaciones fetales. Ambos supuestos estarían limitados a la semana 22 de gestación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como "la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal", que establece en la semana 22 de gestación. Definición sobre la que se ha apoyado la comisión de expertos para realizar su propuesta. Unas sugerencias de reforma legislativa en las que llevan trabajando más de cuatro meses, y para la que se ha analizado a fondo, entre otras cosas, la legislación del resto de países de la UE -la mayoría se rige por un sistema de plazos-.

Con una ley de plazos hasta la semana 14, como la que proponen, se cubriría más del 90% de los abortos que se realizan en España. En 2007, según los datos del ministerio de Sanidad, el 88% de estas intervenciones se realizaron antes de la semana 12 de gestación.

- Malformación fetal. Los expertos proponen introducir en la nueva ley del aborto un apartado especial para las malformaciones fetales "incompatibles con la vida". Un caso excepcional en el que se permitiría a la mujer abortar sin ningún plazo. Supuesto que actualmente está reducido a la semana 22, independientemente del tipo de malformación del feto.

Una de cada dos malformaciones en el feto se diagnostica por encima de las 22 semanas de gestación, según un estudio del Hospital 12 de Octubre de Madrid, citado por el presidente de la Clínica Dator, Guillermo Sánchez, en la subcomisión parlamentaria del aborto. Además, muchas de esas malformaciones diagnosticadas fuera de plazo son, según el estudio, muy graves e incompatibles con la vida.

Este nuevo apartado que los expertos proponen evitaría a estas mujeres que reciben demasiado tarde el diagnóstico de malformaciones incompatibles con la vida viajar al extranjero para abortar -como muchas han hecho en países como Francia- o alegar grave riesgo psicológico para ellas y buscar una clínica que les practique el aborto.

- Riesgo para la madre. Todo riesgo grave para la salud de la mujer que supere las 22 semanas de gestación se solucionará, según proponen los expertos, con una inducción al parto pre-término, ya que a partir de las 22 semanas de gestación el feto es viable. Por ejemplo si en la semana 28 o 30 del embarazo una mujer tuviese un brote psicótico que le impidiese seguir adelante con el embarazo, o una rotura de la bolsa que le provocase una infección intraútero (corioamnionitis) se le provocaría un parto de un niño prematuro.

- Objeción de conciencia. No se regulará la objeción de conciencia médica, pero se propondrá que no se permita la objeción de conciencia en bloque de un hospital. Con esto se obligará a los centros públicos y a las administraciones que tengan el aborto en su cartera de servicios a que faciliten la prestación a la mujer. Los centros deberán poner todos los medios para que ésta pueda llevar a cabo la interrupción del embarazo a cargo de la sanidad pública. Los expertos proponen así que si un hospital no puede garantizar la prestación del servicio derive a la mujer a otro centro para que se realice la intervención, tal y como se hace con otras prestaciones sanitarias (operaciones específicas, pruebas diagnósticas...).

Es decir, los hospitales podrán tener médicos objetores pero tendrán que cubrir la asistencia a la mujer. En 2007 sólo el 2,08% de las 112.138 interrupciones del embarazo que se realizaron en España se hicieron en hospitales públicos. La reforma de los expertos puede llevar a que este porcentaje aumente o bien a que se generalice el sistema de conciertos con clínicas privadas que ya tienen comunidades como Andalucía.

- Menores. La parte jurídica de la comisión de expertos propone una modificación de la ley de autonomía del paciente que establece (desde su reforma en 2002) la mayoría de edad para abortar: "La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación". Actualmente, y según esta ley, las menores de 18 años que quieran interrumpir su embarazo deben contar con la autorización de sus padres o tutores.

Los expertos consideran el aborto como un "acto personalísimo" y aconsejan -basándose en la ley del menor- que esta salvedad de la mayoría de edad desaparezca. El tiempo de decisión se reduciría así a los 14 años, siempre y cuando los médicos acrediten que la joven tiene suficiente madurez para tomar la decisión. Si una persona mayor de 14 años tiene capacidad para reconocer una actividad delictiva también puede tenerla para autorizar una actuación médica como es la interrupción del embarazo. El 13,8% de los abortos que se realizaron en 2007 fueron a menores de 19 años, según Sanidad.

El Gobierno estudiará las propuestas de esta comisión de expertos junto con las conclusiones de la subcomisión parlamentaria para redactar la reforma legislativa. Se espera que el proyecto esté en el Congreso antes del fin del primer semestre de 2009.