Londres despenaliza de hecho ciertos casos de asistencia al suicidio

Inglaterra despenalizó ayer de hecho el suicidio asistido al clarificar las directrices que rigen la aplicación de la legislación actual. Aunque sigue siendo formalmente ilegal, las aclaraciones de la fiscalía significan en la práctica que una persona que ayude a suicidarse a un enfermo terminal no será procesada siempre que actúe de buena fe, sin ánimo de lucro, y el suicida sufra una enfermedad degenerativa grave e irreversible y haya tomado la decisión de manera consciente y sin presiones.

La modificación de las directrices -que afectan a Inglaterra y Gales, pero no a Escocia e Irlanda del Norte, que tienen su propia legislación- es consecuencia de la sentencia emitida a finales de julio por los jueces lores, última instancia judicial del país, a petición de Debbie Purdy. Enferma de esclerosis múltiple, Purdy acudió a los tribunales porque, aunque nadie ha sido procesado en Reino Unido por suicidio asistido, quería que el Gobierno clarificara si su marido, el músico cubano Omar Puente, sería o no procesado si la ayudaba a viajar a Suiza para terminar con su vida.

Tanto la eutanasia como el auxilio a la muerte son ilegales formalmente

No está claro si las exenciones son sólo para fallecimientos en el extranjero

Aunque todo hace suponer que Debbie, de 46 años de edad, tiene aún una larga vida por delante, sostuvo ante el tribunal que la indefinición de la legislación en vigor, que data de hace casi medio siglo, podría obligarle a adelantar su posible suicidio para cometerlo cuando aún pudiera viajar sin necesitar la asistencia de su marido.

Purdy se declaró ayer satisfecha con las nuevas directrices, que son provisionales pero de aplicación inmediata. "Hoy, y gracias a los jueces lores y al director de Procesamientos Públicos, podemos tomar este tipo de decisiones sabiendo cuáles son las consecuencias que pueden tener", dijo.

El director de Procesamientos Públicos, Keir Starmer, subrayó que tanto la eutanasia como el suicidio asistido continúan siendo ilegales y que la policía sigue estando obligada a investigar cada caso. Pero los procesamientos serán a partir de ahora aún más improbables porque las directrices establecen una lista de supuestos a favor o en contra de la causa judicial.

El enjuiciamiento es más probable si la víctima del suicidio es menor de 18 años, si su capacidad de decidir está disminuida por discapacidades o enfermedades mentales, si no está claramente informada sobre las consecuencias de su decisión, si no ha expresado inequívocamente al sospechoso su deseo de suicidarse o si no padece una enfermedad terminal, una incapacidad incurable o una condición física degenerativa grave. También será más factible el procesamiento si el sospechoso actúa para obtener un beneficio económico y no por razones de compasión, si la víctima es capaz de hacer por sí misma el acto que constituye la asistencia, si el sospechoso no es el cónyuge, compañero, familiar o amigo próximo de la víctima, si cobra por dar esa ayuda, o si sabe que el suicidio se va a cometer en un lugar público. Si pertenece a una organización que ayuda a cometer suicidio, si ayuda a varios suicidas que no se conocen entre ellos, o si es un profesional al cargo de enfermos, también se expondrá a un mayor riesgo de ser perseguido. Los supuestos en contra del procesamiento son prácticamente los mismos, pero en sentido opuesto.

A partir de ahora, sin embargo, no queda claro si el acto mismo del suicidio asistido puede ocurrir en territorio inglés o esta lista de supuestos -en el sentido de proteger contra un eventual procesamiento- son sólo válidos cuando la muerte ocurra en el extranjero. Pero Keir Starmer precisó que es improbable que aparezcan en Reino Unido clínicas como la suiza Dignitas.

En todo caso, sí está claro que la ley sigue distinguiendo entre ayudar a una persona que quiere suicidarse y la eutanasia, el acto mismo de acabar con la vida de un enfermo terminal, que sigue siendo considerado un homicidio o un asesinato.

Las clarificaciones han sido bienvenidas por Sarah Wootton, directora de la organización Morir con Dignidad, que subrayó ayer que las nuevas directrices "distinguen de forma sensata entre un comportamiento motivado por la compasión y un comportamiento malicioso". Para Peter Saunders, de la organización Cuidar sin Matar, "existe el grave peligro de que esto sea visto como una luz verde para ayudar al suicidio por parte de amigos o parientes que pueden obtener un beneficio personal con la muerte del enfermo".