Jueces contra las leyes

Raúl Robles-Fraile y Marcus Hon intentaron casarse después de pasar 18 años conviviendo. Vanesa de las Heras quiso adoptar a Candela, la niña que su esposa Susana había concebido a través de la inseminación artificial. Pero todos se toparon con jueces que no estaban de acuerdo con que ellos ejercieran los derechos que la ley les otorga y que, además, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para impedírselo.

La aprobación en julio de 2005 de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ha estado rodeada de polémica judicial desde el principio. El Partido Popular recurrió de inmediato la ley ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que desnaturalizaba "la institución del matrimonio", y no tardaron en aparecer jueces del Registro Civil negándose a casar homosexuales. Laura Alabau, en Denia, o Francisco Javier García García-Sotoca, en Telde (Gran Canaria) paralizaban los expedientes matrimoniales que les llegaban y presentaron numerosas cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley a pesar de que los jueces del Registro no pueden hacerlo porque no ejercen funciones jurisdiccionales. Alabau llegó a asegurar que se sentía "perseguida por el aparato propagandístico del Gobierno".

Una secretaria judicial también intentó objetar para no participar en ninguna boda gay

Un juez aconsejó ir a la iglesia a una pareja en proceso de separación

El Tribunal Constitucional los llamó al orden. Por ocho votos frente a cuatro inadmitió a trámite las consultas y les recordó que deben aplicar la ley y dejar de cuestionarla. El Consejo General del Poder Judicial expedientó a Alabau y la sancionó con una multa de 305 euros y con una advertencia. El Poder Judicial también rechazó el recurso presentado por un juez del Registro Civil de Sagunto (Valencia) que invocó la objeción de conciencia para abstenerse de casar gays. Le respondieron que los magistrados únicamente están sometidos al imperio de la ley y que no pueden ejercer la objeción de conciencia.

Mientras tanto, los jueces seguían protestando. Un juez de paz de Pinto (Madrid) llegó a presentar su dimisión alegando que no podía casar homosexuales por "imposibilidad moral". Y no sólo los magistrados han intentado dejar de aplicar la ley. La secretaria judicial de Colmenar Viejo (Madrid) Isabel López-Nieto también intento ampararse en un supuesto derecho a la objeción de conciencia para no intervenir en bodas gays. Las definió como "una auténtica subversión de los principios más básicos del orden social" y dijo que sus creencias religiosas le impedían incluso firmar las notificaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le respondió que debía "atenerse a las normas".

El último episodio en esta lucha entre creencias religiosas y legalidad vigente lo ha protagonizado el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita. Católico devoto y lector de Josemaría Escrivá de Balaguer, está en profundo desacuerdo con la ley de matrimonios gays. Le parece que estas bodas no crean "familias normales" y que un menor no debe crecer en ese entorno. Por ello, impide adoptar a los homosexuales y prefiere conceder la custodia de los niños, en los casos de separación y divorcio, al progenitor heterosexual. Le preocupa que los menores sean homosexuales en el futuro. Eso sí, él no admite que lo recusen por sus creencias y asegura que sólo actúa movido por el respeto a las leyes, las mismas que él mismo reconoce no querer aplicar.

Hay otras resoluciones en las que las creencias religiosas de los jueces pesan más que las leyes y el sentido común. En Cantabria, el magistrado de la Audiencia Provincial Esteban Capelo impuso una pena de multa a una mujer por abofetear a su marido y dedicó dos folios de su resolución a aconsejar a los cónyuges, que se estaban separando, que fueran a la iglesia. Les pedía que pusieran en medio de sus vidas "el Espíritu de Jesucristo resucitado, capaz de llenar el anhelo de vida que tiene vuestro corazón" y que acudieran "a quien dispone de esa fuerza salvadora, que es la Iglesia Católica, diciendo a sus ministros que queréis participar y comer de ese fruto". El magistrado fue expedientado por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

A finales del mes pasado, un juez en Alicante revocó en nombre de Dios una orden de alejamiento de una madre hacia su hija dictada en un procedimiento por malos tratos. "Cuando me hice juez juré por Dios y prometí por la constitución guardar y hacer guardar las leyes. Hoy es para el juzgador una tarea difícil y dolorosa y pido a Dios que me asista en el cumplimiento de mi deber", dice el auto. "La situación que estamos viviendo es ya complicada y dolorosa de por sí, independientemente de otras circunstancias, pero encuentro que, a pesar de las órdenes de alejamiento, no se puede privar a los hijos de su madre, ni a la madre de sus hijos, de que se tengan los unos con otros, lo único que siempre queda es la familia".

Estos magistrados tienen muy claro cómo debe ser la "familia normal" y parece que dictan sus resoluciones basándose más en la Biblia que en las leyes vigentes. Mientras tanto, los ciudadanos sólo pueden recurrir, recusar o presentar quejas. Pero deben esperar meses o incluso años para que les dejen ejercer sus derechos. Vanesa de las Heras lleva ya 14 meses esperando que le permitan adoptar.