El Gobierno propicia la fusión de las televisiones privadas

Las cadenas de televisión privadas podrán tener accionistas comunes o incluso fusionarse mientras queden al menos tres de ámbito estatal (de las seis existentes: Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo). El Gobierno decidió ayer eliminar las restricciones para la concentración en el sector audiovisual, levantadas en su día para asegurar el pluralismo y cuestionadas ahora por la crisis del sector.

La medida responde a la alerta de los operadores privados. El sector audiovisual afronta una grave crisis con una caída publicitaria de más del 15% en el último año y el reto de tener que multiplicar por cuatro su oferta cuando se culmine la implantación de la TDT, en 2010. La situación es tan grave que el Gobierno no ha esperado a la nueva Ley General Audiovisual, que se esperaba para finales del mes que viene, y aprobó ayer en el Consejo de Ministros un real decreto para facilitar operaciones de concentración.

La publicidad ha caído más de un 15% en el sector audiovisual

Las inversiones de fuera de Europa se condicionan a la reciprocidad

Hasta ahora, si un grupo tenía una posición dominante en una cadena privada de televisión, no podía ostentar más del 5% de una competidora. Con ello se quería evitar que hubiera una concentración de la propiedad de los medios. Ahora sí será posible y la única restricción es que la audiencia acumulada de las cadenas implicadas no supere el 27%. Mientras la suma de la cuota de pantalla de las emisoras no alcance esa cifra, los accionistas podrán decidir fusionarlas o comprar acciones sin límite de una competidora.

En la práctica, esto supone que de las seis emisoras privadas de ámbito nacional, Antena 3 y Telecinco (ambas con poco más del 16% de audiencia a finales de 2008) no podrán fusionarse entre sí o sus accionistas tener participaciones en la otra, pero todas las demás combinaciones son posibles entre ellas y las otras. El Grupo Planeta, accionista de referencia de Antena 3, podría tomar participaciones en cualquier otro operador excepto Telecinco. El ejemplo no es casual, porque un portavoz de esta cadena admitió ayer que hace unos meses mantuvieron "conversaciones" con La Sexta para un cruce accionarial.

El decreto puntualiza que de los seis operadores privados de ámbito nacional no podrán quedar menos de tres "con dirección editorial distinta". Y ninguna sociedad podrá agrupar más de dos múltiplex (el paquete de canales de cada operador en la TDT) de cobertura estatal y uno autonómico.

Los límites son más claros para la participación de operadores no europeos. En la norma se establece que las empresas de fuera del Espacio Económico Europeo (la UE más Noruega, Suiza e Islandia) no podrán disponer de más del 50% de las acciones y sólo estarán autorizadas a comprarlas en el caso de que exista reciprocidad (que en el país de origen los grupos de comunicación españoles también puedan tener parte de una cadena). Esta cláusula impediría que la mexicana Televisa se hiciera con la mayoría de La Sexta, de la que hoy tiene un 40%. La norma no se aplica con carácter retroactivo, así que ese paquete no está en cuestión. Y aunque no exista reciprocidad no se le obligará a desinvertir.

El decreto también establece límites para la competencia que las emisoras públicas hacen actualmente a las privadas. En el ámbito estatal, éstas sólo podrán ocupar un 25% del espacio radioeléctrico disponible. Si se trata de comunidades autónomas, el espacio máximo reservado para emisoras públicas será del 50%.

La medida tiene como finalidad "garantizar el pluralismo informativo" en el sector, ya que se "fortalecerá" financieramente a las televisiones en un "momento grave" de descenso de la publicidad, ha apuntado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Un portavoz de Telecinco afirmó que a ellos no les afecta el decreto, aunque redundaron en la idea de un movimiento "a la desesperada para ayudar a algún operador" en apuros.

El plan aprobado ayer incluye el recurso al satélite para completar la cobertura de la TDT en zonas adonde no llega. Los operadores tendrán la obligación de poner conjuntamente sus canales a disposición de, al menos, un mismo distribuidor de servicios por satélite.