Andalucía abre la vía contra los concertados que imponen cuotas

El cobro de cuotas a las familias de alumnos de los colegios concertados es una práctica generalizada en toda España. Estos centros reciben fondos públicos para impartir sus enseñanzas, pero la ley les abre una puerta para que puedan recaudar aportaciones privadas por actividades extraescolares, complementarias y algunos servicios, que han de ofrecerse con carácter voluntario. La Consejería de Educación de Andalucía ha encontrado en la provincia de Almería cuatro centros concertados en los que se cobraban de forma irregular esas cuotas. Las sanciones impuestas suman 546.800 euros. Las irregularidades las detectó la inspección educativa el curso pasado. La Junta abre así un pulso con los colegios que previsiblemente llegará a los tribunales y sentará precedente.

La Salle justificó la petición de 20 euros en la insuficiente subvención

Las escuelas católicas denuncian falta de recursos frente a las públicas

El INE cifra en 247 euros anuales el coste de los pagos extras en Primaria

El consejo escolar vasco alerta de que la enseñanza no es de verdad gratuita

El primer multado fue el colegio La Salle, en Almería. Tras la denuncia de una familia, se abrió una investigación y Educación sancionó al centro con 279.000 euros. A raíz de este caso, según fuentes de la Administración autonómica, se detectaron tres casos más en esta provincia de cobros irregulares de cuotas. Al colegio Divina Infantita, en El Ejido, le impusieron 95.600 euros. Al centro La Salle Chocillas, 86.100, y al Divina Infantita de la capital almeriense, 86.100. La diferencia en las sanciones se debe al número de unidades concertadas.

La Junta de Andalucía sostiene que los cuatro centros de Almería incumplieron la norma establecida en la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su artículo 88: no se puede cobrar por las clases ordinarias y en ningún caso las no lectivas han de ser obligatorias. Ante el recurso presentado por el centro La Salle, un juez ha paralizado la multa. La Consejería de Educación ya había comenzado a cobrar los 279.000 euros a través de la subvenciones del concierto. "La Junta, sorprendentemente, no está ejecutando la suspensión dictada por el juez", se quejan en la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE).

Las cuotas que cobran sistemáticamente los centros concertados (el INE las cifra en 247 euros anuales en Primaria y 220 en Secundaria) no son en sí ilegales. El problema surge cuando se toman represalias contra los padres que no pagan o cuando las familias desconocen que esas actividades son voluntarias. Entonces entienden que para matricular allí a sus hijos habrán de pagar por determinadas cosas. A veces esas actividades voluntarias están en medio de las clases obligatorias y los padres optan por matricular a sus hijos en ellas con tal de que sus hijos no tengan que sufrir horas muertas. Este periódico visitó el año pasado una quincena de colegios en varias comunidades y pudo comprobar cómo se pedía como algo obligatorio la aportación a la fundación del centro o por determinados refuerzos o servicios extraescolares. Con mucho descaro en algunos casos.

La actuación de la Junta de Andalucía tiene un precedente en Murcia, en el colegio Antonio de Nebrija de la pedanía de Cabezo de Torres. La Consejería de Educación de esta región entendió que se había marginado en la fiesta de fin de curso a una alumna porque sus padres no pagaron la cuota. Se le impuso en 2009 una sanción de 317.000 euros.

Las escuelas católicas (absolutamente mayoritarias en la red concertada) insisten en que "siempre se recomienda a los centros que sean totalmente transparentes y que, si tienen que solicitar donaciones, expliquen a los padres el gravísimo déficit económico que sufren", explica Luis Centeno, del departamento jurídico de la FERE. "Siempre les hemos recomendado que no amenacen sobre esta situación, que les expliquen, sin más, que la escuela pública dispone de más recursos, ordenadores o pizarras digitales porque las administraciones priman la pública y le dan más recursos. Que si ellos quieren tenerlos quizá se puede conseguir con la aportación de todos". Centeno cree que el mayor apoyo que recibe la escuela pública está "dejando rezagada a la concertada, que tiene que pedir ayuda a las familias".

Y la piden, pero no siempre de las mejores maneras, muy lejos, en algunos casos, de la transparencia que solicita la patronal a sus centros. Tan es así que las familias más humildes optan por no matricularse ante el aluvión de "cuotas voluntarias" que les solicitan. Y algunas no tan humildes están pagando un caro peaje por tener a dos o tres hijos en estas escuelas católicas subvencionadas con fondos públicos.

La patronal se ha defendido siempre de estas acusaciones negando que se engañe a nadie, y añadiendo después que la subvención pública que reciben se queda muy corta. "Apenas cubre el 60% del coste real de la impartición de las enseñanzas. Y nos acabamos de enterar de que los resupuestos presentados rebajan un 5% el módulo de los conciertos. No podemos imputar esta rebaja al sueldo de los profesores, así que los titulares de los centros tendrán que pedir ayudas", dice Centeno. Efectivamente, la subvención de la escuela concertada nunca ha estado acorde con el coste de las enseñanzas. El incremento de esta financiación siempre ha estado presente en las negociaciones con las administraciones.

El Consejo Escolar de Euskadi, en su último informe, correspondiente al periodo 2006-2008 aseguraba que causa preocupación "la falta de gratuidad de la enseñanza básica. El derecho de los niños y adolescentes a recibir una escolarización gratuita en las etapas obligatorias está garantizado por ley, pero no en la práctica". Pero la Administración vasca no ha registrado denuncias de los padres. Tampoco parece haberlas en otras regiones. Los padres no suelen denunciar, así que es difícil perseguir las malas prácticas. El colegio La Salle, de Almería, cometió el error de mandar una carta en la que se pedía una cuota "voluntaria" de 20 euros y se criticaba abiertamente a la Junta por la subvención que recibe el centro. Una de las familias asegura que en la misiva ponía, expresamente, "recibo extraordinario". El pago se domiciliado en el banco.

¿Y qué dice el Ministerio de Educación de todo esto? Poca cosa: remiten a la ley y dicen que esto es una cuestión autonómica.

Con información de Carmen Morán y Ania Elorza.