Adiós al chequeo médico total

Adiós a los chequeos totales. A las baterías de pruebas médicas para ver cómo estamos. También a los análisis indiscriminados para la detección precoz de enfermedades. La nueva ley de salud pública, en fase de anteproyecto, pone coto a los cribados innecesarios o rutinarios. Y va más allá, limitará -o incluso prohibirá, según qué pruebas- a casos muy concretos (pacientes de riesgo, por ejemplo) y específicamente determinados tests que no hayan demostrado mediante evidencia científica que tienen más beneficios que riesgos. Es el caso, por ejemplo, de los cribados para detectar el cáncer de pulmón o de próstata. La Comisión de Salud Pública difundirá un listado de las pruebas recomendables para cada franja de población y aquellas que no lo sean.

Las pruebas tienen peligros como falsos positivos o radiación acumulada

El ministerio vetará aquellos análisis cuyo riesgo supere a su beneficio

La medida busca mejorar la práctica preventiva, pero también contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. A nadie se le escapa el altísimo coste económico de las miles de pruebas médicas que se hacen al día en España, y que Sanidad trata de reducir. Así lo recoge la ley, que habla de eficiencia: "La máxima es no realizar intervenciones innecesarias".

Pero, ¿cuándo se consideran superfluos estos análisis? El anteproyecto de ley define como "mala práctica clínica" la realización de pruebas diagnósticas de cribado a aquellas personas que no son susceptibles de padecer la enfermedad que se trata de detectar (no tengan síntomas o antecedentes familiares); o para aquellos para los que los riesgos del análisis supera a los beneficios. "No se puede hacer todo a todo el mundo", justifica Ildefonso Hernández, director general de Salud Pública. "Las acciones preventivas deben estar muy bien elegidas. Por ejemplo, el cribado de cáncer de próstata no está recomendado a toda la población masculina, solo a determinados casos; y, sin embargo, se hace mucho más de la cuenta". Algo similar, sostiene, ocurre con la detección precoz de cáncer de pulmón, "una prueba cuya eficacia no está demostrada".

Porque estos tests, además, no son inocuos. Plantean riesgos como los falsos positivos, reexámenes o, en muchos casos, radiaciones innecesarias que se acumulan en el organismo. Fernando G. Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, considera "fundamental" que la nueva ley regule estas prácticas. "Si no se hacen según la existencia de evidencias científicas, pueden ser muy perjudiciales para la salud de los ciudadanos; que van al médico sanos para someterse a pruebas de cribados y pueden salir supuestamente enfermos -debido a los falsos positivos- o supuestamente sanos -por los falsos negativos-", dice.

Sanidad publicará, según marca la ley, la lista de acciones preventivas poblacionales e individuales que son recomendables; y aquellas que no tienen suficiente base científica para implantarse. Es decir, qué cribados y cuándo es conveniente hacerse. A esto se suma que se revisarán todas las pruebas de detección precoz para determinar su utilidad y las edades a las que se deben hacer. Es el caso, por ejemplo, de las mamografías, una prueba ahora en debate sobre cuándo debe iniciarse.

El anteproyecto de ley -que está actualmente en periodo de alegaciones, tras el que pasará al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y, por último, al Parlamento- señala que las autoridades sanitarias podrán, además, "requerir la suspensión" de aquellas prácticas sanitarias preventivas que no estén fundamentadas científicamente. Un punto destinado a regular los cribados también en la privada y a vetar aquellos nuevos tests que no estén suficientemente comprobados. Léanse, por ejemplo, la amplia carta de pruebas genéticas (de cuestionada fiabilidad) para detectar un amplísimo número de patologías que en EE UU tienen tanto tirón.

El adiós a los chequeos completos puede tener una gran repercusión en el ámbito de laboral. Benavides, también catedrático de Medicina del Trabajo en la Universidad Pompeu Fabra, explica que en este terreno se realizan cada año miles de reconocimientos "aun sabiendo de su probada inefectividad (sin resultados preventivos demostrados) e ineficiencia". "Esta ley", afirma, "puede ayudar a ordenar esta práctica sanitaria".

"Los ciudadanos no tenemos por qué pagar las pruebas innecesarias que se hagan algunos pacientes", asevera José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. "La mayoría va al médico para pedirle pruebas pensando que cuantas más mejor. No saben que éstas tienen su riesgo y pueden ser perjudiciales", explica. La ley determina que los médicos informarán a sus pacientes de todos los beneficios y riesgos de cada análisis médico.

Antoni Trilla, director de Calidad del Hospital Clínic de Barcelona, pone el punto en otra cuestión. "Para que el cribado de una enfermedad sea bueno debe existir un tratamiento efectivo para la patología". Un punto que Benavides comparte: "Es un principio básico del cribado. Imaginemos que tenemos un test genético que detecta muy precozmente una enfermedad neurodegenerativa, pero para la que no existe aún un tratamiento de probada eficacia. ¿Debemos someter al ciudadano a la prueba?". Hernández contesta: "Hay que saber qué se está buscando y también qué hacer si se encuentra. Si no, la prueba no es útil". Y aquí entra el debate ético. Las pruebas de las que habla Benavides pueden convertir a una persona sana en alguien prematuramente enfermo y sin poder hacer nada. No siempre vale más prevenir.