Los talibanes se ceban con Pakistán

Sumido en una etapa de peligrosa fragilidad tras la reciente dimisión del presidente Pervez Musharraf, Pakistán encajaba ayer el mayor golpe terrorista contra un objetivo militar en toda su historia. Un doble atentado perpetrado en una fábrica de armas de la ciudad de Wah (30 kilómetros al norte de Islamabad) provocaba al menos 64 muertos y un número indeterminado de heridos tras sendas explosiones en los accesos al recinto.

La acción de los talibanes paquistaníes, grupo que reivindicó el ataque, pretendía arrastrar consigo una abultada cifra de víctimas, porque las detonaciones se produjeron casi simultáneamente cuando los trabajadores de la fábrica (un total de 40.000) realizaban el cambio de turno.

Esgrimido como una venganza por las muertes de "niños y mujeres inocentes" durante las operaciones del Ejército en la turbulenta zona de Bajam -escenario de intensos combates entre las fuerzas de seguridad y los militantes islamistas en las últimas semanas-, el atentado quiere forzar una retirada militar de esta área del Punjab. De no mediar ese gesto más que improbable, la organización amenaza con apuntar contra núcleos urbanos del país centroasiático.

La ofensiva terrorista ha tomado como objetivo el estamento militar -Bajam es el núcleo de un vasto complejo productor de armas y municiones- que, dada su tremenda impopularidad entre la población, permanece inmóvil ante las últimas convulsiones políticas. El atentado de ayer es el peor registrado desde enero y el segundo desde la salida de Musharraf (el martes pasado, 30 personas murieron en otro ataque talibán).

Forzado por la amenaza de un proceso de destitución en el Parlamento, Musharraf accedía a dimitir el pasado lunes, abriendo con ello la etapa de una difícil transición en la única nación musulmana que posee la bomba atómica. El dirigente que se aferró a las riendas del país de forma inflexible en los últimos nueve años es un hombre de armas, que arribó al poder a través de un golpe de Estado y compaginó la jefatura del Estado con la del Ejército hasta noviembre pasado.

Los aliados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, han redoblado las demandas para que las fuerzas políticas paquistaníes emprendan la vía de la estabilidad en el país, al que sitúan en la primera línea de frente de la lucha antiterrorista: su frontera noroccidental con Afganistán está considerada una de las principales bases de los talibanes y de Al Qaeda. Ayer mismo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llamó al primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani, para ofrecerle su apoyo en la lucha contra los extremistas.

Las aguas andan revueltas en los pasillos políticos de Islamabad y la unidad puntual que supuso el esfuerzo por derribar a Musharraf parece tener los días contados. Las dos formaciones que integran la coalición de Gobierno tras vencer en las legislativas de febrero, el Partido Popular de la fallecida Benazir Bhutto y la Liga Musulmana, de Nawaz Sharif, mantienen un pulso que toma como pretexto la rehabilitación de los 60 magistrados y el jefe del Tribunal Supremo, destituidos por el depuesto presidente. Sharif alega que ambas partes sellaron el pasado mayo un acuerdo que preveía su restitución en la judicatura a las 24 horas de la renuncia de Musharraf, extremo en el que el Partido Popular no demuestra premura.

En el trasfondo de ese pulso residen las crecientes especulaciones de que Asif Alí Zardani, viudo de Bhutto y actual líder del PP, se perfila como el próximo presidente de Pakistán. El interpelado siempre ha denegado tal ambición, pero el apoyo del grueso de los diputados a su candidatura ha suscitado los recelos de su rival, partidario de que el futuro jefe del Estado sea un hombre de consenso, previo recorte de sus poderes para convertirlo en una mera figura institucional.

La Liga Musulmana amenazó ayer con abandonar el Ejecutivo si hoy mismo los jueces reprimidos en la era Musharraf, en especial el presidente del Supremo, Iftikhar Muhamad Chaudhry, no recuperan sus puestos.

El islamismo violento tomaba nota de esa debilidad del poder político con su cruento atentado de ayer. El Ejecutivo que salía de las urnas el pasado marzo dio un giro a la línea antiterrorista de Musharraf, optando por negociar con los grupos insurgentes de la zona fronteriza. Los acuerdos de paz que se suscribieron gracias a la mediación de los consejos tribales acabaron convirtiéndose en papel mojado.

Al menos 60 muertos en un doble atentado en Pakistán