La ley de reinserción de los paramilitares desata las críticas en Colombia

El delegado en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Frühling, varios políticos -no necesariamente antigubernamentales-, analistas, ONG y cientos de víctimas aseguran que la Ley de Justicia y Paz aprobada la semana pasada en el Congreso, para pactar la reinserción de los paramilitares, no castiga lo suficiente los crímenes que estos grupos de extrema derecha ligados al narcotráfico perpetraron en los últimos 15 años ni repara a los que las sufrieron.

En los últimos 15 años los grupos paramilitares cometieron, en su lucha contra la guerrilla, unos 17.000 crímenes que afectaron a un millón de personas, entre víctimas directas e indirectas.

Las propias víctimas ya han planteado desobediencia civil frente a la ley. Muchas de ellas han declarado que van a personarse en los juzgados para exigir ser parte civil de los procesos, acción que impide la nueva ley. Exigirán también que se amplíen los plazos de la investigación establecida para verificar la confesión de los paramilitares, fijado por la ley en 60 días.

En una reunión, el pasado fin de semana, más de 700 delegados crearon la Asamblea de Víctimas de los Paramilitares y anunciaron que demandarán la anulación de la ley ante los tribunales internacionales. La Asamblea pide una comisión de esclarecimiento pleno de todos los hechos de violencia política a partir de 1945.

Michael Frühling, delegado en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, asegura que la ley otorga "muy generosos beneficios judiciales" a los autores de estos crímenes graves, "sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación".

El delegado de la ONU pidió al presidente, Álvaro Uribe, tener en cuenta sus recomendaciones antes de firmar la ley. Desde que el Congreso inició el accidentado trámite de la polémica ley, la oficina de la ONU hizo sugerencias para que ésta cumpliera con requisitos esenciales de los principios de verdad, justicia y reparación y a la vez ofreciera incentivos y beneficios para atraer a los grupos armados a la desmovilización y lograr el cese de hostilidades.

La ley aprobada en un bochornoso debate y sin consenso contempla penas máximas de ocho años que se pueden cumplir en granjas agrícolas.

La ley, según sus críticos, no incluye mecanismos que garanticen el esclarecimiento de los hechos, ni la verdad. Los insertados harán una "confesión libre" ante el fiscal delegado de los delitos cometidos. Al mismo fiscal dirán qué bienes entregarán -si los tuvieren"- para reparar a las víctimas.

Los que apoyan la ley aseguran que si ésta tuviera "más dientes" no hubiera sido aceptada por los paramilitares y hubiera bloqueado esta posibilidad de paz. "Nadie entrega voluntariamente las armas para pasar años en la cárcel o ser extraditado", alegan. Aseguran también que es la primera vez que en un proceso de paz en este país se tiene en cuenta principios de justicia, paz y reparación; en las anteriores ocasiones -con grupos guerrilleros- se concedieron beneficios a cambio de nada.