La justicia, "palabra vacía" en Guatemala

Los ataques a los defensores de los derechos humanos en Guatemala se han incrementado en número y en intensidad durante los últimos cinco años, amparados en una impunidad que llega al 98% de los casos, según denunció ayer la paquistaní Hina Jilani, representante especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, al término de una visita oficial de cinco días.

De acuerdo con un informe presentado ante la prensa, entre julio de 2002 —cuando Jilani realizó su primera visita a este país centroamericano— y diciembre de 2007 fueron asesinados 50 defensores. Sólo en los últimos dos años, se produjeron 23 muertes.

"El nivel de impunidad ante los ataques y violaciones contra defensores de derechos humanos es alarmante", dijo Jilani, quien añadió que, "ante la cifra de impunidad, el 98% de los casos, la justicia en Guatemala se convierte en palabra vacía".

Al término de su visita, durante la cual se entrevistó con representantes del Gobierno, miembros de los órganos judicial y legislativo y el Defensor del Pueblo, Sergio Morales, así como con delegados de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias, la enviada especial de la ONU concluye que "todos los sectores de la comunidad de derechos humanos han sufrido agresiones y violaciones". Puntualiza que entre los grupos más afectados se cuentan los defensores que trabajan en pro de los derechos económicos, sociales y culturales.

"Son especialmente objeto de amenazas las organizaciones que trabajan en cuestiones de justicia y el derecho a la verdad, entre ellos abogados de la defensa pública penal, que trata casos de gran sensibilidad".

Jilani denuncia que dos de las instituciones estatales que deberían situarse en la vanguardia para brindar protección y reparación frente a los ataques a los activistas humanitarios, la policía y el ministerio público (fiscalía), "constituyen parte del problema".

"La función de la policía es brindar medidas de protección a los defensores en situación de riesgo. Sin embargo, esta protección es selectiva, ineficaz y, a veces, provoca mayor riesgo, pues se cree que los propios policías participan en los ataques contra los defensores".

"Decepcionante la pasividad de los fiscales"

En relación a la fiscalía, el informe de Jilani es demoledor: "Es decepcionante constatar la pasividad de los fiscales en la investigación de los casos denunciados". Advierte, además, de la existencia de campañas de estigmatización y criminalización en algunos sectores de la clase política, que, además, encuentran eco en la prensa local y dan lugar al incremento de las amenazas y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos. Todo ello demuestra, una vez más, "la falta de la voluntad política necesaria para resolver la situación".

El informe de Jilani se presentará y debatirá en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se celebrará el próximo marzo.