Una dramática perversión

Estados Unidos es el primer país del mundo por su potencia política, económica, científica y tecnológica, y el referente privilegiado de la democracia mundial. Sin olvidar que todos los que hemos vivido y trabajado allí podemos dar fe de la práctica ejemplar de su democracia cotidiana. Por todo ello resulta preocupante e inaceptable la regresión que se ha producido en diversos ámbitos durante la presidencia de George Bush, en particular después del atentado del 11-S y con ocasión de la guerra de Irak, en materia democráticamente tan decisiva como el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Los sucesos de Abu Ghraib, de los que existen abundantes documentos escritos y fotográficos; los testimonios de los detenidos en Guantánamo; las revelaciones sobre las prisiones de la CIA localizadas en Europa; el escándalo que representa Bragam, un súper Guantánamo, y, por último, el veto del presidente Bush a la ley votada por el Congreso prohibiendo los actos de tortura y en particular el waterboarding. Ese veto corona los intentos de la Administración norteamericana para legitimar la tortura, cuyo acomodo jurídico se inició cuanto Alberto Gonzales fue nombrado fiscal general por el presidente Bush.

A ese proceso legitimador, el veto presidencial aporta su confirmación política y las series televisivas Lost, 24 horas chrono, Alias, Law and order le añaden la consagración mediática. En un estudio realizado por la organización Human Rights First se cuentan hasta 624 escenas de tortura emitidas en la televisión norteamericana, entre 2002 y 2005, en horarios de máxima audiencia. Su gran héroe es Jack Bauer, protagonista de 24 horas chrono, que para Joel Surnow, su creador, lejos de ser un torturador es el gran luchador por la libertad y la democracia. Bill Kristol y Lawrence Kaplan, dos neocons y promotores de la guerra total de George Bush, califican los desastres de Afganistán e Irak, con ya cerca de 300.000 muertos, como las dos primeras grandes victorias de la democracia en Oriente Medio. Christian Salmon, en su espléndida crónica sobre este tema en el diario Le Monde del 15 de marzo pasado, nos recuerda la justificación de la tortura por parte de Antonin Scalia, juez en la Corte Suprema de Estados Unidos, quien alaba el ejemplo del citado Jack Bauer, pues habría salvado gracias a las prácticas torturadoras, al menos en la pantalla, centenares de miles de vidas. Finalmente, en el ámbito universitario, el profesor Alan Dershowitz, de la Universidad de Harvard, alegando la inseguridad en que nos sitúa la amenaza terrorista, recurre al argumento del estado de necesidad (necesitamos imperativamente la seguridad para poder seguir viviendo en comunidad) que convierte a la tortura en un mal menor.

Esta democratización finalista de la tortura, que supone una malversación de los derechos humanos y, por tanto, una perversión absoluta de los principios y valores democráticos, obliga a los demócratas de todo el mundo y en particular a los comprometidos en su defensa a pedir su rectificación. Obligación que la Convención Internacional contra la Tortura, de alcance universal, permite hacer efectiva en cualquier lugar y que, por tanto, nos concierne e interpela directamente a todos, sea cual sea nuestra nacionalidad, allí donde nos encontremos. A los españoles también.

Este artículo está firmado por: 1. José Vidal-Beneyto, Director Colegio Altos Estudios Europeos, París, 2. Victoria Abellán Honrubia, Cat.Univ. Barcelona, 3. Fernando Álvarez de Miranda, Antiguo Presidente Congreso Diputados, 4. Óscar Alzaga, Cat. Univ. Complutense, 5. Yolanda Bardají, Letrada TS, 6. Esteban Beltrán, Director Amnistía Internacional España, 7. Carlos Berzosa, Rector Univ. Complutense, 8. Carlos Bru Purón, Presidente Movimiento Europeo, 9. Rafael Calvo Ortega, Cat. Univ. Complutense, 10. Manuela Carmena, Representante española en Human Rights Watch, 11. Juan Antonio Carrillo Salcedo, Cat. Univ. Sevilla 12. Ángeles Centenero, Profª Derechos Humanos 13. José Luis Díez Ripollés, Cat. Univ. Málaga, 14. José Antonio Escudero, Academias Historia y Jurisprudencia, 15. Rafael Fernández Montalvo, Magistrado TS 16. Mercedes García Aran, Cat. Univ. Autónoma Barcelona 17. Emilio Gastón, ex Justicia de Aragón 18. Enrique Gimbernat, Cat. Univ.Complutense Madrid 19. José Antonio Gimbernat, Federación Española Asoc. Dchos Humanos 20. Emilio Ginés Santidrián, Comité Europeo Prevención Tortura 21. Luis Gonzalez Seara, Academia Ciencias Morales y Políticas, 22. Xesús Jares, Coordinador Educadores por la Paz, 23. Carlos Jiménez Villarejo, Ex Fiscal Anticorrupción, 24. Ramón Lapiedra, ex Rector Univ. Valencia, 25. María de la Valgoma, Asoc. Derechos Humanos 26. Juan José López Burniol, Notario, 27. José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito TS, 28. Federico Mayor , Presidente Fundación Cultura de Paz, 29. José María Mena, Presidente Asoc. Catalana Juristas Demócratas, 30. Francisco Muñoz Conde, Cat. Univ. Pablo Olavide, 31. José Ignacio Navas Olóriz, Notario, 32. Carmen Nogués, Asoc. Derechos Humanos, 33. Alberto Oliart, Abogado, 34. Arcadi Oliveres, Presidente ACAT, 35. Salvador Pániker, Filósofo, 36. Gregorio Peces Barba, Cat. Univ. Carlos III, 37. José Antonio Perelló, Economista 38. Javier Pérez Royo, Cat. Univ. Sevilla, 39. Antonio Remiro Brotóns, Cat. Univ. Autónoma Madrid, 40. Amparo Rubiales, Consejera de Estado, 41. Miguel Satrústegui, Abogado, 42. Francisca Sauquillo, Presidenta MPDL, 43. Jaume Saura, Presidente Institut Drets Humans de Catalunya 44. Coral Valterra, Profª Derechos Humanos, 45. María Xiol, Abogada