Venezuela, el imperio de la justicia popular

Si la policía no se hace cargo, la Matanza está organizada para hacer justicia por su cuenta. Los vecinos de la calle Matanza barrio Ezequiel Zamora, parroquia El Valle, en el suroeste de Caracas han llenado las paredes de sus casas con copias del carné de identidad de uno de los presuntos violadores de cinco mujeres del sector, que escapó de sus manos la semana pasada. Los presuntos eran dos. El primero cayó el pasado miércoles, y ese mismo día fue linchado y quemado por la "justicia popular".

Sus familiares lo identificaron como José Yorbeni Barrios Arrechedera: desempleado, de 28 años. Los diarios locales señalaron que tenía antecedentes policiales por un robo cometido hace 10 años, pero no constaba ninguna acusación en su contra por violación. Una mujer reconoció en él al agresor al que la comunidad intentaba cazar desde hacía varios días, y dio el grito de alarma: "¡Sádico, sádico! Es el violador". Una turba lo golpeó y apedreó hasta matarlo, y luego prendió fuego al cadáver, que fue arrastrado hasta la avenida principal del barrio con ayuda de una motocicleta. La policía trató de intervenir, pero se lo impidieron los vecinos: "Estamos haciendo nuestro trabajo, váyanse de aquí". El cuerpo ardió durante varias horas, en medio de una ronda de espectadores niños, mujeres, ancianos, que grababan la escena en sus teléfonos móviles. Cuando las llamas se extinguían, volvían a encenderlas para que la televisión y los diarios, que llegaron más tarde, pudieran llevarse una buena toma.

Para las estadísticas, es un caso más que se suma a los 15 linchamientos y 60 intentos de linchamiento que registró el Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela en 2008. Para los vecinos de Matanza, que en su hastío frente a la inseguridad ciudadana han jurado dar el mismo castigo sin juicio al menos a otros dos "abusadores", es un sospechoso menos. "Lo que pasó aquí fue que en la comunidad decidimos que donde terminaron los derechos de él comenzaron los nuestros", declaró al diario El Nacional Luisa Castillo, representante del Consejo Comunal de Matanza, dos días después del suceso.

Todos los sondeos de opinión, incluso los financiados por el Gobierno, indican que entre el 60% y el 70% de la población considera que la inseguridad ciudadana es su principal problema.

Su preocupación no es subjetiva. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior y Justicia, en 2007 se cometieron en Venezuela 270.000 crímenes, de los cuales 13.170 fueron asesinatos. Las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos calculan, además, que existe un registro no oficial de violaciones, robos, hurtos y agresiones, que representan el 25% de la tasa real de criminalidad, y que las víctimas no los denuncian. "¿Denunciar? ¿Para qué?", responde el ciudadano común.

En Venezuela, la impunidad es tal que sólo el 15% de los crímenes que se denuncian es investigado. De ahí que dos de cada tres ciudadanos tengan una opinión favorable a la búsqueda de justicia por medios distintos a los tribunales, como el linchamiento; sobre todo, en los sectores más empobrecidos, que son también los más golpeados por el crimen.

"Los criminólogos parten de la premisa de que la criminalidad aumenta con la pobreza. Pero el de Venezuela es un caso particular: la pobreza se ha reducido en los últimos años, pero ha habido un crecimiento importante de la criminalidad. Hay que preguntarse cuáles son las razones para que esto ocurra", dice Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Él mismo se da la respuesta: "La falta de consenso, generada por la polarización política, y la improvisación del Gobierno han tenido como resultado un rotundo fracaso de los planes de seguridad. A esto se suma la impunidad, que deja abiertas las puertas para que los delitos se repitan. En los últimos 10 años, el Gobierno se ha negado a reconocer el problema. Hay una contradicción en un presidente [Hugo Chávez] que habla a favor de los pobres y que actúa con indiferencia frente al problema que más les afecta", afirma Alvarado.

Los hombres menores de 30 de los sectores empobrecidos son las principales víctimas de la violencia. Especialmente, de los homicidios y de los intentos de homicidio.

Un médico que presta sus servicios en el programa de salud pública Barrio Adentro y aportó su testimonio a los investigadores del Centro para la Paz cuenta cómo entre los jóvenes del barrio hay formas de venganza peores que la cárcel o la muerte: "Es impresionante la cantidad de muchachos que tiene una colostomía, producto de impactos de armas de fuego, intencionadamente ejecutados con ese fin; como dicen ellos, con el fin de ponerlos a 'cagar en bolsita'. Eso dentro del barrio tiene un significado demoledor para la vida de un joven. A esas edades, están en plena locura hormonal, en plenitud de sus potencialidades sexuales. ¿Quién quiere acostarse con un joven que lleva los intestinos afuera?".

Por razones de seguridad, la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela recomienda a sus afiliados que no admitan en sus locales a jóvenes que hayan sido asesinados. Es una forma de evitar que se produzcan enfrentamientos de bandas en medio de los velatorios. La compañía verifica primero las circunstancias de la muerte. Si la víctima fue blanco de más de dos disparos, a causa de un robo o por accidente, las funerarias pueden conceder a sus familiares la organización de un velatorio a domicilio. Pero si se sospecha que cayó en un ajuste de cuentas, para él no habrá funeral.