"Rabat no ha demostrado que el pacto con la UE beneficie a los saharauis"

"El problema del acuerdo era la misma premisa: la explotación por parte de Marruecos de aguas que no son suyas en violación del derecho internacional". La opinión de Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, no puede ser más tajante. El jurista, que lleva años dedicado a la cuestión del estatus del Sáhara Occidental, cree que la decisión del Parlamento Europeo (PE) de rechazar la prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos es resultado del incumplimiento de las condiciones que su propio protocolo incluía: beneficios directos para la población saharaui.

El informe del eurodiputado liberal finlandés Carl Haglund aprobado por la Eurocámara reconoce que "en la documentación relativa al protocolo no se examina esta cuestión". Pero no se trata de una ausencia justificada, recuerda Ruiz. En mayo de 2009 un dictamen del Servicio Jurídico del PE, señalaba que "las actividades económicas relacionadas con los recursos naturales de un territorio no autónomo deben realizarse en beneficio de la población de dicho territorio y de conformidad con lo solicitado por esta". De lo contrario, la UE tenía que plantearse la suspensión del acuerdo. Por ello, la Comisión pidió a Rabat que demostrara estos beneficios. "Marruecos no lo hizo", dice Ruiz. El informe reconoce que el Gobierno marroquí presentó en diciembre de 2010, "en un documento Powerpoint, los resultados de algunos programas de inversión", pero el texto "no indica si la población del Sáhara Occidental ha sacado algún provecho".

Un experto advierte que Marruecos no dio datos suficientes a la Comisión

"La gran mayoría de los trabajadores del sector pesquero en la zona son marroquíes. La confirmación del escaso beneficio para los saharauis fue el campamento de Agdaym Izik

[desmantelado por las autoridades marroquíes en noviembre de 2010] instalado para protestar contra el traslado de trabajadores marroquíes a la región mientras que la tasa de paro de la población local era del 40%", subraya el catedrático.

Tarik Atmane, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es de otra opinión: "¿Cómo se puede averiguar si los beneficios han llegado o no a la población? El envío de observadores sería considerado una intromisión en la soberanía de Marruecos".

Aunque el informe de Haglund se centre en la escasa rentabilidad económica del acuerdo, Ruiz destaca cómo "el asunto político está explicitado". Por tanto, "la votación supone un serio revés para las ambiciones anexionistas de Marruecos" y sienta un precedente ante la próxima votación acerca de un acuerdo sobre agricultura.

Atmane, de origen marroquí, cree en cambio que "los lobbies y los grupos prosaharauis han conseguido lo que buscaban", y que se trata de "una señal negativa sobre la cooperación futura de Marruecos con la UE".