'Narcoaldeas' en el Caribe

Walpa Siksa es una aldea perdida en la zona caribeña de Nicaragua, alejada de Managua, la capital, y olvidada por todos en este país hasta el pasado 8 de diciembre, cuando saltó a primera página a causa de una emboscada contra una brigada conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la que murieron dos oficiales de la Fuerza Naval y otros cinco resultaron gravemente heridos. Las Fuerzas Armadas tenían información de que una avioneta proveniente de San Andrés (Colombia) había aterrizado en la lejana aldea cargada con 800 kilos de cocaína, armas y dinero, por lo que formaron una misión especial con 20 oficiales combinados del Ejército y la policía para dar con la aeronave. Cuando los oficiales se acercaban a la aldea, levantada a un costado de un angosto río de aguas grises, unos 40 aldeanos, armados presuntamente por narcotraficantes, atacaron a las dos lanchas que trasladaban a los oficiales y dispararon a mansalva, asesinando al jefe de la misión, el teniente de corbeta Joel Eliézer Baltodano, y al sargento tercero Roberto Carlos Somarriba.

La muerte de dos militares en una emboscada ha desatado las alarmas

Descendientes de africanos y miskitos viven sumidos en la pobreza

Apenas 600 oficiales vigilan un área de 50.000 kilómetros cuadrados

Los expertos temen que el problema se le vaya de las manos al Gobierno

Un día después de la emboscada, el Ejército desató una cacería para atrapar a los asesinos de sus oficiales. Helicópteros, tropas especiales y lanchas rápidas se trasladaron hasta la aldea, pero, al llegar, los uniformados se quedaron con la boca abierta: todos los hombres habían huido entre los manglares, incluido el líder de la comunidad indígena, y en el lugar sólo encontraron a mujeres y niños. El Ejército presume que los narcotraficantes repartieron el dinero y la droga entre los aldeanos a cambio de que éstos los apoyaran.

Ahora los ojos de las autoridades están puestos en un colombiano que usa cédula (documento de identidad) nicaragüense con el nombre de Alberto Ruiz Cano, a quien acusan de dirigir el ataque. Algunos testigos ubican a Ruiz Cano en Walpa Siksa el día de los hechos. Actualmente está prófugo y sobre él pesa una orden de captura. Ya había sido detenido el pasado 13 de junio cuando pretendía zarpar de una zona costera en una lancha cargada de combustible para aparentemente abastecer al narcotráfico, pero las autoridades judiciales decidieron dejarlo en libertad. Ruiz Cano es propietario de una discoteca ubicada en una popular zona de Managua, que fue allanada por la policía.

Los hechos de Walpa Siksa han dejado en evidencia el olvido en el que las autoridades de este país mantienen a la zona caribeña de Nicaragua, un país de 130.000 kilómetros cuadrados, de los que 59.558 corresponden a las regiones costeras del Caribe. Son zonas habitadas por descendientes de africanos e indígenas miskitos y de otras etnias que se gobiernan por consejos de ancianos, viven de la selva y la pesca, hablan creole, inglés y sus propios dialectos y todavía nombran a los habitantes de Managua y las zonas costeras del Pacífico de Nicaragua como "los españoles", dado que esa región fue colonizada por ingleses.

Esta región sufrió en 2007 el azote del huracán Félix, que devastó la zona dejando un reguero de cadáveres y destrucción (las autoridades cifran en más de 240 los muertos y desaparecidos, 20.000 las casas destruidas y 198.000 los damnificados). No hay hospitales ni escuelas y la energía eléctrica y las telecomunicaciones son un verdadero lujo. La región, además, es tierra de nadie: en más de 50.000 kilómetros cuadrados las autoridades mantienen apenas a 600 oficiales. Una zona idónea para el establecimiento del narcotráfico.

"Cuando se combinan la pobreza y el abandono con la negligencia de la administración pública, tenemos minorías étnicas que ante la desesperanza encuentran en el narcotráfico una opción de vida a la vista de las autoridades", explica el catedrático Félix Maradiaga.

Con el avance del narcotráfico se han formado las que se conocen como

narcoaldeas, pequeñas poblaciones con un nivel de vida diferente al de la región donde se encuentran. Algunos aldeanos han construido casas de cemento -un lujo en este lugar de chozas de pajas- con paneles solares, telefonía por satélite y antenas parabólicas. Estos lujos, afirman los analistas, son comprados con dinero del narcotráfico.

Las investigaciones han constatado que los carteles colombianos y mexicanos, como el cartel de Sinaloa y Los Zeta, tienen influencia en esta región. El narcotráfico entró con fuerza en Nicaragua a partir de 1990, tras la caída del primer Gobierno sandinista de los ochenta y la reducción del Ejército Popular Sandinista, que contaba con más de 130.000 miembros. Entre 1997 y 2007 las autoridades se han incautado de 58.000 kilos de cocaína, la mitad de ellos en las costas del Caribe, aunque los expertos afirman que esa cifra apenas representa el 20% del total que circula por el país. "Algunos pescadores de la zona fueron la estructura primaria de apoyo al narcotráfico en dos sentidos, en acopio y reventa de la droga y suministro de combustible", explica Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua.

Lo que más alarma a los analistas es el hecho de que el mayor número de detenidos por relación con el narcotráfico son nicaragüenses: 7.777 personas entre 2000 y 2007. Además, Orozco afirma que en el país ya hay "pequeños carteles" que dan seguridad y que almacenan droga para la reventa o para la venta en el mercado interno, porque el avance del narcotráfico va de la mano del aumento en el consumo: un estudio realizado en 2006 por el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas mostraba que 850.000 nicaragüenses habían consumido drogas. Una cifra alta en un país de 5,2 millones de habitantes.

Orozco teme que este problema se le vaya de las manos a las autoridades y Nicaragua sufra una violencia generalizada como la que desangra México. "Lo que pasó en México fue precisamente lo que está pasando en Nicaragua. Los grandes carteles mexicanos de la droga comenzaron siendo expendedores locales de droga, que una vez que establecieron los contactos con los colombianos a mediados de los noventa, hicieron un convenio para que ellos se encargaran del traslado de la droga y los colombianos de la producción. Eso es lo que hay que evitar en Nicaragua. Que esos ataques que se dan en la costa no se repitan", explica.

Tras los hechos de Walpa Siksa, la tensión reina en las regiones del Caribe nicaragüense. La semana pasada se registraron protestas y saqueos en Puerto Cabezas, capital provincial ubicada a 565 kilómetros de Managua y a 65 de Walpa Siksa. Los habitantes se enfrentaron al Ejército y a la policía, que han aumentado sus operativos en esas zonas. Los expertos afirman que para los habitantes los uniformados son una amenaza que acecha el que es su única opción de desarrollo: el narcotráfico.

"El Caribe es una región volátil. El Estado debe evitar convertir esto en un problema militar. La respuesta debe ser policial, con un aumento de la presencia del Estado. Además, se debe evitar estigmatizar a las minorías, mientras se sigue golpeando al narcotráfico internacional, que debe ser el verdadero blanco", explica Félix Maradiaga.

El fin de semana, los operativos conjuntos del Ejército y la policía continuaban en la zona para dar con los asesinos de los dos oficiales de la Fuerza Naval. El sábado se informó de 37 detenidos, pero el colombiano Alberto Ruiz Cano sigue desaparecido y Walpa Siksa sigue siendo una aldea habitada sólo por mujeres y niños.