Italia aprueba una ley que permite a Berlusconi no ir a juicio

El juicio no queda visto para sentencia. El juicio queda suspendido durante 18 meses porque el imputado no puede acudir al tribunal debido a compromisos de fuerza mayor, como gobernar un país. Es el sentido general de la norma que anoche se transformó en ley en Italia. El Presidente de la República, Giorgio Napolitano, puso su firma en el llamado 'legítimo impedimento', dos artículos transitorios y retroactivos que salvan a Silvio Berlusconi (y de paso protege a sus ministros) de los procesos en los que está imputado. La iniciativa, aprobada a principios de marzo por el Senado, avala que el primer ministro y miembros del ejecutivo no puedan ser juzgados mientras ocupan sus puestos, "con el fin de consentirles un sereno desarrollo de sus funciones". Se aplica a todos los juicios penales abiertos, en cualquier fase e instancia, y tiene una fecha de caducidad establecida en 18 meses. Dentro de año y medio, cuando expire, ya existirá una reforma constitucional que establezca la inmunidad para el Jefe del Ejecutivo. Por lo menos, ese es el plan del Gobierno.

Si todo sigue sobre ruedas, como es lógico pensar considerado el abundante margen de maniobra de la mayoría en las dos Cámaras, Berlusconi no tendrá que pensar en sus líos judiciales durante muchos años, por lo menos hasta las próximas elecciones en 2013. Cuando un juez le convoque al banquillo, le bastará con presentar una auto-certificación para que el juicio sea aplazado por un plazo máximo de seis meses. Y así a seguir, cada vez y por cada acusación.

La ley 'puente', que sirve para llegar a una más duradera reforma constitucional, fue propuesta por el Partido de la Libertad (partido de Berlusconi) y por el UDC (partido católico de centro que no forma parte de la coalición de gobierno). La izquierda ha levantado muchas veces su voz en contra del texto, aprobado en el Senado el pasado marzo, tras dos votos de confianza. Anoche, Antonio Di Pietro, líder de Italia dei Valori y ex magistrado de Manos limpias, volvió a pedir un referéndum sobre el tema de la inmunidad: "decidan los ciudadanos si es justo que, en un Estado de Derecho, algunas personas no sean juzgadas como todas las otras acusadas de un delito".

Alejados los fantasmas de magistrados y fiscales, arranca una nueva fase de la legislación en Italia. Se inaugura el momento de las reformas constitucionales que intentan cambiar a largo plazo el ordenamiento judicial y administrativo. La Liga Norte, el poderoso aliado del Gobierno que cosechó grandes resultados en las elecciones regionales de la semana pasada, quiere el federalismo. Berlusconi quiere acabar de una vez con los juicios pendientes e insiste para una reforma presidencialista, en el modelo francés.