El Gobierno italiano acepta suavizar la 'ley mordaza'

Tras semanas de polémica, el Gobierno italiano dio ayer marcha atrás en sus intenciones de prohibir del todo la publicación de las actas y las escuchas judiciales hasta la apertura del juicio oral. Un cambio de última hora permitirá que sea el juez, de acuerdo con la defensa y la acusación, quien decida durante una llamada audiencia-filtro qué partes de las interceptaciones pueden ser publicadas por ser relevantes y cuáles deben permanecer secretas.

La modificación se incluye en el nuevo texto del proyecto de la ley mordaza presentado ayer por el Ejecutivo ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La furiosa reacción de Silvio Berlusconi ante el anuncio, tras haberse negado a retocar el texto original durante meses, sugiere que el frente común formado por la prensa, los jueces, las fuerzas del orden y los editores, al que se habían sumado su aliado Gianfranco Fini y el propio jefe del Estado, Giorgio Napolitano, ha dado finalmente algunos frutos.

"Por culpa de la arquitectura constitucional no podemos modernizar el país", se quejó Berlusconi. "Con estas modificaciones la ley sobre las interceptaciones dejará las cosas más o menos como están ahora, es decir, los italianos no podrán hablar libremente por teléfono e Italia no será un país verdaderamente civilizado".

El fracaso político del primer ministro parece incuestionable, a falta de conocer el texto definitivo, que debería ser debatido en la Cámara a partir del 29 de julio. El proyecto inicial, una promesa electoral de Berlusconi, restringía al máximo tanto la práctica como la difusión de las escuchas, una herramienta básica en la lucha contra la corrupción y la mafia, limitando su uso por parte de los jueces e imponiendo penas de cárcel a los periodistas y elevadas multas a los editores de diarios y libros. En todo caso, la nueva propuesta del Ejecutivo no fija ningún plazo temporal para que se decida qué se puede publicar y qué no, como había solicitado la oposición.

La idea que obsesiona a Berlusconi es que los fiscales y periodistas trabajan haciendo equipo y se retroalimentan para emprender, usando las escuchas de forma indiscriminada, injustos procesos mediáticos que violan la intimidad de los ciudadanos. La reforma legislativa quería romper ese circuito prohibiendo la publicación de conversaciones durante la instrucción judicial, que en casos de mafia y corrupción pueden durar tres o cuatro años. De ese modo, la opinión pública no sabría hasta la fase oral del juicio por qué y a quién investigan los jueces.

Entre las fuerzas políticas, la cesión del Ejecutivo fue recibida con división de opiniones. La corriente interna del Pueblo de la Libertad que apoya a Gianfranco Fini cantó victoria y habló de "triunfo del Parlamento y gran salto adelante". La oposición considera la novedad un mero maquillaje, y criticó que haya sido presentada por Giacomo Caliendo, secretario de Estado de Justicia implicado en el escándalo de la logia masónica P3.