España teme que ya no haya otro acuerdo de pesca con Marruecos
El veto del Parlamento Europeo desata la irritación del Gobierno de Rabat
Las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, su principal socio en el Magreb, han recibido un duro golpe y los convenios que regulan la presencia de la flota pesquera en el banco sahariano, que se remontan a la salida española de su excolonia hace 35 años, pueden haber tocado a su fin. Marruecos reaccionó ayer con indignación y desdén ante la decisión del Parlamento Europeo de vetar la prórroga del actual convenio, vigente hasta febrero, apelando a la necesidad de respetar los derechos de los saharauis, garantizar la sostenibilidad ecológica y la rentabilidad económica.
La decisión "tendrá consecuencias muy negativas sobre las relaciones con la UE", advirtió el ministro marroquí de Agricultura y Pesca, Aziz Akhennouch, quien agregó que Rabat "tiene sus propios medios para desarrollar el sector". Ya el miércoles por la noche, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat calificó la decisión de "lamentable" y amenazó con "una reevaluación global" de sus relaciones con la UE; especialmente las negociaciones sobre el comercio de servicios, la readmisión y movilidad de personas y el acuerdo de librecambio. El malestar de Rabat quedó patente con el ultimátum que dio a los buques europeos (56 en total, 51 de ellos españoles) para que salieran de sus aguas antes de la medianoche del miércoles, lo que hicieron sin incidentes.
La ministra Aguilar cifra en 30 millones el coste para los pesqueros españoles
Ahora llega el momento de evaluar los daños producidos por la decisión de los eurodiputados, que pilló a todos por sorpresa. La ministra española de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pidió compensaciones a la UE, rechazó que la factura la tengan que pagar los Estados y cifró en más de 30 millones el coste de no apurar la prórroga, pues 43 buques habían pagado ya por faenar hasta el 28 de febrero. "Es urgente que la comisaria empiece a negociar un acuerdo sobre bases nuevas que dé tranquilidad", añadió.
Por su parte, la comisaria responsable, Maria Damaki, dijo durante el Consejo de Ministros europeos de Pesca que "es consciente" del impacto económico de la ruptura del acuerdo, pero advirtió: "No sabemos si un nuevo protocolo es posible". Fuentes gubernamentales españolas admiten que es "muy improbable" que se consiga un nuevo acuerdo y ello porque "Marruecos considera vital la cuestión del Sáhara y no va a admitir el menor cuestionamiento de su integridad territorial y el Parlamento Europeo, que ahora tiene poder de veto, tampoco va a dar marcha atrás".
España ya tuvo que pelear duro, recuerdan las mismas fuentes, para lograr la prórroga del convenio de 2006 y ahora se necesita un nuevo mandato para que la Comisión Europea comience una negociación con la incertidumbre añadida de no saber si obtendrá el aval del Europarlamento. El futuro presidente español, Mariano Rajoy, prometió anoche hacer "todo cuanto esté en nuestras manos" para restablecer la vigencia del acuerdo.
La comisaria europea subrayó, por su parte, que un futuro convenio debería "respetar plenamente" el sentido del voto de los eurodiputados, por lo que Rabat tendría que "dar respuestas convincentes sobre sostenibilidad medioambiental, rentabilidad económica y legalidad internacional". Esta última es la cuestión más espinosa: si la población saharaui se beneficia de la explotación de su banco pesquero.
Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca y presidente de Europêche, la patronal europea, acusó directamente a Damanaki del fracaso, "por dejación de responsabilidades". Del acuerdo dependen unos 600 empleos directos y varios miles de indirectos.
El calado político del conflicto lo dejó patente el Frente Polisario, que recibió con alborazo la suspensión del acuerdo. "Se ha hecho justicia. Es una victoria para el pueblo saharaui", dijo a Efe el embajador del Polisario en Argel, Brahim Ghali.
Fuentes diplomáticas españolas se mostraron convencidas de que la ruptura del acuerdo de pesca no tendrá consecuencias políticas en las relaciones entre España y Marruecos, aunque sí económicas. "Rabat sabe que el Gobierno español ha peleado por la prórroga y que los eurodiputados de los dos grandes partidos, PSOE y PP, la han apoyado".
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