"Colombia es una inmensa crisis humanitaria"

María McFarland (1976) es desde hace cuatro años la experta sobre Colombia de la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York. La semana pasada visitó España para participar en el seminario Balance de dos años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, organizado por el Centro Internacional de Toledo por la Paz (CITpax).

Ante el drama de violencia y muerte que vive Colombia, la investigadora confiesa que el país "es probablemente nuestra principal prioridad en América Latina". "Colombia es una inmensa crisis humanitaria", recuerda, y añade las razones: "Hay más de tres millones de desplazados dentro del país —sólo le supera Sudán— y los niveles de violencia política han sido y siguen siendo sumamente elevados. Es el lugar del mundo con el mayor índice de muertes de sindicalistas: ya van 27 este año".

McFarland atribuye "el grado de amenazas y presiones, que afectan a la capacidad de la población civil de expresarse plenamente, a grupos guerrilleros de izquierda, como las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Ejército de Liberación Nacional [ELN], que en los lugares que controlan crean su propio miniestado, con sus leyes. Pero también lo hacen, de una manera menos evidente, los paramilitares, que operan como mafias".

Human Rights Watch es crítica con el proceso de desmovilización de paramilitares emprendido por el Gobierno de Álvaro Uribe, al que ya se han acogido más de 30.000 personas. "La Ley de Justicia y Paz fue diseñada para dar una salida a los que tenían procesos en su contra", explica McFarland. "En realidad, los paramilitares nunca tuvieron mucho que temer del Estado colombiano; al contrario, durante años hemos documentado muchos casos de tolerancia y connivencia entre sectores militares y paramilitares. Pero cuando en 2002 EE UU solicitó la extradición de tres jefes paramilitares por narcotráfico, con la inclusión de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia] en la lista de organizaciones terroristas, cambió la dinámica. Los paramilitares empezaron a buscar algo que les permitiera limpiarse a cambio de una pena mínima. Y el Gobierno de Uribe les siguió el juego".

La organización humanitaria denuncia que la ley de Uribe, tal y como estaba concebida, era una "ley sin credibilidad". "Lo que nosotros hemos criticado desde el principio es que el proceso de desmovilización no estaba enfocado a un desmantelamiento total del grupo. No basta con ceremonias masivas de entrega de armas, como hizo el Gobierno", añade la investigadora, que ostenta la doble nacionalidad peruana y estadounidense. Hasta que "la Corte Constitucional respondió el año pasado a una demanda contra la ley y logró cambiar sustancialmente la ley: dijo que tenía que haber confesión plena y veraz, eliminó unas limitaciones que impedían que la fiscalía investigara y dijo que, si los desmovilizados mentían, o no entregaban bienes adquiridos de forma ilícita, o volvían a delinquir, perderían todos los beneficios otorgados. La gran pregunta ahora es si la fiscalía, que es la encargada de poner todo esto en práctica, va a tener la suficiente capacidad e independencia para hacerlo como debe".

Y la otra pregunta que todo el país se formula es si, al bajar el telón de la puesta en escena del desarme, se fragua ahora una reedición del paramilitarismo, con la reorganización de los desmovilizados y sobre todo de sus jefes, a pesar de encontrarse en benévolas cárceles: "Es muy difícil saberlo", contesta McFarland. "Lo que sí puedo decir es que no se ha tocado prácticamente las estructuras financieras del paramilitarismo: de dónde sacan sus recursos, todas esas redes criminales de narcotráfico y extorsión… No ha sido investigado, porque no era el objetivo del proceso de desmovilización. Diversos informes (de la OEA, por ejemplo) dicen que hay 3.000 hombres armados en distintos grupos. Otros informes hablan de hasta 8.000 paramilitares armados, que es la cifra que había a finales de los noventa".

Y mientras, se descubren los tentáculos de una red bautizada como parapolítica, la de los vínculos —tan estrechos como profundos— entre paras y políticos, aunque no gracias al proceso de desmovilización. "No, como algo absolutamente paralelo", prosigue María McFarland. "La Corte Suprema inició la investigación gracias en parte a los medios de comunicación. Ya hay 44 congresistas investigados, todos de la coalición de Uribe".

La otra barricada que contribuye a la agonía de Colombia es la levantada por las guerrillas. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se entrevistará hoy en París con su homólogo, Nicolas Sarkozy, y es más que previsible que gran parte de la reunión esté centrada en las labores de mediación de Caracas entre las FARC y Bogotá. El objetivo es lograr un canje humanitario de medio millar de guerrilleros presos y 45 secuestrados, entre los que se encuentra Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa.

Al respecto, María McFarland admite: "En cualquier negociación con grupos armados, aplicamos los mismos estándares: no puede haber impunidad por delitos de lesa humanidad. Evidentemente, los comandantes de las FARC tienen muchísima responsabilidad en masacres y homicidios… A diferencia del Gobierno colombiano, que advierte de que en la negociación va a tener que haber mucha impunidad y amnistía, nosotros creemos que las FARC tienen que liberar a los secuestrados sin condiciones. Nuestra posición es que deberían liberarlos a todos ya, porque están violando constantemente los derechos de sus rehenes. La verdad es que vemos el proceso con escepticismo".