Chávez impide tomar posesión a los gobernadores opositores

No hicieron falta los tanques que Hugo Chávez amenazó con utilizar si sus adversarios triunfaban en las elecciones regionales. Por vías civiles, el Gobierno venezolano y sus partidarios lo han hecho todo para impedir que los gobernadores y alcaldes de oposición, electos el 23 de noviembre pasado, tomen posesión y ejerzan sus cargos en las mismas condiciones de sus pares chavistas.

La alianza de partidos que se oponen al Gobierno central ganó los comicios a la alcaldía de Caracas y en cinco de los 22 Estados que eligieron nuevo gobernador (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Zulia y Táchira), entre otros cargos disputados en noviembre. Desde entonces, todos ellos han tenido dificultades para asumir el mando.

Tres semanas después de los comicios, César Pérez Vivas, gobernador electo de Táchira, Estado fronterizo con Colombia, no ha podido tomar posesión de su cargo, pues el Parlamento regional -con mayoría chavista- se niega a convocar la sesión para tomarle juramento. Mientras tanto, sigue en el poder el gobernador saliente, el chavista Ronald Blanco, ex capitán del Ejército.

En el Estado de Carabobo, donde obtuvo mayoría de votos el opositor Henrique Salas, ocurrió una situación similar. Ante la negativa del Parlamento regional de juramentarlo como gobernador, Salas recibió el poder de manos de un juez. Tres días después, ese mismo juez fue suspendido de su cargo por "órdenes de arriba", y un juzgado superior anuló su decisión. Finalmente, el martes pasado, el gobernador electo tomó juramento en una especie de operación tipo comando: llegó por sorpresa a una sesión del Consejo Legislativo y negoció con los diputados del chavismo que le entregaran el cargo en ese instante.

Otros de los ganadores en los comicios regionales han recibido un cascarón vacío. Es el caso del gobernador del Estado capitalino de Miranda, Henrique Capriles, y del regidor de Caracas, Antonio Ledezma. En los días siguientes a la elección del 23 de noviembre, un decreto del Gobierno nacional despojó a la Gobernación de Miranda y a la alcaldía del control de cuatro hospitales, del transporte público regional, de instalaciones deportivas y de un canal de televisión. La policía de Miranda fue desarmada en una "inspección de rutina". Además, las tomas de posesión de Capriles y Ledezma se realizaron en medio de protestas callejeras convocadas por el partido oficialista.

A los nuevos concejales del Cabildo Metropolitano de Caracas -en su mayoría, opositores- les fue confiscada la sede de la institución, después de que el Parlamento Nacional, controlado por una mayoría oficial, reclamara la propiedad del edificio. El cabildo se instaló con una semana de retraso en el auditorio del Colegio de Ingenieros y aún no ha encontrado sede permanente.

Donde las encuestas preveían de antemano el triunfo de la oposición, como en el Estado de Zulia, se produjo una transferencia de competencias de la administración municipal a la nacional en los días previos a las elecciones. Antes de entregar la alcaldía de Maracaibo al dirigente opositor Manuel Rosales, el regidor saliente, el chavista Giancarlo Di Martino, reasignó al Poder Ejecutivo la administración del Metro de la ciudad y del estadio de fútbol Pachencho Romero, uno de los escenarios de la Copa América en 2007. Adicionalmente, el 11 de diciembre, la fiscalía general presentó cargos contra Rosales por corrupción y conspiración.

El gobernador reelecto de Nueva Esparta, el socialdemócrata Morel Rodríguez, es el único de los opositores que parece haberse librado del asedio oficial. Pero las recientes lluvias, que han dejado 7.000 afectados, han complicado su segundo periodo de gobierno.