Bruselas examina con lupa las cuentas de Islandia

Bruselas está examinando con atención las respuestas al cuestionario de 2.000 preguntas que el pasado septiembre envió al Gobierno de Islandia para evaluar su entrada en la Unión Europea. Una parte de estas preguntas, que se refieren al cumplimiento de las obligaciones financieras del país, ha adquirido especial relevancia tras la negativa del presidente islandés, Olafur Ragnar Grimsson, de ratificar la ley que impone el pago de 3.900 millones de euros en compensaciones a los clientes británicos y holandeses afectados por el hundimiento del banco islandés Landsbanki, arrastrado por la crisis económica.

La mayoría de ciudadanos de la pequeña isla del norte del Atlántico consideran injusta y abusiva dicha ley, que fue aprobada por el Parlamento el pasado 30 de diciembre. Pero su bloqueo amenaza la entrada de Islandia en la UE. Reino Unido y Holanda han amenazado con bloquear el inicio de las negociaciones de adhesión.

Reino Unido y Holanda insisten en vetar el ingreso de Reikiavik si no paga

La primera ministra islandesa, Jóhanna Sigurdardóttir, solicitó oficialmente el ingreso el pasado 16 de julio. A la vista de las respuestas al cuestionario, que valora el grado de cumplimiento del acervo comunitario, la Comisión Europea emitirá una opinión sobre el inicio de las negociaciones de adhesión, que podría ser examinada por el Consejo Europeo en marzo.

La ley de la discordia establece un acuerdo para reembolsar a los Gobiernos de Reino Unido y Holanda las indemnizaciones a los 400.000 inversores de sus respectivos países que perdieron sus depósitos tras la bancarrota del banco Landsbanki, en sus cuentas Icesave a través de Internet.

Las indemnizaciones previstas implican una desproporcionada factura de 3.900 millones, equivalente a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de Islandia. La carga supone unos 40.000 euros por cada familia islandesa, difícil de aceptar para compensar las operaciones especulativas de inversores extranjeros. La ley de las indemnizaciones se articula a través de un préstamo con unas condiciones muy severas, que prevén un plazo de 15 años y un tipo de interés del 5,5%, muy por encima de los bonos del Reino Unido y Holanda y del tipo de interés de la zona euro.

Muchos ciudadanos islandeses argumentan, con razón, que el pago de esta factura hipotecará la recuperación económica del país durante años. En una tribuna en The Wall Street Journal,Hannes H. Gissurarson, ex administrador del Banco Central de Islandia, comparó la carga a la impuesta en Alemania tras la I Guerra Mundial.

Grimsson ha convocado un referéndum para el 20 de febrero para que sean los ciudadanos de la isla, que cuenta con unos 310.000 habitantes, los que decidan directamente si están de acuerdo con las condiciones exigidas a presión por las autoridades de Londres y La Haya.

La negativa de Grimsson a firmar la ley provocó las iras de los Gobiernos de Reino Unido y Holanda, que amenazaron con bloquear el inicio de las negociaciones de adhesión. Ambos países también pueden dificultar el crédito para el rescate del país que lidera el Fondo Monetario Internacional, por valor de 10.000 millones de euros. En este sentido, cabe recordar que, en diciembre, Grecia aplazó el inicio de las negociaciones de adhesión de Macedonia a la UE. La realidad, sin embargo, es que los últimos acontecimientos han reducido sensiblemente el interés de Islandia por incorporarse a la Unión.

El presidente islandés ha querido dejar bien claro que a pesar del veto a la ley, su país cumplirá sus compromisos financieros con Londres y La Haya. "Islandia", manifestó ayer a la radio pública sueca, "reconoce plenamente sus compromisos y su responsabilidad de pagar, pero la ley se refiere solamente al método, la forma y las condiciones de estos pagos".