Berlusconi lanza la ley que limitará el poder de los fiscales

El Gobierno presidido por Silvio Berlusconi ha aprobado hoy en un Consejo de Ministros extraordinario el proyecto de ley constitucional de reforma de la Justicia que, en esencia, limitará el poder investigador del ministerio público y reducirá la independencia y autonomía de la magistratura.

El jefe del Ejecutivo, imputado en cuatro procesos por media docena de delitos, presentó la iniciativa como el cumplimiento de una promesa electoral realizada cuando entró en política en 1994, y dijo que no tiene "nada" que ver con sus propios juicios.

Berlusconi ilustró los efectos reales de la reforma con un ejemplo: "Si se hubiera hecho hace 20 años, se habría evitado que la justicia invadiera la política como pasó en 1993 (se refería al caso Manos Limpias) y el intento actual de los jueces por hacer caer al Gobierno elegido por el pueblo".

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, explicó que la filosofía de esta "noble, liberal y pura" iniciativa reformista es "ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más justo y más rápido". Según el ministro, la ley "no quiere castigar a nadie sino quitar algunos privilegios".

En un ejercicio de propaganda y didactismo, Berlusconi y Alfano mostraron en dos dibujos su idea de que la justicia italiana es esencialmente injusta porque los jueces y los fiscales trabajan en connivencia contra los acusados. El primer dibujo mostraba una balanza inclinada; en un plato se sitúan el juez y el fiscal, mientras en el otro está el ciudadano indefenso. El segundo dibujo ponía al juez en el fiel de la balanza, y los dos platillos (acusación y defensa) al mismo nivel.

"La reforma resolverá ese desequilibrio poniendo al fiscal y al abogado defensor en el mismo nivel, y situando a los jueces por encima de ambos", explicó Alfano. La afirmación equivalía a afirmar que los juicios celebrados desde que existe la Constitución (1948) no han respetado las garantías de los acusados.

Las novedades principales del proyecto de ley son cinco: separación absoluta de las carreras, funciones y categorías de jueces y fiscales (aunque ahora ya realizan tareas distintas); desdoblamiento del actual Consejo del Poder Judicial (CSM) en dos órganos distintos, uno para fiscales y otro para jueces, ambos presididos por el Jefe del Estado; limitación de la obligatoriedad de la acción penal a los casos "previstos por la ley" (lo que permitirá al poder político establecer los delitos prioritarios que se deben perseguir), endurecimiento de la responsabilidad civil de los magistrados y creación de un Alto Tribunal que juzgará a los jueces que cometan errores.

Además, el proyecto prevé que las sentencias de absolución en primer grado no puedan ser recurridas por la fiscalía, salvo en los casos que fije la ley, y cambiará la competencia sobre la policía judicial, que ahora depende de los fiscales.

La ley tiene rango constitucional, ya que modificará diversos artículos de la Carta Magna, por lo que debe ser refrendada por una mayoría de dos tercios del Parlamento o en su defecto ser sometida a consulta popular. La "histórica" reforma, según la califica Berlusconi, irá acompañada por diez leyes ordinarias que el Ejecutivo irá presentando en las próximas semanas.

Además de este paquete legislativo, el Gobierno tiene ultimadas otras medidas, como el llamado proceso breve o la ley mordaza, destinadas a bloquear o retrasar los juicios pendientes de Berlusconi. El magnate y político, que compareció con un aparatoso vendaje en la mejilla izquierda (fruto de la reciente operación de trasplante óseo e implante dental), reiteró que dedicará los próximos lunes a defenderse en los tribunales "para explicar a los italianos cómo son las cosas".

La magistratura recibió el anuncio de la reforma con una lluvia de protestas y críticas. El fiscal de Palermo, Antonio Ingroia, habló de "contrarreforma"; el fiscal antiterrorista de Milán, Armando Spataro, calificó el proyecto como "inconstitucional y muy peligroso para la autonomía del poder judicial". Y el sindicato de los jueces afirmó que es una reforma punitiva, hecha contra los jueces, que reduce las garantías de los ciudadanos y altera sensiblemente el equilibrio de poderes".

Desde la oposición, barricadas: el exmagistrado Antonio di Pietro, de Italia de los Valores, afirmó que "es un proyecto destinado a desmantelar el estado de derecho". Y el Partido Democrático osciló entre la oferta de Massimo D'Alema ("lo discutimos si dimite Berlusconi") y la negativa de Dario Franceschini: "Solo intenta quitar autonomía a los fiscales para ponerlos bajo el control político del Gobierno".