"Ésta es la última oportunidad para los empresarios que contratan a 'sin papeles"

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración (Almería, 1957), es la responsable directa del proceso de regularización que empieza hoy. Ha logrado el consenso de empresarios, sindicatos, ONG, partidos (excepto el PP) y hasta de la Iglesia en torno al Reglamento de Extranjería que echa a andar. También ha movilizado recursos de cuatro ministerios para que la regularización sea un éxito.

Pregunta. ¿Cuántas personas se beneficiarán del proceso?

Respuesta. Debo recordar que estamos dando respuesta a un problema heredado del Gobierno del PP: cientos de miles de personas en situación irregular. El número preciso de los beneficiarios es imposible de establecer. Estimamos que el universo potencial, es decir, la cifra de irregulares que viven en España, está en torno al millón de personas. Sin embargo, ésa no es la cifra de quienes podrán acogerse al proceso de normalización, al que sólo podrán acceder quienes dispongan de un contrato de trabajo, carezcan de antecedentes penales en su país y en España y puedan demostrar con su empadronamiento que residen entre nosotros desde antes del 7 de agosto. En buena lógica, el número de personas que podrán ser documentadas será considerablemente menor.

"La lucha contra la inmigración irregular es una prioridad, y por ello seguiremos incrementando las repatriaciones, pueden tenerlo por seguro"

P. ¿A partir de qué cifra de regularizados consideraría que el proceso ha sido un éxito?

R. Los ciudadanos deben saber que muchas de estas personas ya trabajan pero no están contribuyendo mediante impuestos y cotizaciones al mantenimiento de los servicios sanitarios, educativos... Por eso, cada persona que salga de la economía clandestina mediante esta oportunidad y se convierta en un contribuyente activo, cada empresario que acuda a legalizar una situación de irregularidad, serán un éxito del proceso. Ésa es la única vara de medir esta iniciativa.

P. Habrá empresarios que no regularicen a sus trabajadores. ¿Qué pueden hacer éstos?

R. Los extranjeros que no puedan acceder a este proceso tienen que saber que les será muy difícil seguir de manera irregular en el país. Y los empresarios que sigan teniendo a irregulares trabajando deben saber que estamos dispuestos a aplicar la ley con contundencia. Es la última oportunidad que tienen para ponerse al día. Las sanciones previstas llegan a 60.000 euros por trabajador. A eso se arriesga quien siga contratando a irregulares. No habrá permisividad.

P. ¿Y si los sin papeles denuncian al empresario que no ha querido regularizarlos?

R. El Reglamento contempla una formula de arraigo laboral que acogería a los trabajadores que pudieran demostrar que llevan al menos dos años en España y un año trabajando, y que pondría en una situación muy complicada a quien los haya contratado. Pero este procedimiento exigirá una demostración fehaciente de la contratación irregular.

P. El proceso de normalización depende en buena medida de la efectividad de la Inspección de Trabajo. ¿Tienen previsto reforzarla?

R. Vamos ser muy estrictos. Los controles están previstos desde el mismo momento en que se presente una solicitud. Se examinarán concienzudamente la fiabilidad y solvencia de la empresa y la documentación del inmigrante.

P. ¿Pero será reforzada la Inspección de Trabajo?

R. Estos días estamos trabajando en eso. La Inspección de Trabajo será reforzada y prestará una vigilancia especial al proceso. Hemos elaborado un protocolo para la detección e investigación de fraudes. Existen unos criterios que harán saltar las alarmas al menor síntoma. Si existen indicios de delito intervendrá la policía. No estamos dispuestos a que nadie pueda aprovecharse situación para defraudar.

P. Algunos países europeos y algunos partidos han advertido sobre el efecto llamada que puede tener este proceso. ¿Qué medidas han previsto para conjurarlo?

R. Esos países han puesto de relieve que la UE carece de un marco común donde debatir e informar sobre estas cuestiones. Para superarlo, el Gobierno asume y defiende en primera línea una política común de inmigración.

P. Pero a esos países les preocupa el posible efecto llamada.

R. El principal efecto llamada es la economía sumergida, la posibilidad de acceder a un trabajo al margen de la legalidad. Es una estafa a todos los ciudadanos. No deja de resultar sorprendente que quienes llevaron a cabo varias regularizaciones extraordinarias y bajo cuyos Gobiernos se mantuvo un muy elevado grado de economía sumergida, protesten ahora airadamente por una medida destinada a combatir la situación que nos legaron. Ahora bien, somos conscientes de que las mafias tratan de sacar partido de cada situación. Por ello, hemos adoptado medidas de reforzamiento sobre las que, como comprenderá, no voy a entrar detalles. Pero le aseguro que existen.

P. ¿Qué ocurrirá con los inmigrantes empadronados después del 8 de agosto de 2004?

R. Ésta no es una regularización extraordinaria, un proceso de documentación indiscriminado como los anteriores. Mediante una negociación con sindicatos y empresarios, y con un consenso político y social desconocido, hemos pactado un proceso singular que conlleva la exigencia de varios requisitos, entre ellos el del empadronamiento. Habrá personas que no puedan acogerse a él y que no deberían permanecer en el país en esa situación, por el riesgo que asumen. No quiero engañar a nadie, ése es el mensaje

P. ¿Está previsto un aumento de las expulsiones?

R. La lucha contra la inmigración irregular es una prioridad y, por ello, seguiremos incrementando las repatriaciones. En el 2004, se alcanzaron prácticamente 120.000, casi 30.000 más que en el año anterior. Por lo que respecta al 2005, a 5 de febrero ya se habían superado las 10.000. Ésa es la responsabilidad del Gobierno y la vamos a llevar a cabo con toda diligencia, puede tenerlo por seguro.

P. ¿Qué sucederá con los subsaharianos que siguen llegando en pateras y que no pueden ser repatriados?

R. A la gente hay que decirle la verdad. La existencia de un número de inmigrantes a los que no es posible expulsar porque carecen de documentación y por la dificultad de alcanzar convenios de readmisión con sus países es un problema real que no tiene una solución inmediata, lo que no significa que permanezcamos impasibles. Vamos a llevar a cabo un trabajo para ampliar esos acuerdos de readmisión. Se lo plantearemos a los países subsaharianos que son el principal foco de partida de la inmigración clandestina. Ya hemos comenzado con Malí, y seguiremos avanzando en esa dirección.