Sortu

El dilema de legalizar o no legalizar Sortu amenaza con amargar el final feliz de la lucha contra ETA, llevándose quizá por delante el pacto de legislatura que sostiene al lehendakari, Patxi López. Menos mal que la astucia de Rubalcaba ha permitido traspasar la papeleta a los tribunales, para que puedan lavarse las manos los Gobiernos de Madrid y de Vitoria. De modo que si todo ocurre según se espera, finalmente Sortu no será legalizada. Lo cual será mal percibido por la opinión pública vasca, que verá otra vez frustradas sus expectativas más indulgentes y acomodaticias. Y aún lo recibirá peor la izquierda abertzale, que protestará airada denunciando que el Estado español incumple sus propias reglas al bloquear con nuevas exigencias la ordenanza en vigor que hasta hoy se requería para su legalización.

La izquierda 'abertzale' debería asumir en público su responsabilidad como cómplice de ETA

El problema de fondo es la Ley de Partidos, que al restringir los derechos políticos excluyendo a la izquierda abertzale de la representación electoral solo puede ser excepcional y transitoria. Quienes nos opusimos a ella alegábamos dos razones en contra que continúan vigentes: la primera instrumental, pues prohibir las candidaturas de Batasuna no solo impide visualizar su pérdida progresiva de apoyo electoral, sino que además amenaza con neutralizar e invertir la tendencia, reforzando sus bases de apoyo social. La otra razón es sustancial o de principio, pues una democracia de calidad no debe restringir el pluralismo de la representación excluyendo candidaturas a las que se priva de su derecho de sufragio pasivo. Frente a ello, las razones que aconsejaban aprobar la ley también eran dos. Una utilitaria o pragmática, a fin de oponer los intereses de ETA y Batasuna a la espera de que esta se distanciase de aquella, lo que ya se ha logrado casi por entero. Y la otra razón también era de principio, pues no se puede consentir que una candidatura electoral se beneficie del asesinato o la coacción de sus rivales políticos. Pero si ETA deja de matar, esta razón ya no tendrá sentido y la ley deberá caducar cuanto antes.

Entremos ahora en la demanda de legalización. Si tomamos al pie de la letra las exigencias requeridas, Sortu ha satisfecho expresamente su rechazo preventivo a la violencia futura de ETA; y si esta se reprodujese, sostiene que entonces la condenará. Lo cual le diferencia claramente de Batasuna, que jamás cruzó semejante frontera verbal. Y cumplido ese requisito, no parece justo que además se le pida ahora como nueva condición la previa disolución de ETA, pues eso es algo que Sortu no está en disposición de decidir. Lo único que puede hacer es separarse de la violencia mediante una declaración performativa de rechazo del terrorismo. Igual que declarar "sí quiero" convierte a una persona soltera en casada, también declarar "no quiero seguir unida a la violencia" equivale a divorciarse de su anterior complicidad.

Eso aclara el bizantino debate sobre si Sortu es o no continuación de Batasuna: esta permanecía unida a ETA mientras que aquella ya no lo está. O sea que ahora estamos ante un nuevo estado civil de la misma izquierda abertzale, una vez formalizada no la ruptura con ETA pero sí su separación por consenso o divorcio de mutuo acuerdo, tras firmar un pacto de divergencia que conviene a ambas partes. Según ese acuerdo, ETA renuncia a la lucha armada tal como le solicitó su anterior consorte Batasuna (aunque no se disuelva todavía para vigilar y rentabilizar el pacto), e incluso acepta que una Sortu ya emancipada de su tutela rechace teóricamente la posible violencia futura que quizá no se produzca ya. Todo a cambio de que la izquierda abertzale respete la violencia pasada de ETA sin condenarla jamás: este es el velo de ignorancia que constituye la clave del pacto. De ahí que Sortu se comprometa por su parte a respetar el velo de silencio retrospectivo sobre la violencia pretérita a cambio de que ETA acepte el nuevo lenguaje de condena formal de su futura violencia hipotética.

¿Significa esto que podemos aceptar el blanqueo de Sortu? Lo dudo mucho, pues la declaración performativa de rechazo de la violencia podría ser tan solo una performance: una mascarada. Y es que la izquierda abertzale habla mucho de proceso democrático como encuadre legitimador (framing) de su estrategia política. Pero, a juzgar por su discurso, todavía no se han democratizado en absoluto, pues solo rechazan el matar porque ya no les sirve para alcanzar sus fines. Y para democratizarse de verdad deberían levantar su velo de ignorancia y de silencio, asumiendo en público su pasada responsabilidad como cómplices encubridores de las violaciones de derechos humanos cometidas por ETA. Si Sortu aspira a democratizarse, antes de exigir sus derechos tendrá que empezar por reconocer los derechos ajenos.