Las críticas por la carga policial en Barcelona fuerzan a Mayor a comparecer en el Congreso

Una grave torpeza policial ha desatado una auténtica crisis política. La delegada del Gobierno en Barcelona, Julia García Valdecasas, fue llamada ayer a Madrid para preparar la intervención del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el lunes en el Congreso, donde explicará la brutal e indiscriminada carga policial del jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), después de que medio centenar de alumnos protestar contra la presencia del jefe del Ejecutivo, José María Aznar. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, dijo ayer que la actuación policial fue "adecuada a las circunstancias".

Aznar visitaba el Centro de Microelectrónica sito en el campus de la UAB y los incidentes se saldaron con once estudiantes, dos empleados, un profesor y cinco policías heridos. La visita del presidente del Ejecutivo a Barcelona fue preparada tarde y mal. Al menos en lo que a seguridad se refiere. La descoordinación fue absoluta. Mayor, el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, y Piqué no tuvieron conocimiento de que Aznar visitaba una universidad hasta las 17.00 de anteayer. La delegada del Gobierno no fue informada de que Aznar tenía previsto visitar el jueves la universidad hasta la tarde del miércoles. Y Francisco Arrébola, jefe superior de Policía de Barcelona, y, por tanto, responsable del operativo, aún tardó más en enterarse. Tanto la delegada del Gobierno como el jefe superior -que ayer se reunieron en Madrid con Martí Fluxà y con el director del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Cotino- se ampararon en que el contingente policial se vio obligado a utilizar la violencia contra los estudiantes porque se vio desbordado. Fuentes policiales apuntaron que quizás un despliegue policial más abundante hubiera evitado los enfrentamientos, ya que sólo unos 50 estudiantes protestaban en principio contra la presencia de Aznar. Al final los agentes arremetieron contra unos 200 estudiantes. García Valdecasas entregó ayer en el ministerio los informes, testimonios e imágenes de televisión que sustentan la versión policial, y que Mayor Oreja utilizará el próximo lunes a las 17.00 durante su comparecencia, a petición propia, ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. El Gobierno, a través de Piqué, lamentó "las consecuencias y las circunstancias en las que se produjeron" los incidentes y anunció el compromiso de que Mayor informe ante la Comisión de Interior y Justicia del Congreso de los Diputados. Piqué, sin embargo, considera que la policía "actuó de forma adecuada", si bien reconoció que pudo haber "algunos déficit de información previa". El ministro portavoz insistió en que "hubo una actitud agresiva por parte de un reducido grupo de estudiantes pertenecientes a grupos radicales que generaron una reacción en la policía acorde con este tipo de circunstancias". En el mundo universitario catalán la sensación era de estupefacción y hasta de incredulidad ante los hechos vividos la víspera. Algunos rectores explicaron que les hacía "retroceder en el tiempo a los años duros del franquismo", cuando la policía campaba a sus anchas por las aulas. El rector de la UAB, Carles Solà, y su equipo de Gobierno, junto con los 14 rectores de las universidades que forman parte del Instituto Lluis Vives, una institución que agrupa a la práctica totalidad de las universidades del ámbito lingüístico catalán, acudieron personalmente a la Delegación del Gobierno a presentar su protesta por la "actuación desproporcionada" de la policía. Los rectores fueron recibidos por García Valdecasas, que, pese a lamentar lo ocurrido, mantuvo que los incidentes ocurrieron fuera del campus y que fueron provocados por un pequeño grupo de "reventadores". La visita de los rectores fue seguida por la llegada de unos 4.000 universitarios. La manifestación transcurrió sin incidentes notables. Las provocaciones de una treintena de jóvenes, que lanzaron huevos, tomates, piedras y botellas contra la fachada de la Delegación no obtuvo respuesta policial. Incluso, en los momentos de más tensión, una gran cantidad de universitarios formaron una barrera humana frente a la puerta para evitar que los más radicales continuaran con el lanzamiento de objetos.Aznar, "persona non grata"

El próximo lunes, la UAB celebrará un Claustro extraordinario en el que se someterá a votación declarar persona non grata a Aznar y en el que Solà ha planteado una moción de confianza. En el ámbito político el rechazo por la actuación de la policía fue casi unánime, a excepción del PP, que mantuvo un prudente silencio, pero cuya imagen en Cataluña se ha visto seriamente afectada. En la manifestación de estudiantes se encontraban diversos políticos: Joan Ferran (PSC), Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), Joan Saura (IC-EV) y Miquel Esteve (PI). También había miembros de UGT y CC OO. Todos reiteraron su petición de dimisión de la delegada del Gobierno. Desde la izquierda, esta petición fue un clamor. Para el portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Joaquim Nadal, la actuación policial fue "absolutamente desproporcionada, injustificada y sin precedentes en los últimos 20 años". Nadal pidió la comparecencia de los consejeros de la Presidencia y de Gobernación de la Generalitat en el Parlamento catalán. Rafael Ribó, de IC-EV, la calificó de "ignominiosa y vergonzosa". En términos parecidos se manifestaron ERC y el PI. CiU fue crítica pero no pidió dimisiones. Su portavoz en el Congreso, Joaquim Molins, pidió una investigación "de la desproporcionada actuación policial", aunque rechazó pedir la dimisión de la delegada. El secretario adjunto de UDC, Jordi Petit, expresó el "más firme rechazo" a la actuación policial y aseguró que se habían "vulnerado de manera grave los derechos de manifestación y expresión y los de autonomía universitaria". El consejero de Gobernación, Xavier Pomés, dijo que "se deberían haber puesto los medios y se deberían haber dado las instrucciones para evitar los incidentes".