Garzón concluye una investigación de seis años sobre Batasuna

El juez Baltasar Garzón concluyó ayer, seis años después de que lo iniciara, el caso Batasuna, en el que ha investigado las estructuras del frente político e institucional del complejo terrorista que lidera ETA, así como sus medios de financiación, entre los que destacan las herriko tabernas [tabernas del pueblo].

Este macrojuicio contra el entorno de ETA podría celebrarse en otoño

La instrucción, que se ha plasmado en más de 800 tomos de actuaciones, ha culminado con 40 dirigentes o militantes de Batasuna procesados por pertenencia a banda terrorista, cinco de los cuales se encuentran en prisión preventiva: Joseba Permach, que se había convertido en el hombre fuerte de la formación ilegalizada en 2007 tras la ruptura de la tregua de ETA; Joseba Álvarez, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro.

Entre los procesados figura el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, que se encuentra preso en la cárcel de Martutene (San Sebastián) por otra causa. Otros dirigentes de Batasuna que están procesados en este sumario son Adolfo Araiz, Mikel Arregi, Esther Agirre, Floren Aoiz y también lo estaba el veterano Jon Idígoras, aunque falleció en junio de 2005. El dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y el que fuera jefe de Jarrai, Jon Salaberria, se encuentran en paradero desconocido.

El caso podría juzgarse el próximo otoño, después de que el fiscal y las acusaciones presenten sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, que serán contestados por las defensas. Sería el cuarto macroproceso que se juzgue sobre las estructuras del entorno de ETA. Ya fueron juzgados los responsables del movimiento juvenil, formado por Jarrai, a la que siguió Haika y luego Segi, y el año pasado concluyó la vista del sumario 18/98 sobre el entramado de financiación, relaciones internacionales y medios de comunicación de la banda terrorista. Para el próximo día 21 está previsto el inicio del juicio contra 28 dirigentes de Gestoras pro Amnistía y de su sucesora, Askatasuna, organizaciones del entorno de ETA de apoyo a los presos de la banda.

El juez señalaba en uno de sus autos de procesamiento que en la causa existen indicios de que "la utilización de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna por parte del frente armado de la organización terrorista ETA se ha realizado a través de la participación en sus órganos de dirección", y destacaba que los procesados eran "presuntos delegados de aquella organización, que lidera todo el complejo terrorista en la formación política" y que está "controlada por ETA".

"La configuración de Batasuna como una de las tres grandes empresas del Proyecto Udaletxe de ETA-KAS y la inclusión de la asesoría-gestoría Banaka, SA y la distribuidora Eneko, SA en ese mismo proyecto (...) permitían al sistema financiero de la banda controlar y administrar los recursos económicos generados por las herriko tabernas y posteriormente poner esos recursos a disposición de otras estructuras".

Las herriko tabernas están subordinadas y dependen política, económica y organizativamente de Batasuna. Su patrimonio supera los 12 millones de euros y sus movimientos financieros anuales se estiman en 15 millones de euros.