Feijóo enseña sus costuras

Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en paraísos fiscales.

El compromiso de acabar con el caciquismo es papel mojado

El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que hacer", sentenció entonces Feijóo.

De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración, suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.

De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra de duda, antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un restaurante familiar).

Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".

El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó 156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.

En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.

El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón, José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.