El Congreso pide ilegalizar a Batasuna y Garzón prohíbe todas sus actividades

El juez Baltasar Garzón ordenó ayer la suspensión por un periodo de tres años, prorrogables hasta cinco, de todas las actividades públicas y privadas de Batasuna, la clausura de sus sedes, la suspensión de todas las ayudas financieras, la prohibición de convocar manifestaciones y concentraciones y hasta la cancelación de su página web en Internet, entre otras determinaciones.

El magistrado justifica su medida con el argumento de que 'la propia estructura de HB-EH-Batasuna [denominaciones sucesivas del partido aberzale] se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz'.

No se trata, alega, 'de suspender las actividades de un partido político para privar a los ciudadanos de un medio de participación democrática', sino de combatir una organización terrorista. El juez justifica la suspensión en que Batasuna es 'una de las partes o estructuras que forma parte del complejo o grupo terrorista' cuyas atentados 'han sido sistemáticamente dirigidos contra sectores de población definidos y, a veces, en forma indiscriminada', por lo que no debe dudarse en calificarlos como 'crímenes contra la humanidad'.

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Aunque Batasuna no comete atentados, terrorista no es sólo el que ejecuta actos violentos, agrega, 'sino también el que incita dirige, financia y da vida a todo el complejo organizativo, construyendo el edificio común de la violencia que da vida al grupo'.

Las disposiciones de Garzón son inmediatamente ejecutivas 'a partir de la fecha de esta resolución'; es decir, ayer mismo. El auto fue notificado al fiscal y a los abogados del partido aberzale, así como a la Dirección General de la Policía y al destacamento que tiene la Ertzaintza en la Audiencia Nacional.

A lo largo de 375 folios, el juez de la Audiencia Nacional explica las razones que le han llevado a decidir la suspensión de Batasuna: un extenso y documentado compendio del origen del partido aberzale; su dependencia de ETA, su introducción en la violencia predicada por la banda, su financiación por la organización terrorista entre 1978 y 1992, las convocatorias de jornadas de lucha en apoyo de la banda y hasta la relación con organizaciones terroristas extranjeras.

Bajo el epígrafe Dispongo, Garzón concreta a lo largo de seis folios el alcance de la muerte civil de Batasuna como partido político durante un periodo de tres años, 'prorrogables a cinco si así se decidiera'.

Garzón clausura en primer lugar las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que disponga Batasuna. Éstos deberán ser identificados por la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la policía nacional y por la Ertzaintza, a la que Garzón entregó ayer copia de su resolución, a través del destacamento que la policía vasca tiene en la Audiencia Nacional.

El magistrado da un plazo de cuatro días al representante legal de Batasuna, la abogada Jone Goirizelaia, para que identifique la coexistencia de otras organizaciones en los locales de Batasuna, proponiendo su salida 'o independización suficiente', que será valorada por el juzgado.

Para el precinto de los locales Garzón ha requerido el auxilio de la Consejería de Interior vasca y de la Dirección General de la Policía. Del quebranto de la clausura o de los precintos responderán los responsables de los locales. También quedarán clausurados las sedes de Batasuna dentro de las herriko tabernas.

También suspende todas las actividades orgánicas públicas, privadas e institucionales en todos los organismos públicos, registros, bancos, notarios, fundaciones, asociaciones, sociedades, etcétera, de HB-EH-Batasuna.

Esto incluye la suspensión de las ayudas y subvenciones financieras que 'reciba, haya recibido o le correspondan' a Batasuna por parte de organismos públicos centrales, autonómicos y locales y cita también el Parlamento Europeo, donde el grupo tiene un diputado. Dichas subvenciones deben ser depositadas en una cuenta del juzgado. Se incluyen las ayudas o subvenciones 'económicas o en especie' que reciba Batasuna a través de personas individuales pero con destino a la organización.

El juez ordena la suspensión del suministro de electricidad, agua, teléfono y comunicaciones; y priva al partido de la capacidad de contratar, negociar, suscribir acciones, obligaciones, préstamos, fondos de inversión y demás operaciones bancarias. Igualmente, queda en suspenso la capacidad de participar como partido en cualquier actividad de ámbito nacional o internacional; la de convocar manifestaciones, concentraciones y caravanas, así como la de organizar actividades propagandísticas.

Para hacerlas efectivas, estas medidas se comunicarán también a los registros mercantil, de la propiedad, de tráfico, así como a bancos y entidades financieras. Garzón encomienda a la policía la cancelación de la página web y otros servicios que pudiera tener contratados Batasuna en Internet. Además, ordena que se comunique la decisión a los diferentes medios de prensa, radio y televisión para impedir la contratación de espacios publicitarios.

La suspensión de actividades no afecta a las personas individuales y los escaños que puedan ostentar los cargos de Batasuna, pero sí aquellas actividades que puedan desarrollar 'como grupo' fuera de los estrictos límites del Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Lo que puedan hacer dentro de esas instituciones se deja al arbitrio de las mismas.

En otro apartado, el juez pide a la policía que identifique a todas las personas que han integrado la Mesa Nacional de HB-EH-Batasuna y de éstas, a las que se encuentren aforadas y las que ocupen cargos públicos, así como las que han desempeñado responsabilidades en ETA-KAS- EKIN. Esta identificación permite deducir que algunos cargos de Batasuna pueden ser citados como imputados en el futuro.

También ha pedido a la UCI un informe sobre la nueva formación 'Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Abertzale Sozialistak', nombre que han adoptado los cargos de Batasuna en algunas instituciones por si 'responde a los mismos presupuestos'.

El auto judicial recuerda que, desde su su creación y hasta agosto de 2002, el complejo terrorista ETA ha causado 836 muertos y 2.367 heridos.