Dinero para mover la Universidad

Matrículas universitarias más caras, pero más abundantes y generosas becas que lleguen a un alto porcentaje de los alumnos. Ésta es la base de la fórmula que se propone recurrentemente para tirar de los campus públicos españoles hacia la mejora de la calidad. La idea estaba ya en el informe que hizo el Consejo de Universidades en 1995, y volvía a aparecer en otro que se hizo en 2007, especificando que serían los estudiantes que suspendan quienes pagarían matrículas bastante más caras.

Después de dos años arrumbado en un cajón, ese informe, con la misma idea, se retoma, con otra propuesta que permanentemente se intenta y sólo ocurre a medias: financiar las universidades en función de objetivos de calidad que de una vez terminen con ineficiencias clásicas: alumnos que repiten mucho, otros que abandonan y una oferta de titulaciones tan repetidas que en algunos campus se quedan sin demanda. Y todo ello aderezado con un mayor esfuerzo presupuestario (después de la crisis, se dice) tanto del Gobierno como de las comunidades -de ellas depende la mayor parte de la inversión en universidades-. Educación presentó la semana pasada un documento de "reflexiones" que, con todas esas ideas, se debatirá los próximos dos meses con rectores, comunidades autónomas y agentes sociales para acordar el modelo definitivo.

Intereses internos lastran el gobierno de los campus, critica el informe

¿Será esta vez posible? Hay muchos escépticos, como el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo, que hizo numerosos trabajos sobre el tema entre finales de los noventa y principios del nuevo siglo. "Creo que [el texto] es muy poco concreto", dice. También es escéptico, sobre todo acerca de la idea de gravar mucho más la matrícula del que suspenda, el profesor de Estadística de la Universidad de Sevilla José Luis Pino Mejías, uno de los redactores del informe de 1995. "La idea de subir las matrículas no ha tenido éxito porque la sociedad española no la comparte, entiende la Universidad como un servicio público pleno", opina. Tampoco cree que vaya a fructiferar ahora, y recuerda que los repetidores ya pagan más.

Pero la propuesta ahora es que sus tasas sean mucho más caras, ya que se abonaría entre la mitad y el valor completo del coste real del estudio; los alumnos pagan entre un 10% y un 12% en la primera matrícula, según distintas estimaciones). Así, por ejemplo, la asignatura más cara de la carrera de Derecho en la Autónoma de Madrid vale ahora la primera vez 80 euros, la segunda, 95 y la tercera, 135. Aplicándole los porcentajes propuestos en el nuevo informe, en 2015 costaría en torno a 330 euros la segunda matrícula y la tercera, 660.

Pero esto, aparte de ir acompañado de la subida de la cobertura y cuantía de las becas (la idea es llegar al 30% de los alumnos de grado en 2015; ahora son el 15%), tendría que asociarse a una mayor calidad de la enseñanza, coinciden García-Montalvo y Pino Mejías. Una alta tasa de suspensos no depende sólo de los estudiantes, sino que a veces hay problemas estructurales, recuerda éste último. García-Montalvo añade que sin unos controles de calidad, se estaría premiando económicamente a las facultades que más suspendan. Muchas veces se ha señalado, por ejemplo, que en las ingenierías (en las que los alumnos aprueban, de media, sólo la mitad de las materias cada año), se ha mantenido muy alto el nivel de exigencia, en ocasiones, a costa de suspensos masivos casi como seña de identidad.

¿Cómo se arreglaría esta parte? Con la otra pata que propone el informe: una financiación vinculada a objetivos de mejora. Esto ya se da en cierta medida, recuerda Pino, con los contratos- programa que se propusieron en aquel informe de 1995. Efectivamente, buena parte de las comunidades, sobre todo aquellas que tienen más de una universidad pública, han ido incorporando desde entonces un modelo mixto entre la financiación básica (calculada sobre todo a partir del número de estudiantes) y otra vinculada a objetivos, reflejaba el informe de 2007. En Andalucía, por ejemplo, ésta última parte supone alrededor del 10%.

Ahora, se insiste en el nuevo informe en que el sistema debe "estar orientado a los resultados", de lo que se desprende que todavía no lo está suficientemente. Pino dice que hay que tener cuidado con esa idea, porque puede comerse la autonomía universitaria y el informe viene a decir que es la única manera de llevar a cabo los cambios necesarios.

Primero, se señala que la reordenación de esa oferta de titulaciones tan mal repartida no se está llevando a cabo, como se esperaba, aprovechando el cambio de las carreras para adaptarlas a Europa (plan Bolonia). Y, aunque se dice que la situación no es la misma en todas las universidades, las explicaciones de los expertos autores que han ido elaborando el texto son demoledoras: "En el Gobierno de las universidades pesa mucho más la satisfacción de intereses internos (mantenimiento del peso de los grupos de presión, departamentos, colectivos, etcétera) que la atención a las necesidades de la sociedad", y en "el gobierno de las comunidades autónomas prevalece la conservación de la paz social ante la presión de las universidades".