El descenso del gasto permite reducir un 20% el déficit público hasta marzo

Las erráticas cuentas públicas de Grecia y Portugal traen, otra vez, zozobra a los mercados financieros. "En la medida que cumplamos lo que nos hemos planteado, resistiremos la crisis", recetó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ante la nueva ola de incertidumbre. En primera línea de esos compromisos está la reducción del déficit público. En 2010, se logró lo prometido. Este año, con los datos del primer trimestre en la mano, Ocaña mantuvo que, al menos en la Administración central, la evolución "está en línea" con el objetivo: bajar el déficit conjunto de todas las administraciones del 9,2% al 6% del PIB. Queda por despejar la incógnita de las comunidades autónomas.

La recaudación de impuestos crece un 2,7% impulsada por la subida del IVA

Las cifras presupuestarias hasta marzo, divulgadas por Ocaña en conferencia de prensa, revelan que el déficit de la Administración central se paró en 6.900 millones de euros, un 20% menos que en el primer trimestre de 2010. Un recorte que se explica porque los ingresos cayeron (16%) menos que los gastos (24%). En un sitio y el otro pesa el cambio del sistema de financiación autonómica. Porque, si se toman en conjunto todos los ingresos (sin descontar la parte cedida a las comunidades, que crece por el nuevo sistema de financiación), la recaudación mejora un 2,7% respecto al primer trimestre de 2010, al superar los 41.850 millones.

Con el nuevo modelo, al Gobierno le queda menos parte del pastel porque ha aumentado hasta el 50% la cesión a las comunidades de los grandes impuestos. Eso se compensa con una menor transferencia de recursos. En el menor gasto influye además que el Gobierno ha empezado a descontar el primer pago de lo que estas administraciones le adeudan por haber recibido dinero de más en 2009.

Si también se tiene en cuenta que el Gobierno ha dejado de subvencionar inversiones extraordinarias en los municipios (cosa que sí hizo en 2009 y 2010), el recorte en gasto público, que Ocaña consideró "esencial" para alcanzar los objetivos, es menos significativo. El secretario de Estado enfatizó, eso sí, que la partida de salarios públicos cae el 5,1%, dato que coincide ya con el objetivo de recorte de gasto de personal que se había marcado el Gobierno.

En el capítulo de ingresos, el IRPF aumenta moderadamente (un 2,4%), por las mayores retenciones a las rentas de los trabajadores. En este ejercicio opera ya la nueva escala, que eleva el gravamen para los contribuyentes que declaren más de 120.000 euros.

Los datos de la Seguridad Social abonarían la idea de una leve mejora laboral. Según el Ministerio de Trabajo, el balance del primer trimestre subió un 2,4% respecto a 2010, para dejar el superávit en 6.089 millones. Es el primer avance desde septiembre de 2008. Pero se debe más al descenso de las cotizaciones de desempleados que abona el sistema (en muchos casos, porque agotan el derecho a prestación) que al leve aumento de las contribuciones.

Con el impuesto sobre la renta aún estancado, es el IVA el que tira de la recaudación, con un aumento del 8%. Aquí es determinante la subida del tipo que se aprobó en julio (del 16% al 18%). Ocaña añadió que, si no se hubiese adelantado el calendario de devoluciones, el alza llegaría al 13%. Bien distinto es el comportamiento de los impuestos sobre hidrocarburos y tabaco, que el Gobierno también subió el año pasado.

A diferencia de lo que han hecho la mayoría de las empresas con el IVA, las distribuidoras de carburantes y las tabacaleras han trasladado íntegramente la subida fiscal al consumidor. En el caso de las tabacaleras, el Banco de España advirtió que el aumento de precios superó el alza impositiva. Ocaña indicó que la caída del consumo explica el descenso recaudatorio, más intenso en el tabaco que en los carburantes. Hacienda pensaba lograr 780 millones extra con la subida del tributo al tabaco; Ocaña admitió que "por ahora" gana la política sanitaria.