Los papeles de Alcalá-Zamora valen 80.000 euros

Los secretos de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la Segunda República entre 1931 y 1936, están a punto de dejar de serlo. Cartas, dietarios, manuscritos y diarios escritos por el político hasta 1936, sobre cuyo contenido se ha fantaseado alegremente -a pesar de que casi nadie ha accedido a ellos a excepción de la familia Soria, que los ha guardado unos 70 años aunque se ignoran las circunstancias en las que llegaron a sus manos-, saldrán por fin a la luz tras la entrega de todo el material al Ministerio de Cultura.

Esta familia ofreció al Gobierno el legado de Alcalá-Zamora en dación, una figura que permite pagar impuestos en especie con obras de arte o de valor histórico como ocurre en este caso. El fondo documental ha sido evaluado en 80.000 euros por los técnicos, aunque precisan que la cifra se podría elevar hasta los 100.000 en el caso de que se aportasen algunos originales manuscritos. El Ministerio de Economía y Hacienda, que debe dar el visto bueno a estas operaciones, ha autorizado la dación, que se hará oficial hoy.

La Guardia Civil frustró en 2008 un intento de venta entre particulares

El origen de la cesión es turbio como todo lo novelesco. Alcalá-Zamora había depositado documentación -oficial y privada- en la caja fuerte del banco Crédit Lyonnais de Madrid, de donde fue robada al comienzo de la Guerra Civil. El ex presidente de la Segunda República, sorprendido por el golpe de Estado fuera de España, se exilió en Buenos Aires y, desde allí, redactó unas memorias tirando del recuerdo y sin la ayuda del material depositado en Madrid. No se sabe cómo estos documentos llegan a manos de la familia Soria en 1941, cuando se pierde su rastro.

La reaparición es aún más novelesca que la desaparición. En diciembre de 2008, la Guardia Civil decomisa los documentos en un bar valenciano, donde un miembro de la familia Soria negocia la venta de los papeles con un historiador. Los agentes, avisados por descendientes de Niceto Alcalá-Zamora, frustraron entonces la operación de venta y confiscaron unos 1.200 documentos, que incluyen las memorias originales, diarios, discursos, conferencias, correspondencia con altos cargos de la República, así como responsables políticos de Portugal y miembros de la realeza. Hay también un informe sobre la revolución de Asturias.

Toda la documentación fue depositada por orden judicial en una caja fuerte del Ministerio de Cultura mientras se tramitaba la denuncia. Finalmente, el juzgado sobreseyó el caso al considerar que no había delito en el intento de venta de los papeles por la familia Soria, a la que se considera propietaria por usucapión (adquisición por uso). Será hoy, tras la firma de la dación, cuando los papeles pasen a depender de la Dirección General de Archivos, Libros y Bibliotecas, que inicialmente ha descartado remitirla al Centro Documental de la Memoria Histórica. En su lugar se depositará en el Archivo Histórico Nacional. "El tiempo de la transparencia empieza a contar hoy", afirmó el director general de Archivos, Rogelio Blanco.