Cultura archivará las denuncias contra las web de descargas que retiren los enlaces en 48 horas

El Ministerio de Cultura archivará todos los procedimientos infractores que se dirijan contra las páginas webs que permitan la descarga no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor si los administradores de esas web retiran en el plazo de 48 horas los enlaces o los contenidos que hayan sido denunciados por los titulares de los derechos.

Esta es la principal novedad que introduce el Reglamento que desarrolla la llamada ley Sinde que trata de perseguir las descargas "ilegales" de películas, música, libros o videojuegos. Según el artículo 20 del borrador de ese reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la retirada voluntaria de los archivos o los enlaces obligará a la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo dependiente de Cultura encargado de tramitar las denuncias, al archivo automático del procedimiento "sin más trámite", aunque se "podrá acordar la reapertura del expediente archivado si se reanuda la actividad vulneradora".

"Este es un año perdido en la lucha contra la piratería", dice Olcese

La Coalición de Creadores pide que se persiga las webs de enlaces "reincidentes"

La industria: "no servirá para nada"

Precisamente esta apuesta por la voluntariedad ha puesto en pie de guerra a la Coalición de Creadores, que agrupa a parte de la industria cultural y a las sociedades de gestión de derechos, que ha asegurado que, o se introducen medidas coercitivas en en el Reglamento o "la ley no servirá para nada".

Los propietarios de derechos -estudios, discográficas, artistas y sociedades de gestión- temen que se encadenen procedimientos administrativos sin fin para evitar llegar al final del proceso, es decir, el cierre o el bloqueo de las webs infractoras, previa autorización judicial. Aseguran que una vez que la Comisión advierta a una web de que aloja un enlace o contenido ilícito por vilneral la ley de Propiedad Intelectual, este procederá a su retirada hasta que, una vez archivado el procedimiento, volver a colgar el mismo enlace u otro distinto pero que dirigirá al mismo contenido (película, canción, etcétera), teniéndose que reiniciar el procedimiento.

Por eso, la Coalición ha exigido al Gobierno que modifique el reglamento con el fin de garantizar que el vulnerador de los derechos de propiedad intelectual "cese para siempre en su conducta delicitiva" y retire todos los contenidos ilícitos "de forma permanente, penalizando a los titulares de las webs que sean reincidentes". "Tal y como está redactada ahora la ley, el infractor puede retirar el contenido ilícito de manera temporal para conseguir el archivo del procedimiento y, posteriormente, volverlo a colgar en la red, debiendo los legítimos propietarios de los derechos iniciar otra vez el proceso administrativo mediante una nueva denuncia, entrando en una espiral sin fin", aseguró Aldo Olcese, presidente de la Coalición."Con este procedimeitno no va a llegar ninguna orden de cierrea la Audiencia Nacional proque los encargados de la webs tienen muy fácil sortearlas", aseguranen la Coalición.

La Coalición quiere también que se especifique en la normativa que los servicios que proporcionan enlaces a contenidos, independientemente de la forma que adopten en la red deben ser también susceptibles de medidas de bloqueo o retirada. Esta medida se exige porque, según la Coalición, actualmente muchas páginas de enlaces están adoptando la fórmula de blog, foros de información o páginas webs corporativas con el fin de impedir que se les aplique la ley Sinde alegando que se vulnera la libertad de expresión.

"Si no se introducen esos cambios la ley se puede quedar en nada y ser inoperativa completamente. Se encadenarán los procedimientos de retirada de contenidos y estaremos jugando al ratón y al gato, porque volverán a subir los enlaces en cuanto se cierre un procedimiento. Lo cierto es que la piratería crece año tras año. Empezamos en 100 páginas de enlaces, el año pasado perseguíamos 300 y ahora hay más de 600" concluyó Olcese.

Para ver la aplicación práctica de ese reglamento habrá que esperar. Y es que la aplicación de la llamada ley Sinde se va a retrasar. Las primeras resoluciones judiciales sobre el bloqueo de páginas de enlaces o de webs no se podrían dictar hasta finales de noviembre o diciembre de este año, lo que supondría un retraso de al menos cuatro meses sobre el calendario previsto por el Ministerio de Cultura que preveía que en el mes de julio ya se podrían sustanciar los primeros procedimientos, según señaló Olcese, citando fuentes de Cultura que le habrían confirmado el nuevo calendario. La razón de este retraso sería, precisamente, la tramitación del Reglamento que, al no adoptar el procedimiento de urgencia, se demoraría durante al menos cuatro meses.

Cultura niega el retraso de cuatro meses

Fuentes del Ministerio de Cultura han negado las palabras de Olcese y han asegurado que los primeros cierres efectivos de webs se producirán "en torno la mes de septiembre", una vez que el reglamento haya pasado por todos los organismo consultivos y sea aprobado en Consejo de Ministros, proceso que debería conculir "en julio o agosto", indican las fuentes.

Para que la norma entre en vigor debe quedar constituida la Comisión de la Propiedad Intelectual, el organismo administrativo dependiente de Cultura que tramitará las denuncias, y contar con los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. "Se puede decir que este es un año perdido para la lucha contra la piratería", ha dicho Olcese en la presentación del informe de la piratería en 2010.

El Ministerio de Cultura ha iniciado el trámite preceptivo de consultas del texto del borrador de la ley Sinde [leer en PDF]. El preámbulo del borrador del reglamento recuerda que la norma impedirá, previa autorización judicial, el acceso de los usuarios desde España a una web con el servidor en el extranjero y que permita descargar sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. El reglamento, compuesto de 24 artículos, también señala que un órgano competente, en este caso la Audiencia Nacional, puede ordenar a un prestador de servicios de intermediación de la sociedad la información, -proveedores de telefonía-, "que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español".

Cultura recuerda en su nota que "la Comisión de Propiedad Intelectual decidirá, en cada caso, si procede la retirada de contenidos o el cierre de la página. Y la ejecución forzosa de esas medidas deberá contar, siempre, con autorización judicial".