Ley del Cine, ley de la discordia

En 2011 no habrá actor de Hollywood que no hable catalán. La polémica Ley del Cine, que será aprobada hoy en el Parlamento de Cataluña, mantiene la obligatoriedad de que todas las películas dobladas o subtituladas que se estrenen en Cataluña tengan la mitad de las copias en catalán. La única excepción son los filmes comunitarios, que solo deberán cumplir esta exigencia a partir de las 16 copias.

De nada han servido las duras críticas de exhibidores y distribuidores, que llegaron a convocar una huelga de cines el pasado 1 de febrero y que han intentado por todos los medios paralizar el proyecto de ley. Los empresarios del cine no descartan nuevas movilizaciones contra lo que consideran "una imposición política".

Los exhibidores no descartan una nueva huelga contra la normativa

Con los ánimos calientes por la sentencia del Constitucional, la ley se aprobará con el apoyo de los partidos que integran el Gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV), la oposición de PP y Ciutadans y la incógnita de si al final CiU votará a favor o se abstendrá. "Dependerá de los ajustes de última hora, pero en todo caso no votaremos en contra por lo que la aprobación está asegurada", señaló ayer el parlamentario convergente Jordi Cuminal. "No se entendería que CiU no votará una ley que defiende la lengua catalana y que, además, ellos habían intentado implantar por decreto hace unos años", comentaban ayer fuentes del tripartito.

La tramitación parlamentaria ha pulido algunos aspectos de la ley, pero ha mantenido las cuotas que tanto han soliviantado al sector de exhibidores y distribuidores. Es más, en el caso de los exhibidores se explicita ahora de forma clara esta obligación que en el anterior enunciado se centraba sólo en los distribuidores. El texto final amplia hasta siete años la implantación final de la norma, que se comenzará a aplicar de manera progresiva a los seis meses de su aprobación.

La aprobación de esta ley puede interpretarse como uno de los triunfos de Esquerra Republicana, que la ha impulsado desde el Departamento de Cultura como uno de los ejes de su mandato. Esgrimen desde ERC que en 2009 sólo un 2,9% de los filmes exhibidos en Cataluña lo fueron en catalán (lo que incluye versiones originales y dobladas) por lo que, insisten, el espectador no tiene la posibilidad de elegir idioma ya que la oferta es prácticamente inexistente.

Los ejes de la polémica se han centrado en la distribución y exhibición de los productos foráneos. Así, a través de la imposición de cuotas se asegura que casi la mitad de las películas tengan versión catalana: además, con la creación de una red concertada de salas, pretenden romper el que consideran un monopolio de las majors estadounidenses promoviendo la exhibición de filmes catalanes o de filmografías minoritarias en versión original subtitulada.

Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de España, utilizaba ayer las palabras "desesperación" e "irritación" para explicar el ánimo de los empresarios de cine en Cataluña ante "la imposición lingüística y nacionalista" que en su opinión supone la nueva ley. Gómez Fabra explicó que en ningún momento los responsables políticos en Cataluña se han avenido a negociar los puntos más conflictivos del texto. "Ha sido todo una imposición", añade el presidente de Fedicine, para quien la situación ha empeorado claramente desde que se dio a conocer el texto. "Es una intromisión política en un sector privado y las consecuencias de cara a la iniciativa privada son muy negativas. Se van a ver limitados los títulos de las películas para poder exhibir en Cataluña, sobre todo cuando está demostrado la preferencia del público en esa comunidad por el cine en castellano".

Los exhibidores estudian nuevas medidas de presión, entre las que no se descarta una nueva huelga como la que llevaron a cabo a principios de febrero de este año en protesta por lo que entonces era un proyecto. "Algunos de mis colegas en Cataluña terminarán por tirar la toalla y convertirá su sala en un garaje", finaliza.