La Generalitat relaja los controles sobre fundaciones pese al 'caso Palau'

Las reformas legislativas de la Generalitat para fomentar la creación de fundaciones en tiempos de crisis llevan camino de volver a convertir este sector en una jungla desregulada con los peligros que se evidenciaron en casos como Intervida y El Palau de la Música. Así lo considera, al menos, la oposición de izquierdas que estos días examina el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en septiembre, que da marcha atrás en las medidas de transparencia que el tripartito aprobó en 2008 en la reforma del libro Tercero del Código Civil. Entre los cambios que más recelos despiertan en la oposición está el hecho de que los patronos de las fundaciones puedan volver a desempeñar labores directivas o establecer relaciones comerciales con la entidad.

La izquierda opina que CiU desmantela las cautelas que impuso el tripartito

Antes de que estallara el caso Palau, y tras asistir a episodios como la intervención de la fundación Intervida, el anterior ejecutivo modificó en 2008 el Libro Tercero del Código Civil para, entre otras cosas, evitar que los patronos pudieran utilizar las fundaciones para lucrarse. Se prohibía que estos patronos pudieran beneficiarse de contratos con sus fundaciones y se separaba claramente la estructura directiva de la fundación de su patronato. Además, con la intención de evitar la creación de pequeñas fundaciones que, a menudo, solo buscaban beneficiar fiscalmente a sus impulsores, se aumentó el capital mínimo para fundarlas hasta los 60.000 euros.

El Gobierno de Convergència i Unió ha decidido dar marcha atrás a estas medidas mediante una nueva reforma del Código Civil aprobada inicialmente en septiembre y que se debatirá a finales de este mes en el Parlament. Se rebaja a 30.000 euros el capital mínimo para poner en marcha una fundación y, sobre todo, se cambian los filtros de control para dar "más autonomía" a estas entidades.

El texto enviado al Parlament suprime la incompatibilidad entre el cargo de patrón y la posibilidad de prestar servicios a cargo de la fundación. Solo tendrán que tener en cuenta una serie de condiciones de contratación y demostrar que los servicios que se presten sean diferentes de las funciones propias del patrón. También se anula la incompatibilidad entre el cargo de patrón con el ejercicio de funciones de dirección. De esta manera, un patrón podrá ser al mismo tiempo director o gerente de la entidad.

La ley reduce al mínimo los supuestos que obligarán a las entidades a pedir autorización a la Generalitat para embarcarse en operaciones de riesgo. Para vender patrimonio, por ejemplo, bastará con que los patronos se responsabilicen de que la operación se hace en beneficio de la fundación mediante la figura de la declaración responsable. El nuevo texto sí establece que cuando la operación tenga especial trascendencia por la naturaleza de los bienes o por su valor, se tendrá que presentar un informe validado por "técnicos independientes" que justifique que reporta un beneficio para la fundación.

La oposición de izquierdas considera que la Generalitat desmantela el sistema de control que instauró cuando estuvo en el Gobierno sin atender a las consecuencias negativas que ello puede comportar. Ciertamente, las medidas aprobadas en 2008 no permitieron evitar el saqueo del Palau de la Música, pero no por ello se tienen que desactivar las medidas de control, entienden los socialistas, los republicanos y los ecosocialistas. De momento, solo Iniciativa y ERC han anunciado una enmienda a la totalidad a la reforma impulsada por el Gobierno.

Para el PSC lo más grave de todo es que se permita de nuevo mezclar patronato y gestión de las fundaciones.Los socialistas entienden que la reforma favorece las situaciones en que nadie controla verdaderamente lo que ocurre en el seno de una fundación más que un reducido núcleo de personas. No ven bien que se rebaje el capital mínimo para poner en marcha una fundación, puesto que entienden que el sector está ya demasiado atomizado y que muchas fundaciones pequeñas podrían ser, en realidad, asociaciones. "No hace falta más fundaciones, sino entidades más potentes", señala el PSC.

Para el diputado ecosocialista Salvador Milà, lo que busca el Gobierno de CiU es volver a favorecer a familias con pequeñas fortunas que montan fundaciones con el único objetivo de gestionar patrimonios y buscar desgravaciones. "Hay riesgo de favorecer la utilización fraudulenta de la figura de las fundaciones para eludir el pago de impuestos", sentencia Milà. El diputado ecosocialista critica, además, la "obsesión" de CiU por borrar la huella del tripartito: "Ya hacen como Torquemada". A Esquerra Republicana tampoco le gusta que la Generalitat, a través del Protectorado de Fundaciones, deje de controlar muchas de las actuaciones de estas entidades. "Entendemos que se quiera rebajar el capital mínimo para crear una fundación, pero no que se quiera relajar el control a través del protectorado", dice Pere Aragonès. ERC presentará una enmienda a la totalidad.