El kurdo que atacó a Erdogan alega que su expulsión sería "la muerte"

Hokman Joma, ciudadano kurdo de 27 años que lanzó un zapato al primer ministro Recep Tayyip Erdongan el pasado febrero en Sevilla, pidió ayer al juez que no le expulse a Siria, tal y como pidió la fiscalía en el juicio, ya que supondría "la muerte". Joma, que posee pasaporte sirio, lleva cinco meses en prisión preventiva pese a que el zapatazo no alcanzó a Erdogan. "Me mandarán a la muerte porque todo el mundo sabe cómo es Siria con los kurdos", avisó.

El fiscal reiteró en la vista oral la petición de tres años y ocho meses de cárcel y una multa de 1.500 euros por un delito de atentado contra la autoridad en relación con un delito contra la comunidad internacional y otro de resistencia grave a los agentes del orden, aunque plantea que sea sustituida por su repatriación a Siria. "La expulsión significaría la tortura y la pena de muerte de Joma en un país como Siria, que da el peor tratamiento al pueblo kurdo, tal y como reflejan informes de Naciones Unidas", explicó su abogado Luis Ocaña, que pidió su absolución. "El Estado español tiene que garantizar los derechos humanos y Joma es considerado un disidente político en Siria", añadió.

La defensa de Hokman Joma pide al juez que impida la repatriación

Joma, que vestía vaqueros y camisa a rayas y se expresó en un castellano con ciertas dificultades, reconoció los hechos: "Es cierto que lancé el zapato, pero no tengo nada en contra de los agentes", dijo. El ciudadano kurdo alegó en su defensa que no quiso herir a Erdongan, sino reclamar respeto a los derechos humanos de los kurdos en Turquía. El pasado 22 de febrero Joma lanzó su zapato y gritó "viva el Kurdistán, criminal y asesino", pero rápidamente dos policías lo redujeron y esposaron. Uno de los agentes aseguró ayer en el juicio que tardó dos segundos en retenerle, pero aún así la fiscalía le acusa de resistencia grave a la autoridad. "En un principio ofreció resistencia activa por lo que le hicimos un barrido y lo tiramos al suelo", manifestó el policía.

El fiscal argumentó que pedía la expulsión de Joma porque este ya intentó sin éxito su asilo político y fue rechazada en diferentes ocasiones desde 2005. El complejo proceso culminó con la retirada de su pasaporte porque iba a ser expulsado, pero se estimaron a tiempo las alegaciones. "Su situación irregular permanece y tiene un expediente administrativo pendiente de resolución", aclaró un inspector jefe de la Brigada de Extranjería.

El fiscal insistió en que la expulsión del país está más que justificada: "El acusado ha tenido todas las garantías legales para pedir el asilo, pero le fue denegado y evidentemente está en situación de estancia irregular". Joma, según la fiscalía, tenía la intención de "transgredir la integridad física" de Erdogan cuando le lanzó un zapato, sin que llegara a alcanzarle.

La diferente interpretación entre la defensa y el fiscal radica en si el lanzamiento del zapato "menoscabó" la autoridad de Erdogan. Mientras que el fiscal entendió que se dañó la autoridad del primer ministro, el letrado Ocaña alegó que esto "es imposible". "Se trata de un gesto maleducado y crítico que ampara la libertad de expresión". El abogado comparó el lanzamiento con un corte de mangas en el parlamento o la peineta de José María Aznar contra un grupo de estudiantes. Ocaña recordó asimismo que por un zapatazo del periodista iraquí Muntazer al Zaidi al presidente de EE UU, George W. Bush, el reportero fue condenado a tres años de prisión.

Numerosos representantes del mundo de la cultura y la política, además de la asociación Pro Derechos Humanos, firmaron el pasado mes un manifiesto para exigir la libertad del acusado kurdo. El juicio quedó ayer visto para sentencia.