Rocío Carrasco y Jacinto Miquelarena

En un país que valore la defensa de los Derechos Humanos hace tiempo que el fiscal debería haber analizado si actuar de oficio ante las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el maltrato infligido por el que fuera su marido, Antonio David Flores, a lo largo de los años, por si aportaban elementos adicionales a los que en su día fueron juzgados. Sorprende la celeridad de muchos jueces y fiscales para asuntos menores, generalmente en defensa de agrupaciones e individuos de mentalidad profundamente reaccionaria y la pasividad ante otros de mayor calado.

Claro que en este asunto sorprenden muchas más cosas. Por ejemplo unas declaraciones del presentador de televisión Xavier Sardà cuando dijo que “tiene todo el derecho de decir lo que está diciendo. La pregunta es, si no cobrase ¿también lo diría?”. En realidad la pregunta, las preguntas, son otras: ¿cobraba Antonio David Flores del programa Crónicas marcianas, que dirigía Sardà, por opinar sobre las presuntas maldades de Rocío Carrasco? ¿Se sabe cuánto dinero ha ganado Telecinco y Mediaset con la programación de los ocho capítulos del serial? La importante cifra de publicidad emitida durante los capítulos, más las horas dedicadas a comentar lo visto y oído, es decir, a rellenar la parrilla en numerosos programas de la cadena con sus correspondientes espacios publicitarios y el añadido del incremento de las cifras de audiencia conseguidas con las declaraciones de Carrasco, permiten deducir que ha sido un negocio redondo para la productora y el grupo.

Sorprende también el alineamiento mayoritario de los tertulianos y colaboradores de los espacios del corazón de la cadena con el exmarido de la protagonista, capaces de cuestionar la sinceridad de la maltratada hasta en asuntos tan dolorosos como un intento de suicidio. Debe de ser la solidaridad gremial. En fin, ¡qué país, Miquelarena!

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