De migrante a anfitrión

Darioush Mohammadi salió de Afganistán en 2014 y se instaló en Madrid. Tuvo que vivir una semana debajo de un puente y no quiere que les pase lo mismo a los 2.000 compatriotas que abandonaron su país en agosto de 2021 y recalaron en España. Los recibe en casa, los asesora, los acompaña. Los orienta en la búsqueda de trabajo y casa. Igual que Iryna Shandra, una ucraniana de 36 años que vive en Madrid desde hace dos décadas. A través de la asociación Con Ucrania, ayuda a mujeres y niños que huyen de la guerra. Les pone en contacto con familias españolas. Dedica su tiempo libre a facilitar la vida a los que abandonaron su país y a los que se han quedado allí para que no tengan que huir. También Sergio Contreras, preso político en Venezuela, sabe lo difícil que es asentarse en un país nuevo. Llegó a España en 2018 y desde entonces brinda asesoramiento legal y reparte alimentos y ropa a otros venezolanos –y a cualquier ciudadano vulnerable, sea de donde sea– con su asociación Refugiados Sin Fronteras. Los tres ayudan por convicción y por conocimiento. Migraron antes que los que ahora llegan. Estas son sus historias.

Darioush Mohammadi, de 30 años, forma parte del grupo de afganos que salieron de su país cuando el Ejército español se retiró de Afganistán en 2014. Trabajaba como intérprete de las Fuerzas Armadas y, como a muchos otros que desempeñan ese cargo, se le ofreció por seguridad la posibilidad de instalarse en España. Su primera estancia fue en el hostal Welcome, en Vallecas (Madrid), donde estuvo 27 días. Después fue reubicado en un centro de acogida, en el que permaneció seis meses. Le dijeron que debía abandonar el centro porque había agotado el periodo preceptivo de estancia y estaba supuestamente preparado para arreglárselas solo. Tan preparado que acabó una semana durmiendo debajo del puente de Vallecas junto con otros cinco intérpretes. No resultaba fácil alquilar una habitación y menos encontrar trabajo.

Un grupo de militares con los que habían trabajado en Afganistán les “salvaron la vida”. Gestionaron el alquiler de una casa para seis de estos intérpretes, todos hombres y jóvenes. Hoy, camarero en un restaurante italiano en el mercado de San Miguel, vive junto con su novia y su hija en un piso en Vallecas, una vivienda convertida en oficina, en centro social, en lugar de recibimiento de otros compatriotas que salieron de Afganistán en agosto de 2021. Es la sede de Ariae, la asociación que preside, como lo es la casa de Fátima en Vitoria, otra refugiada afgana y su vicepresidenta. O la de la decena de voluntarios, que abren sus casas para que otros pregunten, conozcan y reciban ayuda.

Dentro de los cerca de 2.000 afganos que evacuó el Ejército español en agosto de 2021 tras la retirada de EE UU y el regreso de los talibanes al poder se encontraban diputados, funcionarios, altos cargos del Gobierno o trabajadores de la televisión pública. “Llevaban una vida muy estable en Afganistán. No esperaban que les fuera a ocurrir esto. Lo que quiero es que no sufran lo que sufrimos nosotros. Para eso creamos la asociación”, explica Mohammadi, que habla los dos idiomas oficiales de Afganistán (pastún y farsi), algo de árabe, inglés y español. Se acaba de reunir con un periodista del canal público y su familia; las ONG a cargo de estos refugiados los habían destinado a un pueblo de A Coruña. “Hablan inglés, son gente cualificada. Prefieren estar en Madrid o Barcelona para encontrar trabajo con más facilidad”, asegura el intérprete, que los va a ayudar en las gestiones para intentar que les faciliten un alojamiento en una ciudad grande.

También está asesorando a una familia de afganos que reside en Soria, donde han pasado los primeros seis meses tras su llegada. La ayuda estatal, que ronda los 700 euros aunque varía en función de las circunstancias personales y familiares, la perciben con arreglo a su empadronamiento en Soria. Quieren trasladarse a Madrid, para lo que necesitan un contrato de trabajo. No pueden cambiar de provincia por su cuenta, perderían el sustento económico. Mohammadi se vuelca con las familias, que lo tienen mucho más complicado que los hombres jóvenes y solteros, que pueden “alquilar una habitación o quedarse en casa de alguien”. Las familias necesitan una vivienda, y los propietarios les exigen sus últimas nóminas y un aval. Algunos desisten y viajan a otros países de la Unión Europea. Otros incluso se plantean retornar a Afganistán, “a ese infierno en el que se ha convertido mi país”. Mohammadi ayuda a los que se quedan, los acompaña a cursos de español, a talleres de cocina. Les da cariño y apoyo emocional. Les coge el teléfono, que ya es mucho.

Iryna Shandra, una arquitecta ucraniana de 36 años, ha vivido desde España las dos grandes crisis recientes de su país, tanto la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 como la invasión, en febrero de este año. Sus padres emigraron en 2000 a Madrid en busca de trabajo. Cuando sucedió la revolución europeísta del Maidán en 2014, formaron la asociación Con Ucrania. “No podíamos estar tranquilos en casa viendo lo que estaba pasando. Surgió a través de grupos de Facebook”, cuenta desde su casa de Guadalajara, donde se ha instalado tras dar a luz. “La propaganda rusa caló mucho en España entonces. Había mucha desinformación”, asegura. Se dedicaban a escribir y traducir noticias. Mandaban escritos a organismos oficiales: “España fue el último país europeo en condenar la anexión de Crimea”, recuerda. “Éramos vistos como unos nazis entonces. Ahora la percepción ha cambiado por completo”, afirma.

Tras unos años en los que la asociación se dedicaba a organizar actividades culturales (“Ahora eso ya no tiene sentido”, apunta), se han reactivado en su faceta más humanitaria para ayudar a los ucranianos que llegan a España y a quienes luchan en su país contra el ejército ruso. “La verdad es que nos dedicamos a apagar fuegos”, afirma. Una de sus últimas acciones consistió en ayudar a una mujer ucraniana a la que habían destinado junto con sus tres hijos a Albacete. Les compraron unos billetes de autobús desde la ciudad castellanomanchega a Madrid, donde les esperaba Tania, una trabajadora de la asociación, para conducirles a su nueva casa con una familia española de acogida. “Tenían pensado volver a Ucrania ya”, afirma Shandra. Habían pensado en desistir y regresar a su país.

Shandra explica que reciben mensajes de ciudadanos a través de las redes sociales. “Es lo que mejor funciona”, asegura. También su página web. Son una plataforma formada por una decena de ucranianas asentadas en España y por otros colaboradores españoles y de otros países que asisten a las familias que huyen de la guerra.

“Manejamos una red de contactos muy grande”, afirma esta arquitecta, que saca horas de su tiempo libre, de los fines de semana, para ayudar a los que ya están aquí y para evitar que más tengan que salir de allí. Gestionan el envío de cascos, chalecos antibalas y medicamentos. Shandra y sus compañeras son amigas de un chico de Járkov que vivía en España y decidió volver para luchar. Han mandado medicinas y él se encarga de distribuirlas. “Se trata de saber dónde somos más importantes”, precisa. A veces basta con recibir y hablar en ucraniano a una familia que acaba de llegar a un país desconocido.

Sergio Contreras, de 41 años, compartió cárcel de máxima seguridad con el disidente venezolano Leopoldo López. Era el gerente del periódico El Nuevo País, siempre se había dedicado a la comunicación política. Lo liberaron a los tres meses y aguantó un tiempo en el país porque pensaba que la persecución cesaría. Tras moderar un acto con presos políticos, el régimen de Nicolás Maduro le interpuso una orden de captura. Compró unos billetes de avión en Panamá con dólares para no dejar rastro y cruzó la frontera por tierra para tomar un vuelo dirección Madrid. Por el camino sobornó con mangos a los guardias que lo paraban para eludir cualquier registro o detención. Hoy es refugiado en España y vive en Alcobendas (Madrid) junto con su mujer y su hijo, apátrida a pesar de haber nacido en España por una cuestión legal que les impide obtener la nacionalidad española y no poder documentarse ante las autoridades venezolanas. Por esta razón, para brindar asesoría legal y para fomentar la integración de otros como él que abandonaron Venezuela a la fuerza, creó la asociación Refugiados Sin Fronteras.

Muchos de los refugiados y desplazados venezolanos trabajan en la construcción y en la hostelería, sectores que pararon en la pandemia. “Crecimos mucho en ese tiempo. Nos acreditamos como entidad de reparto de alimentos. Tenemos un acuerdo con una cadena de supermercados”, afirma Contreras, abogado de formación. Todos los sábados reparten comida en una casa parroquial en el barrio de Canillas y realizan entregas a domicilio.

Cubiertas las necesidades básicas de venezolanos en situación de vulnerabilidad y de cualquiera que lo demande, brindan asesoría legal permanente a través de las redes sociales para que sea rápido y gratis: “No somos funcionarios ni abogados, les atendemos desde la experiencia. Somos personas que estamos pasando por lo mismo”, resume Contreras.

“Continuamente emitimos informes. Hemos tenido reuniones en el Congreso, hemos enviado documentos al Parlamento Europeo”, afirma Contreras, que reclama la homologación de las titulaciones de los muchos venezolanos que cuentan con formación superior. “No tiene sentido que un ingeniero de Domótica esté haciendo repartos en una bicicleta. Sería beneficioso para España que ocuparan puestos de trabajo más cualificados”, apunta Contreras, trabajador a tiempo completo de la asociación, pero sabedor de que le podía haber tocado conducir un taxi o una moto de reparto, como a otros compatriotas.

Refugiados Sin Fronteras mira a las zonas despobladas: “Identificamos oportunidades laborales en la España vaciada. Reasignamos capacidades productivas”, resume Contreras, lo que se traduce en regentar comercios de siempre que no cuentan con relevo generacional: una quesería a punto de cerrar porque el matrimonio que la lleva se jubila, una panadería, una tienda… Se trata de ofrecer una forma de vida diferente a la de las grandes ciudades, donde una gran parte de los ingresos se destinan a la vivienda. El desarrollo en los pueblos permite generar ahorro, inversión y crecimiento profesional y personal.