La Eurocámara reclama que el derecho al aborto “seguro y legal” se consagre como derecho fundamental de la UE

La Eurocámara ha aprobado este jueves una resolución en la que se pide consagrar el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La iniciativa, que insta además a los Estados miembros a despenalizar completamente la interrupción voluntaria del embarazo y a eliminar y combatir los obstáculos a la misma, ha sido aprobada por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones durante la penúltima sesión plenaria del Parlamento Europeo antes de su disolución de cara a las elecciones europeas de junio.

La resolución reclama enmendar el Artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE para declarar que “toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.

La iniciativa de los eurodiputados, inspirada en la decisión de Francia el pasado marzo de consagrar en su Constitución el derecho al aborto, no es vinculante. Tampoco es la primera de este tipo: ya hubo una resolución similar hace menos de dos años, después de la preocupación que suscitó en toda Europa y buena parte del resto del mundo el revés del Tribunal Supremo de Estados Unidos al revocar el caso Roe contra Wade, que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo, origen también del gesto constitucional francés.

Además, es extremadamente difícil que esta nueva resolución logre su objetivo, puesto que para cambiar la Carta se necesitaría la aprobación unánime de los Veintisiete, y el aborto es una materia en la que sigue habiendo una fuerte división. En Malta —país de origen de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola—, el aborto sigue siendo ilegal salvo, desde el año pasado, en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Y la marcha atrás en las estrictas leyes aprobadas por el anterior gobierno ultra de Polonia están provocando una profunda división en la alianza liderada por el actual primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk. Este mismo jueves, en Varsovia, se debaten cuatro propuestas sobre estas leyes que se votarán mañana viernes.

Por todo ello, sin embargo, se trata de una resolución altamente simbólica. Más aún ante el pronosticado refuerzo de la extrema derecha en el próximo hemiciclo, que hace temer una nueva legislatura donde la lucha por los derechos de las mujeres tengan menos eco que en esta, en la que se han conseguido avances importantes: en 2023, la Comisión Europea ratificó el Convenio de Estambul y, el pasado febrero, se aprobó la primera gran ley europea contra la violencia machista, pese aunque todavía hay una sensación de tareas pendientes (las eurodiputadas que impulsaron esa normativa no lograron su mayor reto: que los Estados aceptaran la definición de la violación basada en el consentimiento).

En su nueva resolución, los eurodiputados también piden específicamente a las autoridades polacas y maltesas que deroguen sus leyes sobre el aborto y otras medidas que lo prohíban y restrinjan. Asimismo, condenan la negativa de los médicos en algunos Estados miembros a practicar abortos, en algunos casos por instituciones médicas enteras, sobre la base de una cláusula de conciencia, y lamentan que esta cláusula se utilice a menudo en situaciones en las que cualquier retraso pone en peligro la vida o la salud del paciente.

“Celebramos que el Parlamento se pronuncie una vez más a favor de las mujeres y la autonomía sobre sus cuerpos”, ha declarado la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar). “Denegar el acceso a un aborto seguro constituye una violación a los derechos fundamentales contemplados en la Carta como la dignidad humana, la salud o la igualdad. Está demostrado que la criminalización y denegación del acceso al aborto, además de no servir para nada, supone una forma de violencia de género. Por todo ello, no dejaremos de pedir que se blinde como un derecho para todas”, ha indicado la jurista y ponente en la sombra de la resolución.