España no logra cerrar bajo su presidencia europea una ley contra la violencia machista en la UE

Está por ver si la Unión Europea logra todavía acordar su primera gran ley sobre violencia machista. Lo que sí está claro es que no lo hará bajo la presidencia española de turno del Consejo de la UE, pese a que había sido declarada como una de sus grandes prioridades de su semestre europeo. Una última reunión este miércoles en Estrasburgo para intentar cerrar un texto final consensuado no ha servido más que para constatar el fracaso de las negociaciones, debido a la negativa férrea de varios Estados, especialmente Alemania y Francia, de aceptar tipificar uniformemente en toda la UE el delito de la violación en base al consentimiento, algo que la Eurocámara ha puesto como condición y que la Comisión también apoya.

Todavía queda algo de tiempo, pero muy poco, para sacar la ley adelante en lo que queda de mandato, y el Parlamento Europeo pone ahora sus esperanzas en que la presidencia belga de turno pueda intensificar las negociaciones en las primeras semanas de enero para desbloquear la situación y poder cerrar la normativa y ratificarla antes del último pleno, en abril. Porque pasarlo a una Comisión y sobre todo al Parlamento Europeo nuevos tras las elecciones europeas de junio, en las que habrá previsiblemente una mayor fuerza ultra en el hemiciclo, es arriesgarse a que la directiva nunca sea aprobada o lo haga demasiado rebajada, advierten todas las partes (en eso sí se está de acuerdo).

“Manifestamos nuestra profunda decepción e indignación en nombre de los ciudadanos de la UE ante la negativa del Consejo de incluir el delito de violación basado en la falta de consentimiento en la legislación”, han dicho en un comunicado conjunto 11 de las eurodiputadas que han participado en las negociaciones. El hecho de que las signatarias procedan de todo el arco político salvo de la extrema derecha es una muestra de la firme postura respecto a esta cuestión que mantiene la Eurocámara, que considera que la violación basada en el consentimiento es el “mínimo” admisible puesto que es lo que establece el Convenio de Estambul y permite un castigo más amplio de la agresión sexual. Incluir la violación en la directiva, sostienen, garantizaría una protección mayor necesaria de todas las mujeres y niñas en todo el territorio europeo.

La inusitada brevedad, apenas una hora, del cuarto trílogo —como se llaman las negociaciones entre Consejo (los Estados), Eurocámara y Comisión Europea para acordar un texto armonizado que luego tiene que ser ratificado por las partes— fue una muestra más de un fracaso que venía anunciado por el no rotundo de Francia y Alemania a cambiar de postura. Y eso pese a los esfuerzos negociadores de la presidencia española y las presiones también en la calle en los dos países, donde las feministas se han movilizado fuertemente en las últimas semanas en un intento, hasta ahora vano, de poner a Berlín y París, como dijo la relatora socaildemócrata Evin Incir, “en el lado correcto de la historia”.

“Es una cuestión de voluntad política”, habían denunciado en una rueda de prensa previa al último encuentro, celebrado en Estrasburgo, las parlamentarias, cuyos gestos graves demostraban sus pocas esperanzas en la última negociación bajo batuta de España, un país en el que habían depositado grandes esperanzas debido a que tiene una legislación al respecto muy por delante de la mayor parte de sus socios europeos.

Al contrario que Hungría, cuya oposición es ideológica porque directamente no reconoce cuestiones de violencia de género, en el caso alemán y francés las razones del no son más una cuestión legal: argumentan que la UE no tiene competencias jurídicas en esta materia, que pertenece al derecho penal de cada país, y dicen temer que, al carecer de base jurídica, cualquier país que se oponga a la normativa podría acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y este podría acabar anulando toda la directiva, que busca una protección más amplia de las mujeres más allá de la violación. El pecado original, no obstante, está en los propios Estados, que previamente rechazaron la propuesta de la Eurocámara de convertir la violación en un eurodelito con definición común, lo que habría aclarado la situación jurídica.

Mientras que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo y la Comisión consideran que sí hay base legal para incluir la violación en la ley, los del Consejo no lo ven así, extremo al que se han aferrado Berlín y París. La presidencia española, pese a apoyar la directiva con la definición de violación, no ha conseguido moverlos.

Para salir adelante, la normativa necesita una mayoría cualificada y el no alemán y francés, junto al húngaro, constituyen una minoría de bloqueo insalvable pese a que, en las últimas semanas, varios países como Finlandia o Chipre habían cambiado su no por un sí. De hecho, durante la presidencia española, un total de siete países inicialmente opuestos acabaron apoyando la directiva con la inclusión de la violación. Algo positivamente valorado por buena parte de la Eurocámara donde, sin embargo, también hay voces que lamentan una implicación más fuerte de España en las negociaciones, extremo que esta niega. “Hemos hecho un gran esfuerzo de tiempo y energía”, aseguran fuentes diplomáticas españolas, que indican que, desde que comenzaron las negociaciones, en julio, se han celebrado diez reuniones interinstitucionales (dos al mes) y una reunión informal por semana, además de “contactos orales y por escrito” con todos los Estados miembros, incluidas cartas de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, a otros ministros.

Las esperanzas, aunque no muchas, se centran ahora en una presidencia belga que tendrá el reto de priorizar esta carpeta en un mandato de por sí complicado porque, debido a las elecciones europeas, su mandato real será mucho más corto que el semestre oficial. Pero el tiempo no juega a favor: los cálculos son que, si hasta febrero no hay un acuerdo, en ningún caso se podrá intentar la directiva antes de que se disuelva la Eurocámara. Para ello, Bélgica tendría que convocar un nuevo trílogo en las primeras semanas del año.

“Ponemos nuestras esperanzas en la presidencia belga para intentar resolver la situación. Sabemos que les estamos pidiendo mucho en un periodo tan corto de tiempo, pero lo haremos”, dijo la ponente irlandesa Frances Fitzgerald, del Partido Popular Europeo (PPE). “Todavía no es demasiado tarde”, urgió la socialdemócrata Incir.