El PP se abre a regular los vientres de alquiler “sin que medie contraprestación económica”

El PP está dispuesto a abrir un debate “sosegado y serio” para regular los vientres de alquiler siempre que “no medie en ningún caso una contraprestación económica”, según han avanzado fuentes de la dirección popular de Alberto Núñez Feijóo. La formación considera que sería “bueno regular” esta práctica dado que, aunque en España es ilegal, hay españoles que lo hacen en otros países y luego tratan de inscribir a esos niños cuando vuelven al territorio nacional. La dirección del PP subraya que “la mercantilización es absolutamente execrable”, y que “cualquier debate ha de partir del requisito de no mercantilizarlo”, pero avanza hacia una posición más favorable hacia la regulación para “evitar la doble cuestión de que sea ilegal en España, pero luego se inscriba a los niños”.

La controversia sobre esta práctica, ilegal en España, se ha reabierto al hilo de la noticia de que la presentadora de televisión Ana Obregón se ha convertido, a sus 68 años, en madre una niña recién nacida mediante un acuerdo de vientre de alquiler en Florida (Estados Unidos). En España, no obstante, la reforma de la ley del aborto, en vigor desde el día 1, se refiere específicamente a los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres. Desde 2006, además, se considera nulo el contrato por el que se convenga la gestación. El Tribunal Supremo, en la sentencia de Pleno 277/2022, de 31 de marzo, ya declaró que el contrato de gestación por sustitución comercial “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”.

Durante la tramitación de la ley del aborto, quedó fuera la posible persecución de las parejas que quisieran alquilar vientres fuera de España, que proponía el Ministerio de Igualdad. Lo que sí se incluyó fue la prohibición de la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicación que incluyan sus anuncios. No obstante, por el interés superior del menor sí se reconoce la relación de filiación a los progenitores que han recurrido al vientre de alquiler, por la vía de la adopción.

El PP de Feijóo avanza hacia una posición más favorable a la regulación que la dirección anterior, ya que en la ponencia social vigente en los estatutos del partido, la aprobada en el XVIII Congreso de 2017, los populares pasan de puntillas por un tema que durante el cónclave dividió a la formación entre partidarios y detractores. El texto que se logró consensuar, bajo la ponencia de Javier Maroto, recoge el “necesario debate” sobre los vientres de alquiler y añade: “En el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuestión”. Pero a lo único a lo que se compromete es a emprender “un debate en profundidad, serio y sereno” en el que escuchen “a los expertos tanto de ámbitos científico, jurídico y ético” para fijar una postura.

El texto sí habla textualmente de “gestación subrogada”, y fuentes del partido presentes en aquel debate inciden en que se incluyó esa terminología conscientemente para “no estigmatizar” a los niños nacidos por esta vía. El Gobierno progresista y organizaciones feministas contrarias a esta práctica hablan en cambio de “vientres de alquiler”, por lo que el uso del lenguaje ya es en el PP una forma de aproximación más favorable a esta fórmula de gestación prohibida actualmente en España.

Sobre los estatutos vigentes del PP, la dirección actual bajo la presidencia de Feijóo añade que, en todo caso, “no se podría hacer ningún tipo de pago, ni directo ni indirecto” por un vientre de alquiler. Canadá, Reino Unido y Portugal son los países que han regulado una modalidad de vientre de alquiler “altruista”. Si bien en el primer caso, el Gobierno canadiense acabó aprobando una lista de gastos reembolsables para las gestantes que incluyen, según un contrato consultado, desde los medicamentos hasta el cuidado del césped de la casa de la mujer o el pago de ropa y el servicio de limpieza. En el Reino Unido se constató que las familias acababan acudiendo a terceros países donde era más rápido encontrar a una mujer dispuesta a gestar para terceros. En Portugal no se registró ni un solo caso en los primeros cuatro años de la ley.

El PP cree que los estatutos deberían actualizarse en el próximo congreso, previsto para después de las elecciones generales, pero también aboga por llevar antes alguna iniciativa al Congreso de los Diputados. “Sería bueno abrir un debate y zanjar el asunto”, subrayan fuentes de la dirección de Feijóo. El partido aún no ha decidido si incluirá este tema en su programa electoral para las generales.

La posición del PP de Feijóo se aproxima así a la de Ciudadanos, un partido que siempre ha hecho bandera de su respaldo a los vientres de alquiler de forma altruista y al que los populares quieren absorber electoralmente. En el pasado, el PP ha votado en contra de iniciativas que CS ha llevado al Congreso para regular esta práctica, como una propuesta de ley que registró el partido en 2017, que contemplaba un baremo de edad de los 25 a los 45 años para ser “progenitor subrogante”, por lo que el caso de Ana Obregón, de 68, quedaría fuera. Fuentes de la dirección de CS acusan al PP de “copiar” su planteamiento, informa Virginia Martínez.

En cambio, la postura de los populares contrasta con la del Gobierno, que ha reaccionado este miércoles a la noticia de que Ana Obregón se ha presentado como madre de una niña recién nacida mediante un acuerdo de vientre de alquiler. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que ese tipo de acuerdos no son legales en España, y los ha considerado una “forma de violencia contra las mujeres” que se alimenta de la pobreza de las gestantes. En el mismo escenario, los pasillos del Congreso de los Diputados, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, también lo ha censurado y lo ha calificado de “explotación del cuerpo de la mujer”.