La cadena de negligencias tras la violación de una menor de 11 años en Badalona

La violación de una menor de 11 años en Badalona ha sacudido las instituciones catalanas. El Ayuntamiento del municipio no sabía nada de lo ocurrido hasta que lo destapó TV-3, cuatro meses después. La escuela fue informada oficialmente una semana antes. Un vigilante del centro comercial donde ocurrió todo ignoró la petición de ayuda de la menor. Ninguna de las personas que vieron el vídeo de la agresión, entre ellos adultos, lo denunciaron. La repercusión mediática del caso ha puesto en evidencia una cadena de despropósitos en una violación grupal por la que dos mayores de 14 años están internados (uno de ellos por amenazas) y otro en libertad vigilada. Otros tres menores que participaron en ella son inimputables penalmente y un sexto participante no ha sido identificado.

La violación grupal tuvo lugar el 5 de noviembre del año pasado en el centro comercial Màgic de Badalona. Una menor de 11 años decidió, sin decirle la verdad a sus padres, que se iría a mirar ropa. Hacía tiempo que lo pedía y, como nadie la llevaba, optó por irse sola a echar un vistazo. En casa dijo que bajaba con unas amigas a dar una vuelta. Una vez en el centro comercial, un grupo de seis jóvenes, todos menores de edad, la llevaron a punta de navaja a un baño donde la violaron en grupo y lo grabaron. La víctima salió desorientada. Intentó dirigirse a un vigilante, que la ignoró, y regresó a casa, sin atreverse a contar nada.

La primera omisión del deber de socorro del vigilante provocó que una de las pruebas esenciales de lo ocurrido no se conserve: las grabaciones del centro comercial. La ley obliga a destruir las imágenes, como máximo, en un mes si no hay ningún delito que se esté investigando. Como la familia de la menor tardó más de ese tiempo en denunciar, las filmaciones no existen, según fuentes judiciales. Además, de haber avisado al 112, la policía podría haber actuado en el momento, tratar de dar con los autores en el mismo lugar y derivar a la menor a un centro hospitalario para que la asistiesen.

El centro comercial eludió responsabilidades ante los Mossos d’Esquadra y aseguró que la descripción que ella daba del vigilante no se correspondía con los uniformes de su equipo de seguridad, por lo que sospechaba que podría ser el guardia de alguna de las tiendas del recinto. Nadie lo localizó. En un comunicado el miércoles, el establecimiento recalcó que trabajan estrechamente con los Mossos en la investigación de la agresión sexual, que habían seguido los protocolos y que lamentan lo ocurrido.

La menor siguió con su vida. Su hermana contó a TV-3 que sospecha que en algún momento quiso contar algo. Llamó a su habitación, pero no le hizo demasiado caso. Nadie se percató de que no desayunaba como antes, que estaba más de lo habitual en su habitación y que había perdido parte de la alegría que la caracterizaba. Las alarmas saltaron el 15 de diciembre, el día que su hermano, de 14 años, llegó enfurecido del instituto: le decían que su hermana había participado en un vídeo sexual con varios chicos. Él no lo había visto, pero tenía suficiente para pedir explicaciones. La menor entonces se derrumbó y lo contó todo.

El vídeo corrió por un grupo de Telegram, explican fuentes policiales, que aseguran que son imágenes muy duras. Las vieron jóvenes, pero también adultos. Nadie acudió a la policía para denunciar su contenido: una violación grupal a una niña de 11 años. La primera noticia que llegó a los Mossos d’Esquadra de la agresión sexual fue la denuncia de los padres de la víctima, el mismo día en que ella por fin les explicó lo que había pasado. A partir de ahí, tiraron del hilo, localizaron el vídeo —que ni ella ni su entorno han visto— y lograron finalmente identificar a cinco de los seis presuntos participantes en el ataque, todos ellos del barrio de Sant Roc de Badalona, según fuentes judiciales.

El 15 febrero, la Fiscalía de menores recibió a los detenidos mayores de 14 años y pidió el internamiento en un centro cerrado para ambos. El juez solo aceptó la medida para uno de ellos, que además tenía antecedentes por agresión sexual, y lo encerró en un centro de menores dependiente del Departamento de Justicia. Para el segundo decretó una medida cautelar de libertad vigilada. En el caso de los tres menores de 14 años, la Fiscalía remitió un informe a la Generalitat, que abrió un expediente de riesgo, para analizar su contexto. “Si han hecho lo que han hecho es que algo falla en su entorno”, aseguró la directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA), Ester Cabanes.

El internamiento de uno de los presuntos violadores dio algo de paz a la familia, pero tres días después el hermano de la víctima recibió amenazas en su teléfono móvil. “Te voy a apuñalar para que tu madre y padre sufran por ti. Y por mentirosos. Estás muerto, amigo”, le decía alguien que no conocía. Los Mossos desde entonces le escoltan hasta la escuela y una patrulla vigila las inmediaciones del instituto. El juez decretó ayer seis meses de internamiento para el autor de las amenazas, después de ser detenido por los Mossos. Se le investiga también por un delito de obstrucción a la justicia, sin que haya trascendido su relación con los implicados en la violación.

El hermano de la menor y la víctima estudian en centros diferentes. En el caso de ella, la escuela no supo oficialmente de la violación hasta unos días antes de que el caso estallase mediáticamente. En los casi cuatro meses que pasaron desde el ataque, no recibió apoyo psicológico ni ayuda en el centro educativo, aunque sí la asistían en el hospital de Can Ruti de Badalona. El hermano de ella se ve obligado a compartir instituto con uno de los presuntos agresores sexuales inimputables. El menor ha sido apartado y está en un despacho, a la espera de si los padres dan el paso de cambiarlo de centro. Hasta el viernes pasado, el Departamento de Educación no lideró una reunión con todas las escuelas afectadas: la de la víctima, la de su hermano y las de los menores que siguen en libertad. La Generalitat insiste en que no puede expulsar de un instituto a un adolescente inimputable.

El Ayuntamiento de Badalona ha puesto todos sus servicios sociales a disposición de la familia de la menor, que se plantea abandonar el municipio. También ha anunciado su intención de presentarse como acusación popular en el juicio, todavía pendiente de celebrarse. La adolescente sigue su vida en su escuela. Su familia asegura que la prioridad es que pase página e intente olvidar una violación gravísima.