Claves de la nueva ley de servicios sociales que aspira a unificar las prestaciones mínimas en todo el país

La aprobación este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales supone un paso relevante en la mejora de millones de personas en situación de emergencia para que puedan acceder a un mínimo de prestaciones en todo el país sin importar su lugar de residencia. En España la competencia de estas ayudas es de las comunidades autónomas, por lo que existen 17 modelos diferentes de gestión y multitud de desigualdades entre las regiones e incluso entre los ayuntamientos. Esta nueva normativa, la primera estatal sobre servicios sociales en democracia, promete limar esas diferencias y sentar unas bases comunes en todo el territorio nacional. No obstante, debido a que son las comunidades las que poseen la potestad de legislar sobre este asunto, el anteproyecto únicamente “mandata” a estas a consensuar, en un tiempo determinado, dentro de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales —donde se reúne el ministerio con las autonomías—, un catálogo de prestaciones y servicios esenciales que deberán garantizarse en todo el país.

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, impulsor de la ley, estos servicios sociales se encontraban “precarizados y debilitados”, en comparación con otros países europeos. Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, esta ley pretende ser “un balón de oxígeno”, tanto para los profesionales de los servicios sociales “que, demasiadas veces, han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debería haber garantizado mejor la administración pública”, como para las personas que son atendidas, “para que entiendan que es su derecho que los servicios públicos les atiendan sus necesidades cuando las cosas vienen mal dadas”, ha explicado la ministra en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros este martes. La norma también mandata a las autonomías a acordar los estándares de calidad, a crear un sistema de información estatal, a simplificar el proceso para recibir ayudas de emergencia y a impulsar que los servicios sociales sean más personalizados y menos burocráticos.

Estas son las claves que figuran en el anteproyecto aprobado:

Catálogo común de servicios. Las comunidades acordarán un índice de prestaciones mínimas en todo el territorio nacional, donde no solo se describirá el nombre del servicio que se debe ofrecer, sino también qué actuaciones comprende, a qué población va dirigida, cuál es la forma de acceso y cuáles son los requisitos de calidad. Además, en el catálogo se establecerá la ratio de profesionales destinados a cada servicio, en qué intensidad deben prestarse y cuál debe ser su especialización, entre otros aspectos.

Creación de la red de sistemas de servicios sociales. Una de las claves de la nueva norma es sentar las bases de una red de sistemas de servicios sociales “para conseguir que estos sean menos asistencialistas y reducir las diferencias que hay en la atención a lo largo del territorio”. Esta red estará formada por los sistemas públicos de servicios sociales autonómicos, por los recursos, servicios y prestaciones del conjunto de comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y entes locales. Su finalidad es “blindar a las personas” ante las situaciones de vulnerabilidad social.

Servicios sociales esenciales. El anteproyecto establece como esencial el acceso a los servicios sociales y considera como un derecho la atención integral e interdisciplinar por un equipo básico formado “por profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología” (derecho que existen en muchas localidades, pero no en todas). Este cambio implicará que deberá asegurarse la atención a todas las personas en situaciones de emergencia. Los usuarios tendrán pleno acceso a la información personal y a no tener que presentar documentos innecesarios o que ya estén en poder de la Administración. Tampoco será necesario un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia en un municipio para acceder a una ayuda que sea considerada esencial y no se podrá excluir a nadie de un servicio por no tener recursos económicos (como ocurre con los copagos). Al declararse como prestaciones esenciales, las tasas de reposición (a quién se puede contratar para suplir una jubilación) son superiores a las del resto de servicios. También se crean nuevos órganos vinculados a los servicios sociales, como la Comisión Interministerial de Servicios Sociales, el Observatorio de los Servicios Sociales y el Consejo Asesor en Servicios Sociales.

Movilidad territorial. La persona que acceda al servicio básico lo mantendrá si cambia su lugar de residencia, temporal o permanente, a otra comunidad autónoma. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales articulará los acuerdos necesarios para que estas prestaciones sigan siendo efectivas, aunque no se ha fijado un plazo para hacerlo. Del mismo modo, la Administración General del Estado facilitará un sistema de comunicación entre las comunidades que permita el envío automático de la información que sea necesaria “para el acceso y disfrute de los servicios y prestaciones básicos” en caso de movilidad territorial, del mismo modo que ocurre con la atención sanitaria o la educación.

Facilitar el cobro de ayudas de emergencia. Uno de los objetivos de la norma es que las personas en situación de vulnerabilidad o urgencia social puedan cobrar sin demoras las ayudas destinadas para paliar situaciones de emergencia, como la falta de alimentos, ropa, vivienda u otros suministros. Actualmente, en gran parte de los municipios se tramitan como subvenciones, con procedimientos rígidos y complejos que ralentizan el proceso. El anteproyecto contempla que las Administraciones Públicas revisen constantemente los trámites de estas ayudas para simplificarlos y evitar retrasos en las concesiones. Para agilizar estas prestaciones se contará con una regulación específica en la Ley de Subvenciones, que deberá negociarse entre Hacienda y Servicios Sociales en los próximos seis meses.

Historia social única. Las comunidades crearán un expediente único que recogerá toda la información de los usuarios de los servicios básicos para que todas las administraciones competentes puedan acceder a ella.

Sistema de información estatal de servicios sociales. La nueva norma sienta las bases para la puesta en marcha de una plataforma que integre los datos de los servicios públicos del sector en todo el país. La información, totalmente anónima, será de acceso público. Este plan que permitirá conocer la realidad actual de los servicios sociales e impulsar la cooperación entre administraciones. El ministerio deberá financiarlo y la Conferencia Sectorial dispondrá de dos años tras la entrada en vigor de esta ley para decidir qué información y datos debe contener este sistema de información, así como los plazos y las condiciones para su transmisión.

Procesos judiciales más rápidos. El anteproyecto recoge que la litigiosidad de los servicios sociales pase de la jurisdicción contencioso-administrativa, más lenta y farragosa, a la social. El objetivo es resolver con más celeridad cualquier exigencia de prestación o derechos.

Comités de ética. Las comunidades formarán órganos colegiados, interdisciplinares y consultivos llamados comités de ética que trabajarán para analizar los “desafíos éticos derivados de la práctica profesional, y de asesoramiento a profesionales, administraciones y personas usuarias en casos concretos de conflicto ético”.