La justicia alemana decreta prisión provisional para un sacerdote acusado de abusos sexuales a menores por el riesgo de que reincida

El tribunal de distrito de Colonia (Alemania) ha dictado prisión provisional para un sacerdote católico mientras se celebra el juicio en el que está acusado de abusar sexualmente de menores. Según la corte, existe el riesgo de que el cura pueda cometer más agresiones y, en consecuencia, esta ha decretado la detención del religioso. “Debido a la gran cantidad de posibles agresiones, algunas de las cuales también podrían haber ocurrido en el pasado reciente, el tribunal determinó que había riesgo de reincidencia”, ha explicado el propio órgano en un comunicado. El acusado fue llevado a un centro de detención de forma inmediata tras la audiencia.

Durante las sesiones del juicio, que comenzó a celebrarse en noviembre de 2021, se escucharon testimonios que pusieron de manifiesto la existencia de más víctimas potenciales del sacerdote, una de las cuales declaró haber sido abusada hace solo dos años, en 2019. El cura se llama Hans Ue., según la información que ha dado la corte, que no ha revelado el apellido completo, como es habitual en los casos judiciales alemanes.

La decisión del tribunal alemán, tomada el jueves, llega después de un informe independiente que detalló cientos de casos de abusos sexuales a menores cometidos en los últimos 75 años en la archidiócesis de Múnich. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, prometió ayer jueves aprender del informe que dibuja a la Iglesia católica alemana como un lugar de miedo, miseria y abusos para cientos de niños. “Había un lado oscuro [en la Iglesia] que ha salido a la luz en los últimos años. Este lado oscuro pertenece a una mirada honesta y realista de la Iglesia de hoy”, dijo Marx en una rueda de prensa. “Para mucha gente, la Iglesia era un lugar de miseria, un lugar de miedo”, añadió el arzobispo.

El informe, publicado la semana pasada y elaborado por el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW), enumera un total de 497 casos de abusos sexuales a menores ocurridos entre 1945 y 2019 y cometidos por 235 personas, entre ellos 173 sacerdotes. Según los expertos, 247 víctimas eran hombres y 182 mujeres. El 60% de ellos tenían entre 8 y 14 años. Alrededor de 40 clérigos fueron reincorporados a la labor pastoral después de que se conocieran sus actos, 18 de ellos incluso después de las correspondientes condenas. Pese a la alta cifra de víctimas, la abogada Marion Westpfahl dijo que en el despacho están convencidos de que la magnitud de lo sucedido “es mucho mayor”.

Las investigaciones, además, señalan que el papa emérito Benedicto XVI encubrió a cuatro sacerdotes que cometieron abusos sexuales durante el periodo en que ejerció como arzobispo en la archidiócesis de Múnich, entre 1977 y 1982. El documento señalaba que Joseph Ratzinger negó “contundentemente” las acusaciones, aunque unos días después el papa emérito reconoció que sí estuvo presente en una reunión del arzobispado en enero de 1980 en la que se habló del traslado de un sacerdote acusado de abusos. Ratzinger corrigió así la declaración que envió a los investigadores que realizaron el informe, con lo que los indicios que apuntan a que conoció los casos de pederastia en la Iglesia y los encubrió cobraron más fuerza.

El informe es uno de los últimos capítulos de una crisis que ha sacudido a la Iglesia católica en Alemania y otros países en los últimos años, entre los que está España, donde la contabilidad de EL PAÍS de casos de abusos en la Iglesia, la única existente en este país ante la ausencia de datos oficiales o de las instituciones eclesiásticas, suma ya más de 1.300 víctimas en más de 600 casos.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española siempre ha negado saber cuántos casos de pederastia hay en España y rechaza crear una comisión independiente para revisar su pasado. Del mismo modo, reprochó una supuesta falta de rigor al informe de este periódico —que fue entregado al Papa y a la propia CEE— y luego se ha desmarcado de la gran investigación abierta, así como de coordinar la escucha de los más de 250 denunciantes del dosier, que deben dirigirse a 70 entidades distintas, entre diócesis y órdenes religiosas, cada una con criterios y voluntad de transparencia muy variables.